Tiempos apretados para las reformas tributaria y a la justicia en el Congreso

Como van las cosas, solo se logrará salvar la reforma política, la ley de orden público y un proyecto para restringir el delito político. La reforma a la justicia y la tributaria, y las iniciativas anticorrupción tendrán que volver a radicarse.

Natalia Tamayo Gaviria - @nataliatg13 / Alfredo Molano Jimeno /@AlfredoMolanoJi
03 de diciembre de 2018 - 10:40 a. m.
El periodo legislativo de sesiones ordinarias acaba en dos semanas. / Archivo El Espectador - Gustavo Torrijos
El periodo legislativo de sesiones ordinarias acaba en dos semanas. / Archivo El Espectador - Gustavo Torrijos

El inicio del gobierno de Iván Duque en el Congreso no ha sido fácil. La falta de experiencia legislativa de la bancada del Centro Democrático contrasta con el conocimiento del Capitolio de las principales cabezas de la oposición, como Jorge Robledo o Gustavo Petro. Con el agravante de que el Ejecutivo no pudo consolidar una coalición fuerte para jalonar sus iniciativas. El Partido Liberal y Cambio Radical se declararon bancadas independientes del Gobierno y han marcado los ritmos de la partitura en este semestre. Por eso, el balance legislativo del Ejecutivo, a dos semanas de terminar las sesiones ordinarias, es claramente desfavorable.

Las reformas profundas que anunció el presidente Iván Duque no tienen un buen ambiente entre los parlamentarios. Y como se trata de reformas constitucionales se requiere que cursen cuatro debates (primera vuelta) antes del 16 de diciembre, cuando terminan las sesiones ordinarias, de lo contrario se darán por hundidas y tendrán que volver a empezar su trámite el próximo semestre. Las reformas constitucionales demoran un año en ser tramitadas, por lo que las que no se aprueben en este semestre solo entrarán en vigencia en el 2020.

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Como van las cosas, lo único que podrá cobrar el gobierno en su carta al Niño Dios será una reforma política de dudosa capacidad reformista. Tan difícil ha sido su avance que el propio presidente del Senado, Ernesto Macías, propuso al presidente Duque convocar a una Asamblea Constituyente para reformar la política y la justicia, pues, según dice, es imposible hacerlo por el Congreso. En el primer caso, los parlamentarios tienen que votar teniendo en cuenta sus intereses personales y, frente a las elecciones regionales del 2019, votar cada párrafo que cambia las reglas electorales, no es fácil para los políticos.

En todo caso, esta iniciativa fue radicada con claros objetivos: eliminar el voto preferente e instaurar las listas cerradas, eliminar el Consejo Nacional Electoral, propender por la igualdad de género en la conformación de las listas a cargos de elección popular, y limitar el número de periodos para garantizar el recambio en las corporaciones públicas. En Senado se aprobó un articulado que solo definió lo último; mientras en la Cámara se lograron casi todos los objetivos, menos, claro, la eliminación del CNE. Esta semana será definitiva para la iniciativa, pues entrará a su cuarto debate y, de aprobarse, habrá salvado el semestre de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.

El principal logro del gobierno, por ahora, es el acto legislativo que prohibe que el secuestro y el narcotráfico sean interpretados como delitos conexos al político. El Ejecutivo ha sido insistente en que esta modificación no aplicará para el Acuerdo de Paz con las Farc sino a futuras negociaciones. La iniciativa ya fue aprobada en tercer debate en Senado y solo le falta la plenaria de esta corporación. Otro acierto legislativo que probablemente se apunte el gobierno es la prórroga de la ley de orden público, necesaria para que el Estado pueda adelantar diálogos con grupos armados al margen de la ley y otro tipo de facultades vitales para ejercer la Presidencia. La ley vence el 18 de diciembre, por lo que seguramente necesitará dos plenarias para sacarla adelante.

Desde su campaña a la Presidencia, Iván Duque prometió una reforma estructural a la justicia, sin embargo, Cambio Radical se le adelantó en radicar un proyecto de acto legislativo sobre la materia. El 13 de septiembre, la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, presentó al Congreso la propuesta del Gobierno y solo hasta el 10 de octubre, la iniciativa -acumulada a la del partido del exvicepresidente Germán Vargas-, cursó su primer debate. Desde entonces, le auguraron su hundimiento prematuro, pero contra todo pronóstico, fue aprobada en Comisión Primera y Plenaria de Senado. Sin embargo, las expectativas de que consiga ser aprobada en la Cámara de Representantes, en comisión y plenaria, en menos de dos semanas, es más que optimista.

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Todos los gobiernos, desde hace 30 años, han intentado reformar la justicia pero han sido más los fracasos que los éxitos. Solo han conseguido modificaciones procedimentales, pues la oposición de los operadores de la rama a los cambios institucionales ha sido férrea. El Consejo Superior de la Judicatura, así como la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes o el Consejo Nacional Electoral son un convidado de piedra a pesar de su cuestionable eficiencia. El cruce de las relaciones de facultades electorales e investigativas entre las ramas del poder son un entramado difícil de desenredar, y más difícil con una débil coalición de Gobierno. Y ya el propio presidente Duque le manda mensajes de defunción, como el del pasado viernes, cuando afirmó que está dispuesto a retirar la iniciativa.

Desde el primer día de Gobierno, Iván Duque dijo que su prioridad será la lucha contra la corrupción. Por eso, al siguiente día de llegar a la Casa de Nariño radicó un paquete de proyectos para combatir este flagelo. Además, los resultados de la Consulta Anticorrupción del 26 de agosto, con un resultado de más de 11’600.000 votos, lo obligó a convocar una Mesa Técnica interpartidista para concertar la unificación de sus iniciativas que recogieran los seis puntos de la consulta popular. En la reunión preliminar a la Mesa, Duque prometió que le daría mensaje de urgencia a los proyectos de ley anticorrupción. El 18 de septiembre, el primer mandatario, junto a la Mesa Técnica, radicaron los proyectos pero solo hasta el 8 de noviembre llegó el mensaje de urgencia para las iniciativas de probidad administrativa y anticorrupción, rendición de cuentas, publicación de declaración de bienes, y conflicto de intereses.

Antes de que llegara el mensaje de urgencia, la exsenadora Claudia López y la congresista Angélica Lozano (Alianza Verde) criticaron el incumplimiento por parte del Ejecutivo y lo acusaron de permitir que se hundieran iniciativas como la reducción del salario de los congresistas y la limitación a tres períodos en los cuerpos colegiados, tema que también fue incluido en la reforma política. Hoy se discutirán en comisiones conjuntas primeras los proyectos de rendición de cuentas, conflictos de intereses y probidad administrativa y anticorrupción. Las propuestas que avanzan son las que acogió la Fiscalía, de eliminar los beneficios judiciales a los investigados por corrupción, la publicación de la declaración de bienes y pliegos tipo. En síntesis, el paquete anticorrupción también camina sobre la cuerda floja.

Y los temas en los que definitivamente se rajó el Ejecutivo sí están claros. No logró sacar adelante la reforma a la JEP creando una sala especial para los uniformados relacionados con graves crímenes en el marco del conflicto. También fracasó en la ley de funcionarios aforados y una docena de iniciativas de los ministerios. La ley de financiamiento, que podría salvarla llamando a extras, tiene pésimo ambiente en el Capitolio y la mayoría de congresistas la dan por hundida. A la reforma a la justicia solo la salva un milagro; las iniciativas anticorrupción también caminan hacia el desbarrancadero; en fin, un balance no muy positivo para un gobierno nuevo que necesita construir los cimientos de su propuesta de país.

 

Por Natalia Tamayo Gaviria - @nataliatg13 / Alfredo Molano Jimeno /@AlfredoMolanoJi

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