Una de las más enconadas discusiones que ha tenido como escenario el Capitolio Nacional ha estado relacionada, como se sabe, con las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Y aunque dichos reparos quedaron en manos de la Corte Constitucional, en el Senado se ha seguido desarrollando uno de los puntos claves para el Gobierno, contenidos en dichas objeciones, que justamente tiene que ver con eliminar la conexidad entre los delitos sexuales con el delito político.
La noche del lunes, la Comisión Primera de Senado aprobó en primer debate una reforma constitucional que modifica el artículo 44 de la Carta Política en la que se señala expresamente que los delitos sexuales contra menores serán de competencia de la justicia ordinaria y no de la justicia transicional creada producto del Acuerdo de Paz, aunque estos hechos hayan sido cometidos en desarrollo del conflicto armado.
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No obstante, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, aclaró que aunque este acto legislativo sea avalado por el Congreso, no aplicará de manera retroactiva. Es decir, no afectará a los excombatientes que se acogieron a los acuerdos de La Habana que hoy están siendo procesados por la comisión de estos delitos en la Jurisdicción Especial de Paz. “Los delitos sexuales contra menores deben tener una sanción ejemplarizante y no pueden quedar en el aire”, señaló Gutiérrez.
Pese a ello, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia anunció que, a lo largo de la discusión –le quedan siete debates-, propondrá que la reforma pueda aplicarles a los miembros de las Farc para que no reciban las penas alternativas que ofrece la justicia transicional. Asunto que, en todo caso, también fue descartado por la ministra de Justicia, Gloria María Borrero.
Por su parte, en diálogo con Caracol Radio, la senadora Maritza Martínez, de la U, enfatizó: “Este tema de los delitos sexuales genera un gran debate y la semana pasada tuvimos oportunidad de hablar de este tema. Yo anhelo la paz, pero creo que a los menores hay que hacerles justicia por encima de cualquier consideración y la Constitución dice que no hay ningún derecho que esté por encima del de los menores. Llegó el momento de generar una tranquilidad en este tema porque eso no ha permitido que los colombianos estén tranquilos, este es un tema que perturba y genera confrontación”.