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El que debía ser el primer debate en el Congreso alrededor del proyecto que introduce la cadena perpetua revisable para violadores de menores se redujo este martes a una controversia que dejó la discusión en veremos. Sin embargo, también puso en evidencia las opiniones divididas alrededor de su pertinencia, así como la resistencia que provoca en las huestes del uribismo, con todo y que se trata de un proyecto impulsado por el presidente Iván Duque.
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La congresista Margarita Restrepo, representante del Centro Democrático por Antioquia, fue quien que desató la polémica cuando, antes de comenzar la discusión en la Comisión Primera de la Cámara, propuso aplazar la discusión. ¿La razón? Reclamó un pronunciamiento del Consejo Superior de Política Criminal, un organismo asesor del Gobierno en la materia, sobre la viabilidad de la iniciativa. Asimismo argumentó que esta no era la época propicia para iniciar esta controversia, dado que “políticos oportunistas podrían utilizar el proyecto como herramienta de campaña electoral”.
Su petición no cayó bien entre sus copartidarios del Centro Democrático, en particular José Jaime Uscátegui, uno de los ponentes del proyecto, quien declaró que empezar a tramitar la medida es algo que necesita el país y que un aplazamiento implicaría “una estocada” a una iniciativa que reclama la sociedad.
“Me excuso con mi compañera de bancada si no tuve la precaución de preguntarles a todos los integrantes del partido si estaban de acuerdo con discutirlo en esta coyuntura electoral, pero creí que había un consenso generalizado, no solo en el Centro Democrático, sino en el Congreso y en el país, de que llegó la hora de la prisión perpetua para abusadores de menores”, afirmó de forma vehemente el legislador.
Restrepo, sin embargo, se mantuvo en su postura y advirtió que la prisión perpetua no es la solución para hacer frente a los abusos de menores, sino una correcta aplicación de las normas que existen en la materia. Insistió en que el debate requiere de cuidado y respeto con las víctimas, por lo que —sin mencionar nombres— llamó a no “frivolizar el tema con discursos veintejulieros”.
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“Fui una de las primeras congresistas que apoyaron la candidatura del presidente Duque, pero no lo acompaño en este punto. No se trata de evadir el debate. Al contrario, es respetar a los niños que violan a cada minuto. Por eso no podemos tener esta discusión en un período electoral. Además, este proyecto no le da solución al problema: no son las leyes, es la eficacia de la justicia”, declaró.
La sesión, que duró aproximadamente dos horas, transcurrió entre comentarios a favor y en contra de su aplazamiento. Así, la discusión se zanjó con votos; sin embargo, tampoco hubo unanimidad: 16 por el sí y 16 por el no, por lo que el tema podría tratarse en la sesión de este miércoles. El voto que faltó para dirimir la diferencia fue el del uribista Álvaro Hernán Prada, quien se perdió el comicio por atender una llamada.
Al margen de si se requiere o no el concepto del Consejo de Política Criminal en este momento de la discusión, no se puede pasar por alto que ese organismo ya se ha pronunciado en contra de la pena de prisión perpetua para abusadores de niños a lo largo de la última década.
A finales de 2016, cuando cursaba un proyecto similar en la Cámara, el Consejo lo estimó inconveniente alegando no solo que era una medida extrema que “carecía de idoneidad y capacidad para frenar las expresiones más graves de la delincuencia”, sino que implicaría “una limitación” en la tarea del Estado a la hora de la reinserción social de los ciudadanos condenados.
Incluso, en julio pasado, por petición de la exministra de Justicia Gloria María Borrero, la Comisión Asesora de Política Criminal, una instancia asesora del Consejo, elaboró un concepto sobre la propuesta, concluyendo que se trataba de una medida “innecesaria, inútil y desproporcionada”. Entonces, como respuesta, el Gobierno aclaró que la Comisión era una instancia externa al Consejo y que sus determinaciones no eran “vinculantes”, es decir, de obligatorio cumplimiento.
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Pese al embotellamiento en el que está la prisión perpetua para abusadores de menores, su discusión no es menor. De surtir sus ocho debates en el Legislativo, propondría una reforma a la Constitución que, en su artículo 34, prohíbe las penas de “destierro, prisión perpetua y confiscación”. En ese sentido, el proyecto cambia la concepción actual del Estado colombiano frente al respeto a la vida, incluso la de una persona que comete crímenes sexuales contra menores.
Pero, más allá de la controversia política, hay unas cuestiones de fondo sobre la iniciativa que, según sus defensores, busca ser una herramienta más en la protección de los derechos de los niños, pero posibilita, además, que la sentencia perpetua sea reversible, luego de los primeros 25 años de condena. El debate sigue abierto.
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