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El presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Carlos Chacón, elevó una consulta a la Corte Constitucional sobre las objeciones que el presidente Iván Duque hizo sobre seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La duda del presidente de la Cámara, puntualmente, es si el mandatario está facultado para objetar una norma que ya ha sido estudiada y declarada ajustada al ordenamiento jurídico por parte del máximo tribunal constitucional del país. Por eso, Chacón envió un oficio de cinco páginas al alto tribunal en el que le pide definir si el Congreso debe o no debatir la objeción presidencial.
Chacón hace una detalla descripción del trámite surtido por la iniciativa de origen gubernamental. Dentro de las preocupaciones expresadas por el presidente de la corporación legislativa está: “En el caso de proyectos de leyes estatutarias que ya tuvieron control de la Honorable Corte Constitucional, los asuntos que sean objetados por el presidente no pueden referirse a temas ya decididos por ésta”, y agrega el oficio que las objeciones no pueden servir para: revivir disposiciones declaradas inexequibles; reabrir discusiones sobre asuntos declarados constitucionales; revertir decisiones de la Corte; o contravenir interpretaciones realizadas por la Corte.
“Si bien las objeciones presidenciales se formularon bajo el título de inconveniencia, al revisar las mismas y cada uno de los argumentos esgrimidos, surgen dudas en el sentido que éstas guardan un estrecho vínculo de carácter inconstitucional; es decir, los argumentos que soportan las objeciones parecen tener un contenido con relevancia jurídico-constitucional y no estrictamente de inconveniencia”, refiere el documento enviado por Chacón a la Corte, a la cual el representante le pide aclarar si es procedente darle trámite al debate legislativo a partir de que se inicien las sesiones ordinarias la próxima semana.
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Chacón añadió que las dudas no sólo le asisten a él como presidente de la Cámara, sino que también han sido expresadas por juristas de la talla del Procurador General, Fernando Carrillo, quien, además, es el competente para disciplinar a los congresistas. Por esto, Chacón acude a la Corte para que defina “si el Presidente de la República cuenta con las facultades para objetar un Proyecto de Ley Estatutaria de las especiales características jurídicas ya mencionadas, y que hizo tránsito a cosa juzgada constitucional, estableciendo de igual forma si el Congreso de la República goza de las facultades para tramitar las objeciones respectivas”, concluye.