“Propuesta de gendarmería rural con miembros de las Farc ratifica que sí se negocia estructura de la Fuerza Pública en La Habana (Cuba)”, trinó ayer en la mañana el Ministerio Público en su página oficial en Twitter. “Me parece un comunicado mal intencionado, es perverso concluir que por decir que no he pensado en ingreso de desmovilizados a la policía rural, pero que no lo descartaba, se concluyera que estamos negociando la Fuerza Pública en La Habana (...) ¿a quién diablos se le puede ocurrir que uno va a negociar semejante despropósito?”, respondió Santos, en declaraciones a los medios desde París.
En la riposta, en una rueda de prensa en horas de la tarde, Ordóñez hizo una serie de consideraciones, a partir de que fue el mismo mandatario quien dijo que no descartaba esa posibilidad de crear, por ejemplo, un cuerpo de guardabosques con desmovilizados, bajo el control y el dominio de la Policía, algo que ya se ha discutido con algunas personas. “¿Cómo negar, entonces, que dicho planteamiento no producirá cambios estructurales en las Fuerzas Armadas?, señaló el procurador.
Para el jefe del Ministerio Público, sí hay motivos y razones que sustentan su posición, y “no hay mala intención, perversidad o carácter malévolo”. Además, advirtió que la creación de una policía rural con desmovilizados lleva al absurdo de “dejar la seguridad de las víctimas en manos de sus victimarios”.
Una discusión que también generó la reacción de las mismas Farc. “¿De qué policía rural están hablando? Para qué ‘botar corriente’ sobre un asunto que jamás se ha planteado en la mesa”, expresó el jefe negociador de esa guerrilla en Cuba, alias Iván Márquez, también a través de Twitter. Eso sí, la preocupación de las Farc está en la “ofensiva militar”, que —según dicen— se ha intensificado durante la tregua declarada desde diciembre pasado, lo cual “ha enrarecido el ambiente, haciendo cada vez más insostenible el cese del fuego unilateral”.
Y en un comunicado público le piden al Gobierno generar condiciones favorables para la paz: “Presidente Santos, en medio de un proceso que busca la reconciliación, es incoherente provocar de esa manera el reinicio del fuego y el ataque a la infraestructura económica del Estado, en lugar de propiciar el silenciamiento de los fusiles”.