Con orgullo, el presidente Juan Manuel Santos recibió en 2013 a Hamad bin Jalifa Al Thani, el emir de Catar, uno de los países más ricos del mundo árabe. Era la primera vez que un dirigente de ese país pisaba suelo colombiano y, producto de esa reunión, los dos países acordaron colaboración económica, sobre todo en tema de trasporte aéreo, minas, deporte y cámaras de comercio. Pero ese mismo año, el país que de las empresas importantes, los hoteles lujosos y la financiación de equipos de futbol como el Barcelona y el París Saint-Germain, se convirtió en el blanco de fuertes señalamientos.
Organizaciones defensoras de derechos humanos como Amnistía Internacional y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) denunciaron que los miles de inmigrantes indios, afganos y nepalíes que construían de los escenarios del Mundial de Fútbol de 2022, que tendría como sede ese país del Golfo Pérsico, vivían en condiciones cercanas a la esclavitud. Aun así, las construcciones continuaron, así como la ayuda de Catar para Colombia. Y el pasado lunes, el hijo de Hamad bin Jalifa, el heredero Tamim bin Hamad Al Thani, llegó a Bogotá para anunciar que esa cooperación pactada en 2013 va a continuar.
El mismo día que el emir Al Thani aterrizó en Colombia en su avión privado, la Presidencia anunció que monarca expresaría “apoyo al posconflicto”. No obstante este miércoles, en el comunicado conjunto que emitieron ambos países, el tema se esfumó de la agenda. No se hizo ninguna mención sobre este punto. El colombiano Juan Pablo Iragorri, preso en ese país y condenados a cadena perpetuua tampoco hizo parte de la agenda. El documento se limitó a señalar que se lograron acuerdos sobre la exención de las visas para pasaportes diplomáticos, así como en la inversión en el campo, en materia jurídica y legal y el envío de comisiones de trabajo para estudiar las posibilidades de inversión en los campos minero-energéticos, de TIC e infraestructura.
El encuentro trajo a colación la pregunta de qué tan cuestionable puede ser establecer alianzas comerciales o incluso políticos –incluso buscar apoyo para el posconflicto- con países del Oriente Medio, donde en la mayoría de los casos hay serios cuestionamientos sobre la protección de los derechos humanos. Catar, por ejemplo, si bien es un aliado importante de Estados Unidos (allí queda la base aérea de Estados Unidos más grande de Oriente Medio) tiene múltiples relaciones con grupos islamistas extremos como los Hermanos Musulmanes en Egipto o el mismo Estado Islámico (EI).
Para el analista y profesor de la Universidad Nacional, Víctor de Currea, las relaciones con un país como Catar, que tiene un record de violación de derechos humanos considerable y que apoye al EI no afectará a Colombia, pues los nexos que se establecen, que son puramente comerciales, no tienen nada que ver con sus posturas políticas o religiosas. “Cuando estos países compran equipos de fútbol u hoteles no buscan expandir el islam, están buscado hacer negocios. Es evidente que los empresarios del Golfo Pérsico necesitan abrir sus mercados, sobre todo los agrícolas”, le dijo el profesor a este diario.
La docente e investigadora de la Universidad Externado, Heidi Abuchaibe, señaló que estos “son lazos de cooperación que están en una misma línea del apoyo de Emiratos Árabes, que son los aliados naturales de Estados Unidos en el Medio Oriente”. La docente explicó que la movida, más allá de las implicaciones éticas, es una decisión política de aliarse con los socios de los países cercanos. Además, tanto De Currea como Abuchaibe explicaron que si bien Catar es un país con serios cuestionamientos respecto a su violación de derechos humanos, tiene el respaldo de Occidente. Por eso, un eventual reproche a Colombia por esta alianza resultaría inverosímil.
Y si se tratara de juzgar a Colombia por sus alianzas para el posconflicto, sería reprochable también la tradicional alianza con Estados Unidos, que es según múltiples organizaciones el mayor violador de derechos humanos en el mundo, por encima de los regímenes árabes o musulmanes de Oriente Medio. En estos temas de cooperación se requiere pragmatismo. Ser socio de Catar no significa apoyar al Estado Islámico. Ser socio de Estados Unidos no significa apoyar las atrocidades cometidas, por ejemplo, en Guantánamo.
De Currea incluso añade que “dejar de recibirle plata a Catar, bien sea para cooperación económica o bien sea para el posconflicto, sería un moralismo o puritanismo. Eso no nos luce. Porque si realmente solo cooperáramos con países que no violen los derechos sería imposible recibir ayudas de Estados Unidos, por ejemplo, o de Israel, otro país de Oriente Medio con peores acusaciones de violación de derechos que Catar”.
Según otro analista que prefirió omitir su nombre, el único escenario en el que los acercamientos de Colombia con Catar podrían generar problemas sería si ese país le impusiera condiciones al Gobierno colombiano para desembolsar dinero o ayudas, en un intercambio bilateral al estilo del Plan Colombia. Pero, de nuevo, teniendo en cuenta la necesidad de Catar de expandir sus redes comerciales mientras conserva sus aliados más poderosos, hacerle exigencias a Colombia a cambio de apoyo sería, para los analistas, una jugada por fuera de la lógica de la diplomacia internacional.
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