“La historia examinará el trabajo del Congreso de la República”. Con esa frase, el presidente Juan Manuel Santos instaló, hace un año, el que denominó el Congreso de la Paz. El mismo al que se le encomendó ese 20 de julio de 2016 comenzar a implementar los proyectos para desarrollar la principal bandera del jefe de Estado: el Acuerdo con las Farc. Y es que, aunque en ese momento no se había votado ni siquiera el plebiscito para refrendar los textos de La Habana, el fin del conflicto con esa guerrilla ya era un hecho. Por eso, materializar lo pactado se convirtió prioridad, en momentos en que varios congresistas de la Unidad Nacional comenzaban a dar su grito de independencia de forma prematura.
Un año más tarde, cuando las manecillas del reloj retumban con un “tic-tac” más en contra que a favor del proyecto más importante para el presidente Santos, arranca la última legislatura que tendrá que prepararse para la difícil tarea de completar su misión. El Gobierno dice que no tiene temor de que en este último periodo se repita lo que ha registrado la historia: ausentismo producto del debate electoral venidero, posturas distantes hacia el presidente de turno por parte de quienes fueron sus más cercanos alfiles y un elemento adicional: la fuerte polarización política surgida de los textos de paz.
Lo cierto es que la legislatura que arranca —“la de nadie”, como se conoce en el argot político— tiene sobre sus hombros la tarea de echar a andar la paz, en medio de un ambiente de desconfianza, porque mientras las Farc no ven los beneficios reales después de la entrega de las armas, en el Congreso tampoco avanzan al ritmo que se esperaba las principales iniciativas para implementar el Acuerdo Final. “El Gobierno va a tener que emplearse muy a fondo para explicar bien los proyectos y que tengan un trámite adecuado a través del fast track. Y eso tendrá que hacerlo en los próximos dos meses porque ya después todo el mundo entra en modo electoral”, le dijo a El Espectador el senador liberal, Juan Manuel Galán.
Por eso, hacer del nuevo gabinete Santos una verdadera estrategia política será fundamental. Algunas voces del Capitolio aseguran que con la sola presencia del ministro del Interior, Guillermo Rivera, no basta para poner a trabajar a los congresistas. “El perfil de quienes delegue el presidente en el reajuste ministerial debe tener capacidad de manejo, sobre todo el Congreso, liderazgo entre los legisladores y debe saber explicar cómo funcionarán las iniciativas de la paz que hacen falta”, agregó otro congresista de la Unidad Nacional.
Sobre todo, porque el escepticismo alrededor de los nuevos presidentes de Senado, Efraín Cepeda (Conservador) y de la Cámara, Rodrigo Lara, (Cambio Radical) le apunta a afirmar que han sido dos de los partidos más “desjuiciados” a la hora de apoyar la paz en el Capitolio. Se sabe que Cepeda es de la línea santista al interior de los del trapo azul, pero la fuerte división dentro de esa colectividad ha impedido que se decidan votos en bancada, lo que explica, en gran parte, que los proyectos del Acuerdo de Paz apenas hayan alcanzado un máximo de 52 votos en cada discusión. Y por el lado de Lara, fiel pupilo de Germán Vargas Lleras, también ha despertado todo tipo de suspicacias. No en vano, el ministro Rivera ha sostenido varios encuentros con las directivas de Cambio Radical —y jefes de otros partidos, por supuesto— para buscando asegurar las mayorías.
Eso, para contrarrestar las afirmaciones del director de Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez quien ha afirmado que su partido no votará la reforma. “Confiamos más en las acciones que en las opiniones de personas que están por fuera del Congreso”, dijo el ministro Rivera. Postura que, de hecho, acompaña el nuevo presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, quien aseguró que su rol será garantizar un procedimiento democrático a la hora de las votaciones y que, al mismo tiempo, se sumará a los proyectos para implementar la paz. “Ahorita, de cara a las elecciones cada quien quiere ventajas, pero por mi lado, hay una convicción de que esto se está haciendo es por el bien del país”, señaló el representante.
En todo caso, el jefe de la cartera política ya anunció una avalancha de proyectos que serán radicados la próxima semana, comenzando por la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), que se encargará de reglamentar el tejemaneje jurídico del sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, “porque, a más tardar, el 26 de septiembre ya deberán estar designados los magistrados que integrarán la JEP”, explicó. Al mismo tiempo, será radicada la ponencia de la Reforma Política que hoy está siendo confeccionada para hacerle los últimos ajustes. Con ese objetivo, el Gobierno convocó a un “retiro” en una finca de la sabana de Bogotá a los representantes de la Comisión Primera de la Cámara que tienen a su cargo el texto de la reforma: Berner Zambrano, Heriberto Sanabria, Jaime Buenahora, Germán Navas, Julián Bedoya, Jorge Roso, Angélica Lozano, Fernando de La Peña y Álvaro Hernán Prada. Claro que se presume que este último, del Centro Democrático, no participa de esa reunión.
Las otras iniciativas que serán radicadas tienen que ver con la creación de elementos con el fin de que a las organizaciones sociales les permitan tener control sobre la administración pública y prevenir casos de corrupción; en otro proyecto se incluirán mayores garantías de participación ciudadana, y se radicará otro más, clave para los programas de sustitución de cultivos ilícitos, relacionado con el tratamiento penal diferenciado a los pequeños cultivadores que tengan extensiones de cultivos ilícitos en pequeñas proporciones. Y están pendientes los proyectos sobre la creación de reservas forestales, el de la Ley de Tierras que engloba el espíritu del punto uno de la agenda de negociaciones con las Farc y uno más, con el que se crea el catastro multipropósito para formalizar la propiedad rural.
Todo eso será tramitado a través del mecanismo especial legislativo que dejará de funcionar en diciembre de este año y que, dicho sea de paso, debe servir para sacar adelante otros tantos proyectos que aún están pendientes de algunos debates, como el que crea las circunscripciones de paz, o el que amplía la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección para permitirles a los exmiembros de la guerrilla ejercer labores de escolta; o el que establece el monopolio de las armas en manos del Estado. En fin, una ardua tarea que hace pensar que el tiempo se queda corto para todo lo que hace falta. Por eso, “vamos a citar a una audiencia para hacerle control a la implementación del Acuerdo de Paz en materia normativa, porque nuestro gran temor es que no se alcance a legislar ni a terminar esa tarea. Es evidente que la Unidad Nacional y las mayorías comienzan a presentar síntomas de un debilitamiento muy grave”, enfatizó el senador del Polo, Iván Cepeda. En últimas, la advertencia que hace un año hizo el presidente Santos parece cobrar vigencia: sólo la historia examinará el trabajo del Congreso de la República.