Un total de 410 municipios del país están en riesgo de fraude para las elecciones de Senado del próximo 9 de marzo, lo que representa un incremento del 38% con respecto a 2010, cuando la cifra era de 291. Para las elecciones de Cámara de Representante se registra un leve descenso del 5% en dicho riesgo, al pasar de 407 municipios hace cuatro años a 386 municipios en la actualidad. Pero, además, para las elecciones a Senado, la intensidad cambia drásticamente y los municipios en riesgo alto y extremo aumentan en un 532 y 725% respectivamente.
En lo que tiene que ver con la distribución territorial del riesgo de fraude en Senado, la mayoría de municipios se encuentran concentrados en Antioquia, Nariño, Boyacá, Norte de Santander y Córdoba, departamentos que tradicionalmente han presentado dinámicas políticas asociadas con el clientelismo y, en algunos casos, con la ilegalidad. Por otro lado, los departamentos con mayor proporción de sus municipios en riesgo son Arauca, Guainía, Caquetá, Amazonas y Norte de Santander.
El mapa de riesgo electoral de las elecciones de 2014 da evidencia de la tendencia que se empezó a vislumbrar desde las elecciones de 2011: los armados y los ilegales no son los principales generadores de riesgo. De hecho, son los políticos los que en el territorio están generando la mayor cantidad de riesgos electorales. La capacidad de intimidación, coerción y de influencia por parte de actores ilegales se ha reducido, mientras que el riesgo por fraude electoral relacionado con los políticos va en aumento.
Estas son algunas de las principales conclusiones del estudio “Mapas de riesgo electoral por factores indicativos de fraude y de violencia-elecciones 2014”, que presentará hoy la Misión de Observación Electoral (MOE) y que les marca los lineamientos al Gobierno y a las autoridades sobre en qué municipios deben concentrar sus esfuerzos para prevenir hechos que atenten contra la transparencia. En su elaboración participaron investigadores de las universidades de los Andes, el Rosario, Nacional, Jorge Tadeo Lozano y Externado, además de organizaciones de la sociedad civil, como la Fundación para la Libertad de Prensa, el Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (Cerac), Dejusticia y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).
Sobre el tema de los riesgos por fraude electoral, el estudio concluye que las elecciones en Colombia no necesitan más Fuerza Pública, sino, por el contrario, más jueces, mejores fiscales y autoridades de control capaces para prevenir y castigar el fraude electoral. “Cada vez más estamos mejor blindados contra los ilegales, pero desprotegidos frente a los políticos corruptos. No quiere decir esto que los ilegales no tengan capacidad de influencia, sino que ésta se ha reducido elección tras elección”.
En lo que tiene que ver con los factores de violencia, desde que se han hecho los mapas de riesgo electoral, el informe destaca también que las elecciones de 2014 son las que reflejan un menor número de municipios con este tipo de riesgos. “Se presenta una reducción frente a 2010 de 7% y frente a 2011 del 13%. Si comparamos el número de municipios en riesgo de 2007, vemos una disminución del 32%. La intensidad sigue disminuyendo en los niveles de riesgo medio y extremo, el alto se incrementa en un 77%”. Sin embargo, en el 35% de los municipios del país se presentan riesgos por factores de violencia.
Del total de los 389 municipios en riesgo por factores de violencia el 47% (182 municipios) tiene riesgo medio, el 38% (147 municipios) tiene riesgo alto y el 15% (60 municipios) tiene riesgo extremo. El 80% se encuentran ubicados en 14 departamentos, siendo Antioquia el de mayor cantidad de municipios en riesgo con 49, seguido de Cauca y Nariño, cada uno con 35, y Tolima y Chocó con 29 y 23, respectivamente. Aunque las negociaciones de paz entre el Gobierno y las Farc abren la puerta a tener elecciones más seguras, la MOE advierte que la presencia de armados (guerrillas, bandas criminales y narcotráfico) sigue un factor de riesgo extremo que coacciona e intimida a la ciudadanía a ejercer libremente sus derechos políticos.
“Los factores de violencia, si bien se reducen a nivel general, en el interior de éstos hay varias variables que tienen dinámicas preocupantes, entre las cuales se encuentran la violencia política y el desplazamiento forzado. De hecho, la reducción del riesgo por factores de violencia se da principalmente por el descenso del riesgo asociado con la presencia y las acciones de los ilegales, ya que tanto la violencia política como el riesgo por desplazamiento se incrementan”, dice el estudio.
Un dato alarmante es que en 260 municipios del país converge el riesgo por factores indicativos de fraude electoral y por factores de violencia, de los cuales 54 se encuentran en riesgo medio, 156 en riesgo alto y 50 en riesgo extremo. El suroriente colombiano es donde se encuentran ubicados la mayor cantidad de municipios en riesgo extremo, que se concentran especialmente en los departamentos de Caquetá, Guaviare, el sur del Meta y el Amazonas.
También están los del litoral Pacífico y occidental de los departamentos de Cauca y Nariño, el Urabá, el norte y el bajo Cauca antioqueño, el litoral Pacífico de Chocó y las zonas periféricas de la Costa Caribe, compuesto por gran parte de los municipios de Sucre y varios territorios de Córdoba, Magdalena, Bolívar y Atlántico. De los 260 municipios en riesgo, en 17 coincide el riesgo extremo tanto por factores de fraude electoral y de violencia: La Victoria, Puerto Alegría y Puerto Arica, en Amazonas; Angostura, Campamento y Murindó, en Antioquia; Pisba, en Boyacá; Samaná, en Caldas; El Paujil, en Caquetá; González, en Cesar; Mapiripana, Morichal y Pana, en Guainía; Uribe, en el Meta; El Tarra, en Norte de Santander), y Cepita y Charta, en Santander.