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A mediados de abril, el Gobierno y la Fiscalía radicaron en el Senado un proyecto de ley con mensaje de urgencia, con el fin de “evitar una excarcelación masiva e indiscriminada que podría representar un peligro inminente para la seguridad de los ciudadanos y la administración de justicia”. La iniciativa, que seguramente esta semana será aprobada en el Congreso, amplía la entrada en vigencia de una norma tramitada el año pasado para cumplir una orden de la Corte Constitucional para acabar con la historia de miles de presos que llevan años esperando condena.
Según dicha reforma, todo sindicado que llevara más de dos años preso quedaría en libertad a partir del próximo 7 de julio, sin importar el delito por el que esté siendo procesado. El plazo se reduce a un año en el caso de delitos comunes como hurtos. Las alertas se encendieron al conocerse que actualmente hay cerca de 25.000 detenidos en las cárceles colombianas que cumplen la condición de un año o más sin fallo. Y según el Inpec, de estos hay 4.837 que llevan más de tres años y 6.137, más de dos. Algunos están presos como responsables de falsos positivos, corrupción, narcotráfico e incluso violencia sexual.
Tanto el Gobierno como la Fiscalía reconocieron en su momento las fallas en la misión de lograr condenas claves. “Lo cierto es que hoy, ad portas de que se cumpla el término para la entrada en vigencia de dicha disposición, no es claro que los procesos se hayan adelantado con la agilidad esperada”, dice la exposición de motivos del proyecto en mención. Por otro lado, en algún momento se llegó a decir que este proyecto serviría para aliviar la difícil situación de hacinamiento que viven hoy las cárceles del país. Pero cerrada esa puerta, ¿qué hacer ahora?
Para el senador Horacio Serpa, del Partido Liberal, la presunción de inocencia es un derecho universal y el gran problema es que en Colombia no aplica. “Los sindicados de un delito van a la cárcel, muchas veces injustamente y por largo tiempo. Se aprobó una ley para darle validez a la presunción acotada, pero habrá que postergar su aplicación por el temor de que muchos procesados queden en libertad. Está bien que sigan detenidos los criminales peligrosos y los responsables de graves delitos, pero los demás deben salir. Cuando no existe condena se impone la libertad provisional. Así, además, se contribuye a descongestionar las cárceles”, enfatizó.
Según el congresista, las cárceles están llenas, las personas detenidas sufren un inhumano hacinamiento y no hay poder humano que solucione la situación. “Se ha acudido a todas las fórmulas y ninguna ha dado resultado. El Estado gasta enormes sumas de dinero en construir cárceles nuevas, pero el número de detenidos es superior a los cupos creados. La situación es insostenible e incorregible a pesar de la preocupación del Gobierno, de los jueces y del Congreso. Nada de lo que se hace o dispone es suficiente para atender tan complejo problema”.
La realidad es dramática. Según datos recogidos por el también senador liberal Juan Manuel Galán, el hacinamiento, las enfermedades y la deficiente atención primaria de salud a los presos no sólo se mantienen en lo últimos años, sino que se agravan. Por ejemplo, de los 16.045 internos que están recluidos en las cárceles en la Costa Atlántica, 524 sufren de varicela, tuberculosis, SIDA y enfermedades psiquiátricas. En la cárcel La Vega de Sincelejo, hasta el 7 de marzo de este año se reportaban 180 casos reportados de varicela por contagio.
“La delincuencia en las cárceles aumenta y de igual manera la necesidad de reestructurar el Inpec y acabar con la corrupción de sus funcionarios. La función resocializadora de la pena no existe, parece función criminalizadora. Todos estos problemas suficientemente diagnosticados, a lo largo del tiempo, no han tenido remedio alguno. Algunas cifras: entre enero de 2014 y marzo de 2016, el índice de hacinamiento de la población privada de la libertad, en los 136 establecimientos de reclusión, pasó de 52,9 % en 2014 a 53,9% en 2015, y en lo que va corrido de 2016 el promedio es de 55,5%”, señaló Galán.
El senador liberal insistió en la necesidad de trazar políticas claras que ofrezcan una solución pronta y eficaz al problema carcelario, empezando por la política criminal y la cárcel como “ultima ratio” (último recurso). “Los colombianos necesitamos que a nuestros presos se les garanticen condiciones dignas de reclusión, que se invierta en la infraestructura de todas las cárceles del país, que se promueva la profesionalización de los guardas penitenciarios, y que se procuren para ellos mejores salarios. Las cárceles no pueden convertirse en el vehículo de la impunidad y de violación sistemática de los derechos humanos”, indicó.
¿Más cárceles? ¿Proyectos de ley para facilitar la salida de detenidos por delitos menores o a quienes después de dos y hasta tres años siguen en detención preventiva? Serpa considera que sea lo que sea lo que se proponga, la crisis va a continuar porque no ha sido posible que en tantos años el país asuma el estudio del delito y del delincuente. “Claro que es bueno que se creen nuevos juzgados y se construyan más cárceles. Algo se logra a título de paliativo para una enfermedad tan grave. Pero para curarla hay que ir a la raíz de la problemática. Hay que averiguar por qué se delinque, cuales son las razones por las cuales el crimen agobia a Colombia con tan graves manifestaciones de descomposición social”, subrayó.
Y concluyó: “Los niños colombianos nacen buenos como los de Suiza, pero a muchos los corrompe la sociedad, el desamparo, el abandono social, el pésimo sistema educativo, la falta de ingreso en las familias, el entorno descompuesto, la falta de oportunidades y la miseria. Ya es hora de que se vuelva a pensar que la miseria y el desamparo social crean condiciones para el delito. Y de que asumamos que somos un país con enorme pobreza y dramáticas desigualdades. No hay prevención del delito. No hay resocialización para los delincuentes. Tampoco hay preocupación, porque la sociedad se tapa los ojos para no sentirse responsable. Requerimos un gran propósito nacional para solucionar las crisis de la delincuencia, la justicia, la desigualdad y de las cárceles”.