Curules para las Farc: ni regalo perverso, ni doble condena

La nueva propuesta del presidente Juan Manuel Santos de entregar curules a las Farc en el Legislativo es una sorpresa a medias. Cuando se publicó lo que se había acordado en el punto de la agenda sobre participación política, algunos nos quedamos con la sensación de que las Farc habían logrado poco al respecto.

Más allá de la promesa de crear una comisión encargada de reformar el sistema político del país, uno de los puntos importantes que se acordaron fue la creación de circunscripciones electorales especiales en las cuales las Farc tendrían la posibilidad de presentar candidatos o candidatas a la Cámara de Representantes. En estas zonas afectadas por el conflicto, y donde las Farc tienen fuerte presencia y cierto control, lo acordado era más que simbólico.

En aquel momento, sin embargo, nada se dijo de una posible participación de las Farc en el Senado. De allí que pensar que se contentarían con —a lo mejor— 10 o 15 representantes en el Congreso siempre me pareció un poco ingenuo. Más aún cuando se publicaron algunas encuestas indicando que, en caso de elecciones en estas zonas, las Farc no gozarían necesariamente del apoyo incondicional de la población. Electoralmente hablando, eso significaba que, si las Farc tuvieran que competir con otros partidos, no obtendrían necesariamente la totalidad de los escaños creados para estas circunscripciones especiales. Tal vez por eso se dijo, poco tiempo después, que los partidos tradicionales no podrían presentar candidatos en estas circunscripciones especiales, para así limitar los riesgos de que las Farc fracasen electoralmente allí.

Que el presidente Santos consulte ahora sobre la posibilidad de entregar a dedo curules a las Farc en el Legislativo tiene entonces su explicación y no es casualidad. Y la verdad es que no es necesariamente mala idea. Sin embargo, esta propuesta abre un debate que, aunque necesario, resulta al mismo tiempo ética y moralmente bastante complejo.

El argumento a favor es muy conocido. En cualquier proceso de paz, la idea de que unos dirigentes de grupos armados ilegales puedan participar en política una vez firmada la paz no solamente constituye un incentivo para que se desmovilicen, sino que suele ser una de las condiciones sine qua non para que se firme un acuerdo de paz. Muchos cuestionan además qué sentido tendría que se les prohibiera participar en política una vez dejadas las armas, cuando ellos dicen que las tomaron precisamente porque consideraban —sea justificado o no— que la posibilidad de participar pacíficamente en política se había agotado.

Comparto globalmente esta posición. Discrepo, sin embargo, de la manera como o las condiciones bajo las cuales podrían participar en política. Me explico: una cosa es que los dirigentes de las Farc puedan presentarse a elecciones libres y transparentes una vez pagadas sus eventuales condenas, dejando así a los electores la posibilidad de elegirlos (o no). Pero otra cosa muy diferente es que se les otorguen a dedo unas curules o escaños reservados, sin que tengan que pasar por las urnas y someterse al voto popular. Si bien la paz requiere de medidas de discriminación positiva, los regalos perversos suelen ser percibidos como injustos y terminan deslegitimando a los que se benefician de ellos (un regalo perverso es cuando uno recibe un puesto por su condición de excombatiente, mientras los que no cometieron crímenes ni violaciones de derechos humanos tienen que competir y someterse al voto popular para poder acceder al mismo puesto).

Muchos en la opinión pública rechazan la idea de que las Farc puedan participar en política o que algunos de sus dirigentes condenados por graves violaciones de derechos humanos tengan derecho a presentarse a elecciones populares. Discrepo también de esa posición. A mi modo de ver, los dirigentes de las Farc deberían tener el derecho de ir a elecciones, aunque hayan sido condenados por graves violaciones a los derechos humanos. Una vez condenados por lo que hicieron y una vez pagadas sus condenas, no veo por qué no podrían recuperar sus derechos civiles y tener la posibilidad de presentarse a elecciones. En caso contrario, sería una doble condena.

Para mí, cualquier miembro de las Farc debería tener derecho a recuperar sus derechos cívicos, pero con la condición —y solamente con la condición— de que, en caso de que hayan cometido crímenes, después hayan sido juzgados y condenados y hayan pagado sus penas. Que tengan que pagar dos años, diez años o veinte años, no lo sé, pero cualquiera que sea la condena, y una vez esté pagada, deberían tener el derecho de presentarse a una elección popular, en pleno conocimiento de lo que hicieron (o no) y de que pagaron una condena (que sea en cárcel o no, y con reducción de pena, pero eso es otro debate).

Sé que para muchos esa posición es difícilmente aceptable, pero iría aún más lejos. El principal reto que tiene paradójicamente el gobierno colombiano es fortalecer a las Farc, no debilitarlas. La democracia colombiana requiere que las Farc se transformen en un partido político legítimo, transparente y democrático. Pero no de cualquier modo: sin regalo perverso, ni doble condena.

* Director del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE) de la Universidad Externado de Colombia.