De comisiones de paz en la historia de Colombia

Está demostrado que dichas instancias han servido, salvo pocas excepciones, para generar confusión e indefinición. Un recuento desde el gobierno Turbay hasta nuestros días.

Hugo García Segura
13 de marzo de 2015 - 03:59 p. m.
Archivo / Alberto Pinzón, Vladimiro Naranjo, Carlos Lozano Guillén y Ana Mercedes Gómez.
Archivo / Alberto Pinzón, Vladimiro Naranjo, Carlos Lozano Guillén y Ana Mercedes Gómez.

Siempre se ha dicho que Colombia sufre del mal de la “comisionitis”, esa manía de crear comisiones para todo: para hacer estudios, para resolver problemas políticos o jurídicos, para asesorar. Tan es así que ya es común oír decir a ciudadanía y periodismo que cuando no se quiere resolver algo, se crea una comisión y listo. Y en ese sentido van las críticas que hoy se hacen al anuncio del presidente Juan Manuel Santos de conformar una comisión asesora para el proceso de paz que se adelanta actualmente con la guerrilla de las Farc en La Habana (Cuba), según dijo, “con un carácter incluyente y pluralista, que reúna a las diversas tendencias de la opinión pública”.

“Será un grupo de destacados colombianos, cuya experiencia, independencia y compromiso con el país son indiscutibles, que me van a asesorar y a acompañar en la conducción de esta última fase del proceso de paz. No es una comisión partidista. Tampoco se trata de personas necesariamente afines al Gobierno, ni su inclusión significa que hagan parte de éste ni que compartan lo que estamos haciendo. Con esta comisión queremos ampliar el espectro de las personas que, al lado del presidente, enriquezcan la reflexión y contribuyan al proceso, manteniendo su independencia crítica”, explicó el primer mandatario.

Sólo que no es la primera vez que se exponen tan loables argumentos. Un recuento histórico hecho por el médico y antropólogo Alberto Pinzón Sánchez, quien precisamente hizo parte de la Comisión de Notables para los diálogos del Caguán en el gobierno de Andrés Pastrana –documento presentado en el Encuentro Nacional por el Acuerdo Humanitario y la Paz en noviembre de 2009—demuestra que a lo largo de todos los procesos de paz en el país se ha implementado un modelo inflexible e ineficaz de negociación, consistente casi siempre en anteponer una serie de “aparatos burocrático para la negociación”, que solo han servido para crear confusión, indefinición e inoperancia. Y ese es el riesgo que corre ahora el presidente Santos.

Por ejemplo, el 13 de septiembre de 1981, el expresidente Carlos Lleras Restrepo, en ese momento director de la Revista Nueva Frontera, publicó un editorial en el que le sugirió al gobierno de Julio César Turbay la conformación de un comité de paz, integrado por civiles y militares, que se encargara de “estudiar la difícil situación de orden público que vivía Colombia y formulara recomendaciones para construir un ambiente favorable para la terminación del conflicto con las guerrillas”. Cuatro días después, Turbay le dio su bendición, pidiéndole a Lleras que fuera su director.

Fue así como mediante el decreto 2761 de 1981, se conformó la comisión, de la que hicieron parte, entre otros, el entonces comandante general de las Fuerzas Militares, general José Gonzalo Forero Delgadillo; monseñor Mario Revollo Bravo y John Agudelo Ríos. Los demás integrantes representaron instancias administrativas del Poder Ejecutivo y su conformación se entendió como una reunión de fuerzas acordes con las políticas presidenciales, sin participación de terceras fuerzas o de oposición. La instalación oficial fue 6 de noviembre de 1981.

Posteriormente, en un memorando y un anteproyecto de decreto elaborado por la comisión y enviado el 21 de abril de 1982 a Turbay, se insinuaron los pasos a seguir para un eventual entendimiento con el grupo guerrillero M–19. Entre abril y de mayo de 1982, Carlos Lleras y otros seis miembros de la comisión renunciaron por considerar según sus propias palabras que “el proceso propuesto por nosotros, después de prolongados estudios y gestiones, para alcanzar el sometimiento al orden constitucional de los grupos alzados en armas, no ha sido considerado practicable por el Gobierno”.

Con la llegada de Belisario Betancur al poder en 1982, uno de sus primeros pasos fue reintegrar la comisión y el decreto 2711 de 1982 le volvió a dar vida, nombrando en cabeza de ella otra vez a Lleras Restrepo, quien 10 días después renunció por razones de salud. En su reemplazo fue designado Otto Morales Benítez. Junto a él llegaron Noemí Sanín y otras 40 celebridades colombianas. A finales del 82, gracias a sus recomendaciones, se establecieron las bases del Plan Nacional de Rehabilitación. Además, Betancur le dio participación a las fuerzas de oposición, como el Partido Comunista, el Partido Socialista de los Trabajadores y el MOIR, entre otros.

El 23 de septiembre de 1982, en su instalación, Betancur señaló que le correspondería al Congreso la definición de una amnistía y la creación de un sistema político y jurídico ampliado, dejándole a la comisión la tarea de “adelantar los diálogos y contactos que juzgue pertinentes con los distintos sectores de la sociedad colombiana, sin discriminación ni limitación alguna, y presentar las alternativas de acción que estime dignas de estudio por el Ejecutivo, o de las demás ramas del Poder Público, para que los agentes subjetivos de la subversión puedan incorporarse a la clara normalidad de su patria que los espera”.

Los frutos comenzaron a verse en enero de 1983, con una reunión entre algunos miembros de la comisión con miembros del Estado Mayor de las Farc. El Gobierno nombró en febrero tres altos comisionados de paz para que fueran el puente de comunicación entre la comisión de paz y el presidente. Simultáneamente, en otro decreto, Betancur nombró a Amparo Bouzas Quintero como consejera en asuntos de paz, lo que generó un ambiente de confusión e inoperancia, a pesar de las explicaciones del Gobierno de que lo que se buscaba era una labor “complementaria e integradora”.

Otto Morales Benítez renunció a la dirección de la comisión en mayo del 83, pidiéndole al presidente Betancur “combatir contra los enemigos de la paz y la rehabilitación, que están agazapados por fuera y por dentro del Gobierno”. En su reemplazo fue designado John Agudelo Ríos. Llegaron los Acuerdos de La Uribe con las Farc, en marzo de 1984 y un año más tarde se creó la Unión Patriótica (UP), partido político que aglutinó a varios movimientos de izquierda, con la participación directa de dos miembros de la guerrilla: ‘Braulio Herrera’ e ‘Iván Márquez’.

Vino entonces la arremetida paramilitar contra ese intento de paz y el 10 de abril de 1984 dos miembros de la comisión renunciaron, Alfredo Vázquez Carrizosa y Jorge Angarita Marín. El 29 de mayo se conformó la Comisión Nacional de Verificación, de la que hicieron parte Horacio Serpa Uribe, Miguel Pinedo Vidal, Nicanor Restrepo Santamaría, monseñor Darío Castrillón, Enrique Santos Calderón, Álvaro Leyva y Gilberto Vieira, así como un miembro de ADO (Autodefensa Obrera) y uno de la UP. Esta Comisión sería ampliada el 29 de septiembre con nombres como los de Carlos Ossa Escobar y Fabio Valencia Cossio, entre otros.

En su afán por lograr acuerdos con otros movimientos guerrilleros –el M-19 y el EPL—, el 17 de julio de 1984, Belisario Betancur decidió crear otra comisión nacional de negociación y diálogo, coordinada esta vez por Alfonso Gómez-Gómez. Se logró un cese del fuego y un acuerdo de diálogo nacional en agosto con dichos grupos insurgentes, pero la situación siguió siendo tensa ante tanta “comisionitis”. Muchos renunciaron y en un último intento, entre 20 y el 24 de septiembre de ese año, se nombró mediante el decreto otra comisión de paz, diálogo y verificación, como reemplazo de las demás comisiones que hasta ese momento habían venido funcionado, dirigida por John Agudelo Ríos.

A pesar de algunas declinaciones a los nombramientos, persistieron nombres como los de Carlos Ossa Escobar y Gilberto Vieira. Sin embargo, los dirigentes liberales Germán Zea Hernández y Rafael Rivas Posada renunciaron a formar parte de la misma. Luego se fueron Alfredo Vázquez Carrizosa y junto a él Carlos Jiménez Gómez, procurador general. Con la toma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985, y los crímenes contra los miembros de la UP, los planes de paz de Betancur se quedaron a medio camino. El 5 de agosto de 1986, dos días antes de dejar la Casa de Nariño, Betancur oficializó la desintegración de la última comisión.

Llegó el gobierno de Virgilio Barco, quien decidió crear la Consejería para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación (CRNR), a cargo de Carlos Ossa Escobar, expresidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia y quien hizo parte de las comisiones de Betancur. El nuevo ente comenzó a trabajar articulado con la Secretaría de Integración Popular (SIP), que estaba en cabeza de Rafael Pardo, en un trabajo totalmente dependiente de la Presidencia. Se creó también una comisión especial sobre la violencia política, conformada por diez académicos reconocidos en la temática, quienes en julio de 1987 presentaron un primer informe.

A su vez, en septiembre de ese mismo año, la creación de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, por parte de las Farc, el M-19, el EPL, el ELN, el PRT y el Quintín Lame, implicó un cambio en el modelo de negociación. En diciembre del 87, Ossa Escobar presentó su renuncia a la CNRN y en su reemplazo se nombró a Pardo. La administración Barco conformó mesas de trabajo por la paz y la reconciliación nacional, otra instancia de diálogo entre el gobierno, los partidos políticos con representación parlamentaria, el M-19 y otros grupos guerrilleros. Asimismo, se conformó la llamada comisión de notables, tras una propuesta que hiciera el entonces senador Álvaro Leyva, en noviembre de 1988.

En dicha comisión estuvieron los expresidentes Misael Pastrana, Alfonso López Michelsen, el cardenal primado monseñor Mario Revollo Bravo, así como Fabio Echeverri Correa (presidente de la ANDI) y Hernando Santos Castillo, director de El Tiempo, quien se retiró a los pocos días argumentando razones éticas. Dentro del equipo de asesores que acompañaron a Ossa y a Pardo en el periodo 1986–1990 estaban también Jesús Antonio Bejarano, Ricardo Santamaría, Carlos Eduardo Jaramillo y Reynaldo Gary. El gran logró de este proceso fue la desmovilización del M-19 y el consejo nacional de normalización creado mediante decreto 314 de 1990, donde empezarían a hacerse familiares nombres como los del viceministro de gobierno José Noé Ríos y el asesor Tomás Concha Sanz.

La inesperada llegada de César Gaviria a la Casa de Nariño en 1990, tras la muerte de Luis Carlos Galán, significó de alguna manera continuidad en los puntos básicos de la estrategia de paz del periodo Barco. El modelo de negociación con el M-19 fue el modelo a seguir y en la antesala de la Asamblea Nacional Constituyente del 91, el escenario cambió cuando el 9 de diciembre de 1990, por orden del Gobierno, se llevó a cabo la ‘Operación Colombia’ sobre ‘Casa Verde’, sede del Secretariado de las Farc. Se vino una ofensiva de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar y en la CNRN, Jesús Antonio Bejarano reemplazó a Pardo, quien a su vez fue designado como consejero presidencial para la Defensa y la Seguridad nacional.

Precisamente, Bejarano asumió de manera directa las negociaciones frustradas con la Coordinadora Guerrillera entre 1991 y 1992, desarrolladas inicialmente en Caracas (Venezuela) y luego en Tlaxcala (México). En el desarrollo de dichas negociaciones, Gaviria creó la comisión consultiva para el orden público, integrada por Horacio Serpa, Saulo Arboleda, Juan Gabriel Uribe, Otty Patiño, Carlos Rodado Noriega y Gilberto Vieira. La idea era allanar el camino para futuros diálogos. Igualmente, siendo ya Humberto de la Calle ministro de Gobierno, se creó en septiembre 1991 otra comisión asesora de reinserción.

Y tras la firma de acuerdos definitivos de paz con el EPL, el PRT y el Quintín Lame, a finales de 1991, el sector empresarial fue llamado a asesorar al Gobierno en una comisión de la que hicieron parte José Manuel Arias Carrizosa, Adolfo Carvajal, Ernesto Delima, Andrés Echavarría, Augusto López Valencia, Isaac Jimmy Mayer, Nicanor Restrepo, Juan Manuel Ruiseco, Carlos Upegui y Luis Carlos Sarmiento Angulo. El gobierno Gaviria creó también la Dirección Presidencial para la Reinserción, dirigida por Ricardo Santamaría, y la Consejería para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación (CRNR) pasó a llamarse Consejería para la Paz, que asumió Serpa.

Llegó después el gobierno Samper, quien nombró a Carlos Holmes Trujillo como alto comisionado para la paz, y se apoyó en las asesorías de personas con cierto conocimiento en el tema de la paz, como Alfredo Molano, Alejo Vargas, Daniel García-Peña, Edgar Reveiz y Jael Quiroga, bajo la dirección de José Noé Ríos. Además, mediante el decreto 2107 de 1994, se creó la Comisión de Acción para la Paz.

Posteriormente, en julio de 1995, se conformó una nueva Comisión Facilitadora de Paz para las conversaciones con el movimiento ‘Jaime Bateman Cayón’. La responsabilidad recayó esta vez en el arzobispo de Popayán, Alberto Giraldo Jaramillo; el administrador arquidiocesano de Cali, Héctor Gutiérrez Pabón; la secretaria de Gobierno del Cauca, Nuby Fernández; el rector de la Universidad Libre de Cali, Libardo Orejuela; el exguerrillero del M-19, Germán Rojas Niño, y el presentador de televisión Alfonso Lizarazo.

Para agosto del 95, se concretó la iniciativa de crear una Comisión de Conciliación Nacional (CCN) con el objetivo de servir de puente entre las partes del conflicto armado, integrada por sectores de la Iglesia católica, los gremios económicos, políticos, intelectuales y representantes de los medios de comunicación. Y también, mediante la Ley 434 de 1998, se creó el Consejo Nacional de Paz, con la misión de “direccionar y asesorar al Gobierno Nacional en todos los temas concernientes al proceso y consecución de la paz”. Se trata de una instancia que aún se mantiene hoy en día, aunque casi nunca es consultada, reúne a representantes de sectores civiles, políticos, gubernamentales, académicos, gremiales y étnicos, entre otros.

En el gobierno Samper existió igualmente un comité preparatorio de una posible convención con el Eln, en el que estuvieron Ana Teresa Bernal, María Isabel Rueda, Jaime Bernal Cuellar, Alejo Vargas, Nelson Berrío, Alfredo Molano, Jaime Caicedo, Francisco Santos, Carlos Gaviria, Samuel Moreno Rojas, Sabas Pretelt, Augusto Ramírez Ocampo, Antonio Picón, Hernando Hernández, Mario Gómez, el padre Jorge Martínez, y Francisco Galán y Felipe Torres del grupo guerrillero. Y en julio de 1998 se conformó la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz.

Vino después Andrés Pastrana con el proceso del Caguán. El Consejo Nacional de Paz comenzó a operar y se constituyó la Mesa Nacional de Diálogo y Negociación, cuyos primeros voceros fueron Víctor G. Ricardo, comisionado de paz; María Emma Mejía Vélez, Fabio Valencia Cossio, Nicanor Restrepo y Rodolfo Espinosa Meola. Luego se cambió el equipo y se conformó un segundo grupo con Fabio Valencia Cossio, Pedro Gómez Barrero, Camilo Gómez, Juan Gabriel Uribe y el general retirado Gonzalo Forero. El 22 de noviembre de 2000 se creó el Frente Común por la Paz y contra la Violencia, como órgano asesor y consultor del Gobierno, integrado por el propio presidente Pastrana, Mario Uribe como presidente del Congreso, Horacio Serpa, Ciro Ramírez, Luis Fernando Alarcón, Antonio Navarro, Samuel Moreno y Luis Guillermo Giraldo Hurtado.

Hubo también una comisión para tratar de encontrar caminos para acabar con el paramilitarismo y disminuir la intensidad del conflicto, creada en mayo de 2001, de la que formaron parte Ana Mercedes Gómez Martínez, Carlos Lozano, Vladimiro Naranjo y Alberto Pinzón Sánchez. Y una comisión de países facilitadores para el proceso de paz, integrada por representantes de los gobiernos de Canadá, Cuba, España, Francia, Italia, Suecia, Suiza, México, Noruega y Venezuela.

Finalmente, durante los dos mandatos de Álvaro Uribe (2002-2010), se condicionó cualquier intento de negociación a la declaratoria previa de un cese unilateral de hostilidades por parte de los grupos guerrilleros, postura que fue siempre rechazada por las Farc. A su vez, en cabeza del comisionado de paz Luis Carlos Restrepo, se dio el proceso de acercamiento y reinserción de los grupos paramilitares.

Es, a grandes rasgos, la historia de las comisiones creadas para acompañar, asesorar, hacer recomendaciones y jugar a favor de la paz. Lo curioso es que, a lo largo de la historia, las razones para su conformación han sido casi las mismas que ahora esgrime el presidente Juan Manuel Santos: “Queremos ampliar el espectro de las personas que, al lado del presidente, enriquezcan la reflexión y contribuyan al proceso, manteniendo su independencia crítica. La convocaré cada vez que considere necesario para que el equipo negociador les informe de los avances del proceso, y escucharé sus recomendaciones con toda atención”. El país solo espera que esta vez, cuando muchos ven reales oportunidades de paz, sea verdaderamente útil y no se convierta en una piedra en el zapato.

Por Hugo García Segura

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