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Desde el domingo 10 de marzo, cuando el presidente Iván Duque objetó la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el ambiente político del país se tornó brumoso. Ni la promesa de que no habría choque de trenes institucional, ni el argumento de que el país está a seis artículos de firmar la paz entre quienes votaron por el sí y el no en octubre de 2016 calmaron los ánimos entre defensores del Acuerdo de Paz y promotores del Gobierno. Tampoco despejó la tormenta la decisión de esta semana de la Corte Constitucional, en la que dejó en el campo parlamentario las objeciones presidenciales, advirtiendo que las volverá a revisar una vez el Legislativo termine su labor. Y es que el corazón del Acuerdo de La Habana, la JEP, ha caído en el espeso pantano de las interpretaciones jurídicas que se disputan en el centro político del país: el Congreso de la República.
Los efectos institucionales de las objeciones de Duque ya se asoman. En la Corte Constitucional, por ejemplo, se produjo un enrarecido debate interno que incluyó la filtración del proyecto de auto que se discutía. Los rumores apuntaban a que el alto tribunal declararía improcedentes los reparos presentados por el mandatario y obligaría a su inmediata sanción. El rumor creció hasta el punto que el expresidente Álvaro Uribe lanzó dardos desde Twitter contra la Corte anticipando que “le arrebataría competencias al presidente de la República y derogaría el Estado de derecho”. Pocos minutos después de los mensajes del exmandatario, jefe natural del Centro Democrático, sus seguidores posicionaron como tendencia la etiqueta: #CorteConstitucionalcorrupta.
Contexto: El momento de hacer las cuentas: ¿cómo votarían Cámara y Senado las objeciones a la JEP?
Al siguiente día, el máximo tribunal dio a conocer una decisión diferente a la filtrada. Sus magistrados prefirieron inhibirse de tomar posición respecto de las solicitudes hechas por el presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, y por el procurador, Fernando Carrillo, y definieron que la pelota está en el campo del Legislativo para que les dé trámite a las objeciones. Eso sí, dejó planteado que una vez termine ese proceso, la norma debe volver a ella para estudiarla, tanto en su forma como en su contenido constitucional. Además puso un límite de tiempo: antes del 20 de junio debe haberse tomado una decisión y se tendrá que dar prioridad en la agenda legislativa, por encima de cualquier iniciativa.
La decisión de la Corte reactivó la crispación en el Congreso. El presidente del Senado, Ernesto Macías, hizo su propia interpretación y declaró que “un poder no tiene por qué darle órdenes a otro”, en el sentido de que, si son aceptadas o rechazadas las objeciones o se archiva el proyecto —por desacuerdo en el resultado de las votaciones entre una y otra Cámara—, el tribunal no tiene facultad para revisar la decisión. En síntesis, Macías dijo que la norma volvería a la Corte solo si modifican los artículos objetados por el presidente. En círculos cercanos a la Casa de Nariño se ha interpretado que el mejor camino para el Ejecutivo es que una corporación apruebe las objeciones y la otra las rechace, de forma tal que se den por archivados los seis artículos cuestionados por Duque. Así, los restantes 153 serían sancionados por el primer mandatario, sin pasar por el control constitucional.
Hasta ahí lo que hay son lecturas jurídicas que obvian la premisa legislativa de que en el Congreso se sabe cómo entran las normas pero no cómo salen. Con el agravante de que en este pulso nadie tiene la ventaja evidente. El Gobierno cuenta en Senado con los votos del Centro Democrático (19), los partidos cristianos (6) y el conservatismo (13), que, sumando algunos rebeldes de otras colectividades, pueden llegar a 40 apoyos. Sin embargo, falta restar los impedimentos que afectan el número de votos requeridos para constituir la mayoría. Una mayoría que, a juicio de aventurados analistas, será de 55 respaldos. Del otro lado se encuentran los partidos de la U (14) y Liberal (14), que ya anunciaron que defenderán la JEP, más los senadores de la oposición (21). Falta ver qué decisión toma Cambio Radical, cuyos 16 senadores evidentemente se encuentran divididos. Eso sí, se especula que estarían ocho a favor del Gobierno y ocho a favor de no tocar la JEP.
Queda claro que algunos de los factores que moverán la balanza son los impedimentos. Un recurso en el que los parlamentarios se juegan su curul, por lo que es difícil que quien tenga algún conflicto de interés no lo manifieste, pero asimismo deben ser aprobados por sus colegas. En el anterior Congreso, cuando se aprobó la ley estatutaria que hoy está en disputa, se presentaron 31 impedidos y se aceptaron tan solo 12, en su mayoría de miembros del Centro Democrático, incluyendo al expresidente y hoy senador Álvaro Uribe. En esta ocasión la lista será larga también y su resultado será definitivo para plantear el llamado número mágico que define la mayoría.
Más allá de las cuentas, este escenario pone a prueba la gobernabilidad del presidente Duque en el Capitolio. La votación de las objeciones obligará a que los congresistas destapen sus cartas y sus efectos impactarán en las prioridades del Ejecutivo en el Congreso, en proyectos como el Plan Nacional de Desarrollo (PND), la reforma política o la anunciada reforma al acto legislativo de la JEP.
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El PND fue aprobado agónicamente el viernes en comisiones, en su primer debate, y tiene plazo hasta el 7 de mayo para ser tramitado en su totalidad. Pero en el pronunciamiento de la Corte se ordenó que se prioricen las objeciones en la agenda, lo que ocurrirá apenas las comisiones accidentales definidas en Cámara y Senado presenten sus respectivas ponencias. Al tiempo, el Partido Liberal y Cambio Radical construyen una alianza para impulsar sus proyectos y actuar en bloque, incluyendo las elecciones locales y regionales de octubre, el otro factor que está en juego. Y justo las próximas presidencias de Senado y Cámara les corresponden a estos dos partidos. A esta alianza se podría sumar una facción de la U y hasta la colectividad entera.
Todo depende de esta compleja coyuntura. Para completar el tinglado en esta pelea institucional, los órganos de control han tomado partido. El procurador Carrillo, disciplinante de los congresistas, actuando de defensor del Acuerdo de Paz, y el fiscal, Néstor Humberto Martínez, que hace temblar a los excombatientes de las Farc, como jefe de debate de las objeciones presidenciales. Un panorama al que no le hace justicia el calificativo de choque de trenes, pues más parece nuestro sancocho nacional.