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“Debemos condenar a quienes apoyen a las nuevas bandas paramilitares”: Manfredo Koessl

En este ensayo, el investigador expone algunos de los mecanismos claves para evitar que los desmovilizados del actual proceso de paz, entre el Gobierno y las Farc, sean exterminados.

Manfredo Koessl* / Especial para El Espectador, Alemania
26 de abril de 2016 - 12:38 a. m.
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“Enciende los candiles que los brujos 
piensan en volver 
a nublarnos el camino”
 
Canción de Alicia en el País. 
Charly García - Serú Girán
 
Hace tres semanas, el empresario Marcos Levín fue condenado en Argentina a una pena de 12 años de prisión por su participación y apoyo en el secuestro y tormento de un delegado sindical en su empresa. Dicho hecho tuvo lugar durante la dictadura cívico-militar en el país austral (1976-1983) es decir, cometido hace casi 40 años atrás.
 
Se le condenó por haber, entre otras cosas, aportado información de inteligencia sobre los trabajadores -por ejemplo los diagramas de servicio que permitieron conocer los lugares en los cuales detener a los trabajadores y el aporte de las direcciones de domicilios y datos sobre la actividad gremial-, las listas de trabajadores que debían ser detenidos y torturados, también los vehículos  de la empresa para que se usaran en los secuestros y no menos importante, los recursos económicos y dádivas al personal policial para que reprimiera a los trabajadores.
 
De esta manera, la sanción por la complicidad o coparticipación en los delitos contra la humanidad ha dado un gran paso adelante. Ya no se trata de una indemnización o multa, como la que han pagado las empresas alemanas como Volkswagen, Daimler Benz, Agfa, BASF, Bayer, Lufthansa, BMW, Siemens, etc. por lo sucedido en la época nazi, y que en Colombia tiene su correlato con la multa que tuvo que pagar Chiquita Brands en el año 2007 por haber realizado aportes económicos al paramilitarismo.
 
De lo que se habla ahora, es de la sanción penal para aquellos que han apoyado a criminales que cometieron delitos contra la humanidad es decir, por el apoyo que los criminales han recibido por parte de aquellos que no empuñan un arma, pero que resultan aportes indispensables, o por lo menos importantes, para la concreción de los delitos.
Así, la responsabilidad penal ya no se circunscribe a los actores armados ilegales y sus soportes en la política o las Fuerzas Armadas. La tarea de la justicia también será la identificación y el castigo de los cómplices y copartícipes mas allá de estos grupos, incluyendo a los empresarios, jueces, periodistas, sacerdotes, etc.
 
En Colombia, este tema tiene una particular vigencia, especialmente desde que los grupos paramilitares ampliaron su presencia en el país, en una espiral de violencia que desembocó, la semana pasada, en la proclamación de un paro armado para una importante parte del país. Sabemos, que el accionar de las bandas paramilitares no puede tener lugar sin la complicidad y el apoyo de importantes actores colombianos, las relaciones entre los diversos actores legales e ilegales con el paramilitarismo resulta bien conocido: En mi opinión, uno de los objetivos centrales en el corto plazo debe ser el de ‘cortar’ la relación de los paramilitares con otros actores que los apoyan y así, al dificultar sus apoyos institucionales, materiales, sociales y financieros, reducir su capacidad operativa y con ello fortalecer, no solo el proceso de paz, sino también el de la pacificación y democratización de Colombia.
 
El proceso de paz en el que se encuentra inmerso Colombia, es un desafío de por sí bastante difícil. El país está intentando abrirse paso a una nueva etapa en la convivencia, para lo cual necesita del apoyo de sus principales actores políticos, económicos y sociales. Que algunos se aproximen al proceso con miedos, dudas, aprehensiones e incluso escepticismo es comprensible, y no se puede criticar esta actitud. Este es un proceso nuevo para Colombia, y el temor a lo nuevo es una conducta muy humana. Por ello, es necesario acompañar a estos actores, garantizando la existencia de reglas claras para todo el proceso y la etapa posterior, y que también se garantice que estas reglas se cumplan. 
 
Por otra parte, la oposición al proceso por la vía democrática resuta algo perfectamente válido. La discusión y el debate son un eje central de la democracia funcionando, a la cual algunos actores se deberán acostumbrar en el futuro. 
 
Pero lo que no se puede permitir es que se sigan aplicando las prácticas que tanto daño han hecho a Colombia: las alianzas entre los grupos nuevos paramilitares y aquellos actores civiles que quieren perturbar el proceso por medio de la violencia.
 
Buena parte de los problemas de violencia que sufre y ha sufrido Colombia se deben a estas prácticas utilizadas por décadas y que muchos aún consideran efectivas. No creo que Colombia pueda esperar 40 años para condenar a los actores civiles que hoy le dan su apoyo al paramilitarismo, es necesario que se establezcan y apliquen reglas de juego claras y efectivas que obliguen a estos apoyos a asumir su responsabilidad penal por los hechos de las bandas paramilitares y eso incluye, especialmente, a aquellos que a la fecha nunca han sido demandados por ello.
 
* Abogado, analista político y doctor en ciencia política de la Universidad de Hamburgo.

Por Manfredo Koessl* / Especial para El Espectador, Alemania

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