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El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, hizo un llamado a las instituciones públicas y privadas para que tomen medidas urgentes que permitan ponerle freno a la violencia contra las mujeres, la cual viene incrementándose de manera preocupante y merece el rechazo de toda la sociedad.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Otálora destacó que diariamente se registran hechos violentos y discriminatorios contra las mujeres. Llamó la atención de los colombianos para que rompan con los estereotipos que se tienen frente a las mujeres y rechazar cualquier agresión que utilice como pretexto sus gustos, orientación sexual, deseo de autonomía o las actividades que realiza.
La violencia que ocurre contra una mujer por el hecho de serlo, es violencia de género, y se caracteriza por expresar las relaciones abusivas de poder y de subordinación entre hombres y mujeres, reforzar estereotipos y restringir las posibilidades reales para que las mujeres ejerzan plenamente su ciudadanía.
La Defensoría del Pueblo, a través de equipos especializados ubicados en 10 regionales del país ha podido evidenciar la violencia que afrontan las mujeres y salvaguardar la vida de 115 de ellas, dando respuesta oportuna y articulada desde las instituciones públicas.
Sin embargo, muchas historias terminan trágicamente, la ocurrida el pasado 10 de noviembre cuando una mujer de Bosa (Bogotá) murió junto a su cuñada y dos de sus hijos al ser atacada por su esposo con un machete. La misma suerte trágica sufrieron el 30 de octubre una mujer de 20 años que recibió 40 puñaladas estando en su casa, en Palmira (Valle), y Diana Ximena Castañeda, quien apareció descuartizada el 22 de octubre, siete meses después de haber sido atacada con arma blanca, recibiendo 90 heridas.
Este tipo de hechos exige actuar con premura para prevenir más muertes de mujeres, sobre todo cuando ellas ya han denunciado previamente hechos violentos y han solicitado ayuda de las instituciones del Estado. Según estadísticas del Instituto de Medicina Legal, durante el primer semestre del año 15.640 mujeres fueron víctimas de violencia intrafamiliar y otras 5.545 denunciaron haber sido víctimas de abuso sexual.
Los registros también indican que se han presentado 514 homicidios en Colombia en el que las víctimas fueron mujeres. Valle del Cauca, con 144 casos, es el departamento con mayor índice de muertes. Le siguen Antioquia, Bogotá, Atlántico, Norte de Santander y Cundinamarca.
Las cifras, y las denuncias que a diario reciben las autoridades o registran los medios de comunicación, revelan violencia contra la mujer que va desde el maltrato verbal, físico y psicológico hasta la agresión sexual.
Para la Defensoría del Pueblo, resultan preocupantes que las agresiones en muchas ocasiones resultan subvaloradas e invisibilizadas por los funcionarios que conocen y atienden los casos. “Es lamentable la impunidad y la falta de respuesta institucional que se convierte en otra forma de violencia contra la mujer, y afecta seriamente el goce de sus derechos. Cada día las mujeres afrontan dificultades para el acceso a la justicia que perpetúan estos actos violentos y permiten su repetición”, agregó Otálora Gómez.
Al respecto, recordó que el Estado colombiano está obligado, por los tratados internacionales que ha suscrito, a reconocer la violencia en contra de las mujeres como una violación a los derechos humanos y tiene el deber prevenir, sancionar y reparar, así como en brindar garantías de no repetición.
Adicionalmente, exigió a la Policía Nacional, a las Comisarías de Familia, a la Fiscalía General de la Nación, a la Rama Judicial y en general todos los entes implicados en impartir justicia y brindar medidas de protección, generar todos los mecanismos necesarios para que las niñas, adolescentes y mujeres sientan que este es un país que no solo cuida de ellas, sino que además sanciona y pone límites a quienes las violentan.
Por último, reiteró el compromiso de la Defensoría del Pueblo en defensa de los derechos de las mujeres y advirtió que mantendrá un seguimiento especial a la efectiva garantía de los mismos en el marco de las obligaciones del Estado colombiano, derivadas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y adoptadas en el derecho interno.