Se sabía de días atrás que existían varios puntos de desacuerdo que mantenían bloqueada la negociación, y aunque el jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, ya había dado algunos detalles sobre el asunto, fue el mismo jefe de Estado quien este lunes decidió explicar públicamente cuáles fueron las tres razones por las cuales el Gobierno no firmó el acuerdo.
La explicación de Santos coincidió en dos puntos con lo que ya había declarado De la Calle: la exigencia de que las Farc dejen las armas como requisito indispensable para su eventual participación en política y la necesidad de establecer garantías suficientes en las zonas que las partes acuerden para la dejación de armas con el fin de que los pobladores no queden desprotegidos, como ocurrió en el Caguán durante el proceso de paz con Andrés Pastrana.
El otro punto en discusión al que se refirió el mandatario pone el dedo sobre la llaga en un asunto crucial: la urgencia de establecer una fecha para que las Farc abandonen las armas. “El Gobierno exige una fecha fija, precisa y clara para que termine el proceso de desarme. Por ningún motivo esa fecha puede quedar abierta”, aseguró Santos.
El tema promete debate, sobre todo porque el Gobierno ha dejado claro en varias ocasiones que el desarme es el punto de partida para arrancar con la implementación de acuerdos como los relacionados con justicia y participación en política, para lo cual no solo se necesita una fecha fija en el calendario, sino también que las armas sean entregadas casi en su totalidad tan pronto los militantes se reúnan en las zonas de concentración. La propuesta de la guerrilla, sin embargo, va por otro lado. Insisten en que la dejación de armas debe ser un proceso progresivo que debe darse paralelamente con la implementación de lo acordado. Además, según lo establecido por las partes en el acuerdo sobre justicia pactado en La Habana, el desarme comenzaría 60 días después de la firma final, y sin nueva fecha establecida para finiquitar el proceso, el arranque se ve más lejos que nunca.
De cualquier forma, se trata de un debate espinoso que seguirá dando lugar a discusiones tanto en la mesa como por fuera de ella y de cuya resolución depende, en buena parte, la legitimidad del proceso de paz, pues hay escepticismo entre los colombianos sobre la verdadera disponibilidad de la guerrilla para entregar hasta el último fusil en su poder.