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Han sido cuatro años en los que la Marcha Patriótica (MP) ha pasado de ser un enigma en la arena política a convertirse en un movimiento con aspiraciones electorales. Su nombre está en el centro de los pronósticos de académicos, periodistas y hasta del propio Gobierno, de cara a los cambios que deberán darse en el sistema político en un eventual posconflicto, tras la firma de un posible acuerdo de paz con las Farc.
Así las cosas, a poco más de diez meses de las elecciones territoriales de 2015, el país se pregunta cómo se ha relacionado la Marcha con ese poder local y nacional, y qué está pasando alrededor de un movimiento que, sin depender de ellos, ve en los diálogos de La Habana el eje de su esperanza para intervenir activamente en la democracia participativa.
Esos son los interrogantes a los que responde una investigación de la Fundación Paz y Reconciliación, financiada por la agencia de cooperación estadounidense Usaid y conocida por El Espectador. Allí quedan claros los obstáculos y las oportunidades que se atraviesan en la participación política de este movimiento que nació el 20 de julio de 2010 con el Bicentenario de la Independencia, que se ‘tomó’ la capital con la movilización de cerca de 80.000 personas provenientes de todas las regiones del país en abril de 2012, y en la que, con el paso del tiempo, han ido confluyendo más de 2.000 organizaciones campesinas, estudiantiles, de víctimas, pacifistas y ambientalistas de izquierda. Organizaciones que, mayoritariamente, “se han constituido en las zonas que son teatro de operaciones del conflicto armado”.
El estudio de Paz y Reconciliación se enfocó en 4 de 23 departamentos donde hace presencia la Marcha Patriótica: Meta, Caquetá, Norte de Santander y Cauca. Allí, según señala el informe, su accionar ha estado cimentado en organizaciones campesinas con tradición en la defensa del territorio y de los derechos humanos. Mucapoc, en el Meta; Coordosac, en el Caquetá; Ascamcat, en Norte de Santander, y Fensuagro, en el Cauca, han catapultado la integración de movimientos más pequeños en la Marcha.
En el Meta, dice el documento, el movimiento cuenta con cerca de 5.000 personas; en el Caquetá, con 124 organizaciones y capacidad de movilizar a cerca de 6.500 militantes; en Norte de Santander son 35 organizaciones que representan a cerca de 15.000 campesinos (en su mayoría) y, en el Cauca, 57 grupos que pueden aglutinar a algo más de 10.000 ciudadanos.
En el Cauca, por ejemplo, “la actividad de la MP es bien vista entre los actores políticos locales consultados. Sin embargo, su agenda política enfocada en las reivindicaciones agrarias compite con procesos organizativos de indígenas y población afro que también los hay en los territorios (...) como el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) o con la Alianza Social Independiente (ASI), que tiene un caudal importante en el departamento”.
Mientras tanto, en Norte de Santander, “cuenta con un nivel de reconocimiento y aceptación alto. Incluso, dirigentes políticos y funcionarios de otras organizaciones políticas consideran que en los municipios en cuestión la MP podría participar en procesos electorales y obtendría buenos resultados. Aunque persiste el miedo derivado de las amenazas, éste es menor si se compara con lo que sucede en otras partes del territorio”.
En los municipios del Caquetá y el Meta, la MP “aglutina organizaciones de base que prefieren usar sus nombres tradicionales y no el del proyecto político. Esto se explica por tres razones: el miedo a la estigmatización, la devolución que hizo el Consejo de Estado de la personería jurídica a la Unión Patriótica y porque aún la MP no ha decidido salir a la competencia electoral” (el estudio se concluyó en mayo, antes de que anunciara su interés en participar en 2015).
La investigación clasificó las relaciones regionales de la Marcha entre conflictivas, cooperantes y neutras. Las primeras, las conflictivas, están relacionadas con el carácter reivindicativo y decididamente de izquierda de la MP y se combina “con la estigmatización de que es objeto, por surgir en zonas de conflicto y expresar en el plano político proyectos de las comunidades”. Esa realidad ha desembocado en “señalamientos de tener vínculos con la insurgencia armada”. Es decir, las relaciones de tipo conflictivo se dan, concluye el documento, con la Fuerza Pública.
También, sostiene Paz y Reconciliación, las relaciones de la MP con las Farc son de carácter neutro. Es decir, “actúa en zonas donde hace presencia esta organización armada ilegal, sin que eso implique vínculo orgánico alguno, aunque haya coincidencias en torno a las reivindicaciones del movimiento agrario y en la agenda de solución política al conflicto armado”.
En cuanto a las relaciones de cooperación, dice este informe finalizado en mayo del presente año, la Marcha las ha sostenido con organizaciones sociales, con las que se estrechan vínculos sobre la lucha por mejores condiciones de vida para las comunidades campesinas y con organizaciones políticas como el Polo Democrático o la misma Unión Patriótica. Con esos movimientos, la mayoría de la MP, que quedó en libertad de acción en las elecciones de 2014, cooperó electoralmente y, hoy, trabaja en alianzas para los comicios de 2015.
La investigación sostiene que la principal debilidad de Marcha Patriótica de cara a su participación en política es su corta edad. En la medida en que las diferencias internas entre las organizaciones más grandes se han presentado alrededor de la legitimidad del sistema electoral y de las reglas actuales de la democracia, este movimiento ha tenido que dejar en libertad a sus militantes en momentos claves, como las elecciones del primer semestre. También es necesario “avanzar en la capacitación de sus directivos y en el fortalecimiento de sus instancias deliberativas”.
El informe añade que la fortaleza de la MP está en su capacidad de “aliarse” con otras fuerzas vivas de las regiones y en la esperanza que se teje en las zonas de conflicto para la superación de la guerra. En otras palabras, “mientras en las regiones esta nueva fuerza ha sido positiva y esperanzadora para las comunidades, a nivel de instituciones gubernamentales se mantiene un ambiente que propicia la estigmatización y obstaculización del accionar de la Marcha Patriótica”.
Desde su nacimiento, este movimiento ha dicho que sus esfuerzos irán más allá de la coyuntura electoral. El primer punto de su programa es la solución política al conflicto armado y, en ese sentido, ha sido muy activo en utilizar los mecanismos de participación abiertos por las comisiones negociadoras del Gobierno y las Farc en Cuba.
Según Paz y Reconciliación, el segundo acuerdo firmado por las partes en La Habana, el de participación en política, corresponde en buena medida a las propuestas enviadas por la Marcha a la mesa de conversaciones. “En este preacuerdo se anticipa que los movimientos sociales podrían tener estatus político. Eso significa que para tener incidencia y acceso a recursos, organizaciones como la MP no tendrán que constituirse en partidos. En ese sentido, lo que pase en La Habana (la posibilidad de un acuerdo final) afecta directamente a la MP”.
La dirigencia nacional de la Marcha no ha unificado posturas en cuanto a la posibilidad de que futuros exguerrilleros participen en política a través de su movimiento. Tras preguntar si la Marcha podría consolidarse como “la pista de aterrizaje” de las Farc en la vida democrática, las respuestas obtenidas por la Fundación con los militantes de la MP varían.
“Unos consideran que esa es una forma de estigmatizar al movimiento, pues sugiere una relación directa con la guerrilla. Otros, sin embargo, creen que la posibilidad de abrigar a desmovilizados no está cerrada. No obstante, hay claridad en que ese escenario sólo será posible después de un acuerdo que ponga fin al conflicto”. Y es que, está claro, hay una especie de cordón umbilical entre la MP y la experiencia de la Unión Patriótica que ha llevado a que los propios voceros del movimiento hayan planteado su disolución antes de que se repita el exterminio del que fue víctima ese partido, que también nació de las expectativas de un proceso de paz.
Según cuentas de la Marcha, y validadas por la Fundación, desde 2012, cuando se le dio a la organización el rótulo de movimiento social y político en la movilización de Bogotá, hay 48 víctimas de asesinatos y desapariciones en sus filas. Aún más, hay cerca de 350 integrantes judicializados. La mayoría de ellos vinculados a investigaciones después de las movilizaciones campesinas de 2013.
La Marcha ha sido categórica en que las garantías para su ejercicio político no pasan exclusivamente por la asignación de guardaespaldas, sino por la construcción de un estatuto de la oposición y la erradicación de los discursos estigmatizadores de los funcionarios públicos. Incluso, advierte el informe, “el movimiento está en una zona vulnerable (...) urge un reconocimiento público y político de que este movimiento tiene derecho a disentir y a estar en oposición a pesar de que aún no haya un acuerdo de paz”.
Es posible advertir que, desde que se finalizó esta investigación, algo se ha avanzado en el reconocimiento de la Marcha como un actor político con la instalación de la mesa de diálogo permanente del gobierno Santos y la Cumbre Agraria, de la que es parte fundamental la MP (ver balcón).
Aunque su futuro esté relacionado con el buen puerto de la negociación de La Habana, está claro que la participación de la MP en las elecciones de 2015 es legítima y no depende de ninguno de los actores que negocia la paz. Habrá que ver si el país aprendió la lección y abre las puertas de la democracia a quienes hablan desde la Colombia profunda, donde suenan los fusiles y hay que construir confianza en la democracia formal.
La esperanza del Frente Amplio
Durante las presidenciales de este año, cuando el debate electoral se centró en la continuidad de los diálogos con las Farc, figuras de la Marcha Patriótica y de otros movimientos de izquierda se aliaron para respaldar la candidatura del presidente Juan Manuel Santos bajo el nombre del Frente Amplio por la Paz.
Una vez concluido el episodio electoral, con victoria de la Unidad Nacional, sectores del Polo Democrático, la Alianza Verde, Progresistas, el Congreso de los Pueblos y la propia Marcha empezaron a construir los cimientos de una plataforma que rodee los diálogos con la guerrilla y que, posiblemente, se convierta en una coalición de cara a las elecciones municipales y departamentales del próximo año.
El reconocimiento de la Cumbre
A partir de las movilizaciones campesinas de 2013, varios movimientos con arraigo en lo agrario construyeron la Cumbre Agraria, Étnica y Popular, una organización en la que confluyen la Marcha, el Congreso de los Pueblos, la Organización Nacional Indígena y el Proceso de Comunidades Negras, entre otros movimientos populares.
Después de meses de reuniones con el Ministerio del Interior, el presidente Juan Manuel Santos firmó un decreto en el que instaló permanentemente una mesa de concertación con la Cumbre para discutir las políticas agrarias. Si bien no tiene poder de decisión, el reconocimiento político es visto como una victoria por quienes la componen.