De acuerdo con el monitoreo realizado por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, durante el tercer mes del cese unilateral al fuego y a las hostilidades que, por tiempo indefinido, decretó la guerrilla de las Farc, no se han reportado acciones bélicas, hostilidades o ataques armados que puedan considerarse violatorios de dicho anuncio.
De la misma forma, entre el 20 de febrero y el 19 de marzo de 2015, no se ha conocido de ataques armados con efectos indiscriminados, ni atentados con artefactos explosivos contra la infraestructura vial, energética y petrolera que puedan considerarse como un incumplimiento a lo anunciado por las Farc.
Sin embargo, la Defensoría del Pueblo considera preocupante otro tipo de acciones de las Farc que resultan claramente violatorias de los Derechos Humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) de los ciudadanos en las zonas de influencia donde han concentrado su acción, particularmente en Arauca, Norte de Santander, Meta, Guaviare, Vichada, Chocó, Tolima, Córdoba, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caquetá, Huila y Putumayo.
En estos departamentos, los habitantes resultan ser víctimas de amenazas, extorsiones, secuestros, homicidios selectivos, accidentes por minas antipersonal, restricciones a la movilidad, imposición de manuales de conducta y desplazamientos forzados, que en algunos casos se atribuyen a éste grupo guerrillero.
Según el seguimiento que hace el SAT de la Defensoría, durante el tercer mes de seguimiento al cese de hostilidades de las Farc, se presentaron 9 enfrentamientos entre miembros de este grupo guerrillero y la fuerza pública, la mayoría en el marco de las operaciones militares de registro y control del Ejército Nacional en los departamentos de Tolima, Meta, Cauca, Huila, Chocó, Vichada y Caquetá.
De otro lado, no obstante el significado y la importancia de la declaratoria de desminado en el marco de los diálogos entre el Gobierno Nacional y las Farc, la Defensoría del Pueblo manifiesta su preocupación con respecto a esta grave infracción al DIH, pues la población civil sigue expuesta a la existencia de campos minados, que a juicio de esta entidad deben ser identificados, delimitados y señalizados de forma urgente, con el propósito de que sean removidos prontamente, para salvaguardar la vida e integridad personal de la población.
Durante el último mes, el SAT de la Defensoría ha reportado un total de 7 accidentes e incidentes con minas antipersonal y con activaciones de artefactos explosivos. Al respecto, la Entidad llama la atención sobre el alto riesgo al que están expuestas particularmente las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas.
Entre las otras acciones que afectan a la población civil, el SAT de la Defensoría ha reportado 3 situaciones de amenazas y extorsión; 2 situaciones relacionadas con el desplazamientos forzados, una de las cuales está relacionada con un secuestro; y 7 situaciones de restricción a la movilidad y control territorial.