Efecto general en La Habana

En la mesa se dan primeras puntadas del debate sobre redefinición del delito político y condiciones para desescalar el conflicto.

Redacción Política
23 de noviembre de 2014 - 01:06 p. m.
El general Rubén Darío Alzate (izq.)  fue privado de la libertad  en el corregimiento de Las Mercedes (Chocó). / AFP
El general Rubén Darío Alzate (izq.) fue privado de la libertad en el corregimiento de Las Mercedes (Chocó). / AFP

Si no se hubiera atravesado la privación de la libertad del general Rubén Alzate y sus dos acompañantes en Chocó, el país estaría hoy discutiendo la redefinición del delito político. Tres días antes del suceso, el jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, reconoció que tal como se plantea hoy está alejado de la realidad del conflicto. En consecuencia, una vez se supere la crisis, que el presidente Santos anunció para los próximos días, volverá a ser el tema clave de cara al debate sobre la justicia.

En otras circunstancias, el caso del general Alzate o el de los dos soldados en Arauca, que habría dado al traste con los diálogos, esta vez demostró estabilidad de la mesa de diálogos, sobre todo por tratarse de la primera vez que se suspende por razones de la guerra. En el fondo quedó planteada la necesidad de avanzar en el desescalamiento de la confrontación, tema del que ya se venía hablando respecto a situaciones como ataques a infraestructura, reclutamiento de menores, desminado o bombardeos.

En otras palabras, sin que se haya evacuado la discusión sobre las víctimas y a pesar de que persisten hechos de violencia, para los entendidos se acerca el momento de discutir el fin del conflicto. Un punto en el que el acuerdo general, firmado en agosto de 2012 incluyó aspectos concretos: cese del fuego y de hostilidades, dejación de armas y garantías de seguridad, entre otros. Un escenario que requiere una fórmula de justicia transicional con legitimidad internacional y solución digna para los combatientes.

Es decir, después de la tempestad que hizo pensar en el regreso de los inamovibles entre el rescate militar y la entrega de secuestrados, cuando se den las liberaciones se retomará el diálogo donde había quedado: la visita de la última delegación de víctimas, el abrebocas de la discusión entre los militares activos que integran el Comando Estratégico de Transición y los jefes insurgentes del Comando Guerrillero de Normalización, y el tema de la justicia con la necesidad de redefinir la conexidad del delito político.

Un asunto que por ahora se circunscribe a dos delitos: narcotráfico y secuestro. El primero, un tema más político que jurídico que pasa por la lupa de Estados Unidos. El segundo, crítico para la opinión pública nacional por las cicatrices que ha dejado su larga incidencia en el conflicto colombiano. Estos temas se deben resolver antes de que se empiece a definir y reglamentar el modelo adecuado de justicia transicional que se requiere para que guerrilla y Estado puedan avanzar hacia el acuerdo final.

Por lo pronto, desde la delegación del Gobierno hay un punto de partida que le da confianza: la reforma constitucional conocida como el marco para la paz, ratificada en dos sentencias por la Corte Constitucional. Un techo que hace obligatoria la búsqueda de la solución al conflicto. A partir de ese deber constitucional, la tarea es buscar rutas diferenciadas para que insurgencia y Fuerzas Amadas puedan solucionar sus dilemas judiciales, exigiendo altos estándares de respeto por los derechos de las víctimas.

Una misión compleja. No solo para la búsqueda del instrumento adecuado para resolver las cuentas de la guerrilla, sino también por la del mecanismo que debe utilizarse respecto a las deudas judiciales de los militares. En el primer aspecto fue el fiscal Montealegre quien aportó la idea de enfocar la acción sobre los máximos responsables. En cuanto a los uniformados, por ahora nadie habla del tema, pero el presidente Santos advirtió que los beneficios que se le den a la guerrilla se les darán a los militares.

La guerrilla ha dicho que no paga un día de cárcel. El Gobierno sabe que eso es impopular y se lo va a exigir en algún momento. Entre tanto, se avanza en la constitución de una comisión de la verdad histórica del conflicto. La Corte Penal Internacional ha advertido que no va a transar en lo que tiene que ver con crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Una situación que por ahora tiene un primer obstáculo: la actualización penal del delito político con la realidad de la guerra.
Hay quienes creen que todo puede terminar en una amnistía general o una ley de punto final, que incluya por igual a guerrilleros y militares, aunque con rutas diferenciadas. Incluso, se evalúan sentencias de la justicia internacional en el marco de otros conflictos internos para examinar hasta dónde es posible. Lo cierto es que el tema de la justicia apunta a ser al mismo tiempo el del fin del conflicto. Lo otro es el reto de desescalar la guerra, como lo reconoció Santos.

Desde el principio de la negociación, se acordó dialogar en medio del conflicto. La crisis de esta semana puso a prueba estos principios. Aunque por ahora solo se tienen las coordenadas donde se realizarán las liberaciones en Chocó y Arauca, el propio Humberto de la Calle admitió que hay imprevistos que toman dimensiones exageradas y los obligan a estar vigilantes. La guerra va a seguir y el desafío en Cuba es cómo desactivarla. Nada será más difícil que el momento en que guerrilleros y militares definan sus cargas con la justicia.

 

Por Redacción Política

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