:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/YvvdG_jwJSO7VM7rQQpDl_U4lJg=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/MJ27RPJ4UVHOFN7S4U2UW4A72U.jpg)
En la tarde del miércoles, de manera sorpresiva, llegó al Consejo Nacional Electoral (CNE) Hollman Ibáñez, quien se pretende posesionar como nuevo magistrado en ese tribunal, en reemplazo del fallecido Heriberto Sanabria, fallecido en la madrugada del pasado 6 de septiembre luego de estar varios días hospitalizado por problemas de circulación.
El caso particular es que Ibáñez, ficha del partido cristiano Colombia Justa-Libres, no se posesionaba a través del Congreso de la República, sino que lo hacía a través de la Notaría 27 de Bogotá. En compañía del senador Jhon Milton Rodríguez, de ese partido, Ibáñez llegó reclamando su lugar en el tribunal electoral, arguyendo que el Senado de la República, de manera “politiquera”, estaba retrasando su posesión como magistrado.
“Es nuestro derecho y aquí estamos para ejercer como magistrados del Consejo Nacional Electoral a partir de ahora”, dijo Ibáñez en declaraciones recogidas por Noticias UNO. “Hoy tenemos un acta del Congreso de la República donde dice que quien sigue en el orden descendente y consecutivo de la plancha número uno, integrado por el Centro Democrático, Colombia Justa-Libres, MIRA, Liberal y Conservador, sigo ahí, estoy en el puesto siete de esa lista”, agregó Ibáñez.
Por su parte, el senador Rodríguez expresó que “es muy evidente, después de tener de parte del presidente del Congreso la manifestación de que él se acompañaría del concepto de la Procuraduría, y esta, una vez dado el concepto, pone en evidencia de que la persona que debe posesionarse es el número séptimo en dicha plancha, y no hacer caso a ese concepto de la Procuraduría sino pedir otro concepto, es evidencia de un manejo politiquero al cual no nos vamos a prestar”.
En un comunicado del partido Colombia Justa-Libres, enviado el 2 de octubre, se señala: “El nombre del doctor Hollman Ibáñez Parra figura en la plancha aprobada por el Congreso de la República el día 29 de agosto del año 2018, pues cumple todos los requisitos de ley para ocupar un cargo en el máximo tribunal electoral del país”.
En efecto, el presidente del Senado, Lidio García, señaló que en el proceso de provisión de la vacante definitiva producida por el fallecimiento del magistrado Sanabria se pidió un concepto a la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado para tomar una decisión “fundamentada exclusivamente en los mandatos constitucionales y legales aplicables al asunto”.
El pasado de Ibáñez
Sin embargo, hay varios cuestionamientos alrededor de Ibáñez, quien, dentro de su hoja de vida, tiene el haber sido abogado del bufet de Abelardo de la Espriella. En agosto de 2018, la postulación de Ibáñez en el Congreso fue rechazada porque, de acuerdo con la gaceta que registró lo dicho por la Comisión de Acreditación de esa corporación, este no acreditaba “la experiencia profesional exigida por la Constitución”. Es decir, era inelegible para ese cargo.
Contexto: ¿Una Registraduría paralela?
Ante la preocupación de varios aspirantes de quemarse en esas elecciones, en la Registraduría Nacional salió a colación el nombre del grupo de abogados que se decían “expertos en el manejo de procesos electorales”. A uno de los candidatos, cuya elección estaba en la cuerda floja, le llegó una “oferta” que incluida vigilancia de escrutinios, “orientación y direccionamiento de las actuaciones de los testigos” y presentación de impugnaciones a decisiones adoptadas, en caso de ser necesarias.
¿El precio del servicio? $ 2’500.000 por cada día y en cada departamento en el que se tuviese que trabajar. El compromiso de Procesos Electorales S. A. era entregar el diagnóstico de la situación en 10 días. El negocio, en principio, fue explicado por dos personas identificadas como Luis Yesid y Fernando Villarraga, quienes, palabras más palabras menos, concluyeron que la inversión sería de alrededor de 500 millones de pesos y que al menos otros cinco candidatos estaban optando por utilizar la firma para solucionar sus elecciones.
La firma estaba constituida desde 2003 y entre sus socios fundadores, además de Henry Villarraga, fungían Alfonso Portela Herrán y Carlos Ariel Sánchez, exregistrador nacional. En 2007 hubo un cambio en su conformación accionaria y en los papeles legales vigentes para 2010 figuraba Hollman Giovanni Ibáñez Parra, entonces director del Censo Electoral de la Registraduría y cuya parte accionaria había sido recibida de manos de Sánchez. Cuando se conoció el funcionamiento de esa empresa en los medios, en 2010, Ibáñez cedió lo recibido por Sánchez a un tercero llamado Fernando Zabala Chacón y renunció a ser miembro suplente de la junta directiva de la compañía
Ibáñez salió de ese cargo en agosto de 2011, un año después de que se destapara el escándalo y en medio de denuncias del entonces presidente Juan Manuel Santos, quien argumentaba que dos candidatos a la Alcaldía de Cali tenían problemas con sus firmas con sus firmas y que algo raro pasaba en esa ciudad. Según registró El Espectador en esa época, fue Ibáñez quien “aportó el diagnóstico que tiene en aprietos a dos candidatos a la Alcaldía de esa ciudad, dando pie a la réplica de los mismos aspirantes, que denuncian sospechosas conductas en el organismo”.
Lea también: Las huellas del exdirector del censo
En 2013, la Fiscalía General archivó el caso contra Procesos Electorales S. A. porque, dijo el ente investigador, no se encontraron méritos sobre la supuesta alteración de resultados electorales. “No se puede tipificar, como una conducta penal de aquellas que se encuentran estipuladas dentro de los ‘Delitos Contra los Mecanismos de Participación Democrática’”, anotó la Fiscalía.
El Espectador intentó contactar a Ibáñez para conocer su posición frente a los cuestionamientos que resurgieron ante su eventual posesión como magistrado del CNE y sobre el cumplimiento de los requisitos, pero no fue posible hasta el momento de publicación de este artículo.