El plan para el posconflicto

Según Planeación Nacional, el escenario del posconflicto requiere mucho más que la dejación de armas de los combatientes. / AFP

Acabar medio siglo de conflicto armado es mucho más que desmovilizar combatientes y recuperar el monopolio de las armas por parte del Estado. En la trasescena del ajedrez de la guerra, mientras avanzan las negociaciones con las Farc en Cuba, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) afina los últimos detalles de la hoja de ruta del gobierno Santos para el posconflicto. Un derrotero incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, que será radicado el próximo 6 de febrero ante el Congreso y cuyas bases conoció El Espectador.

Se trata de un ambicioso plan para garantizar los derechos de las víctimas, la eficiente administración de justicia, la consolidación de la seguridad, la reducción de la minería ilegal, la depredación ambiental y la pobreza, así como la construcción de la paz desde un enfoque territorial. En uno de los documentos, titulado “Colombia en paz”, el DNP sostiene que hace apenas 15 años el territorio nacional llegó a su pico en plantaciones de coca con más de 163 mil hectáreas, se reportaron más de 3.500 secuestros y una tasa de 69 homicidios por cada 100 mil habitantes.

A pesar de los esfuerzos del Estado, el conflicto persistió en la última década, así como se dio la adopción de instrumentos de justicia transicional o leyes de víctimas y de restitución de tierras. En 167 municipios del país se registró fuerte presencia de las guerrillas, entre 2000 y 2012, y se evidenció un patrón demográfico de concentración de la impunidad en Chocó, Nariño, Cauca, Putumayo, Meta, Guaviare, Vaupés, Vichada, Arauca y Norte de Santander. Una radiografía que, según el DNP, revela que entre 2011 y 2014 el 60% de las acciones armadas ocurrieron en Antioquia, Putumayo, Arauca, Norte de Santander, Nariño y Cauca. Precisamente, los territorios donde emergió la minería ilegal.

El documento advierte que ni las Farc ni el Eln cuentan con la fuerza militar que tuvieron hace tres lustros para lograr su objetivo de tomarse el poder por las armas, pero reconoce que no están derrotadas y que podrían prolongar una guerra de baja intensidad durante años. Por eso plantea echar mano de lo que califica como “infraestructuras de paz” para asegurar los derechos de las víctimas al tiempo que se interviene para reducir la brecha de pobreza entre el campo y la ciudad. La alta incidencia de informalidad en los derechos de propiedad de la tierra y un escenario en el que más de 600 municipios del país presentan serios problemas de infraestructura vial y social, son apenas dos ejemplos del atraso histórico del país.

Según estudios académicos, el conflicto le cuesta a la economía colombiana entre 0,5 y 8,32 puntos porcentuales de su tasa de crecimiento anual. “Si la tasa de crecimiento anual de Colombia entre 2000 y 2009 estuvo alrededor de 3,8%, el conflicto armado le pudo haber costado a Colombia más del 100% de su tasa de crecimiento anual promedio en ese mismo período”, revela el DNP. “La paz es un requisito para el restablecimiento de los equilibrios necesarios entre el uso y la conservación de los recursos naturales”. Entre los objetivos trazados hay un llamado urgente por atender las secuelas de la guerra en el campo. “En un escenario optimista, donde los ataques de las Farc se redujeran en un 100%, el Producto Interno Bruto aumentaría anualmente 4,4%”.

Para Planeación, el sector empresarial será clave para sostener esa paz estable y duradera a través de oportunidades económicas que logren romper los ciclos de violencia y exclusión social. Asimismo, la cooperación internacional tendrá una posición relevante en tanto todas las agencias internacionales, diplomáticas y ONG dispongan de recursos, capacidad técnica y confianza en los territorios en los que se desarrollará el posconflicto. Allí será de vital importancia “la conexión entre la paz y el medio ambiente”, hoy atravesada por los filones del narcotráfico y la minería ilegal. “Para ello es necesario lograr un aumento en el acceso a la tierra, pues sólo el 36,4% de los hogares rurales tienen acceso a la misma”. Esa Colombia del posconflicto estaría soportada en cuatro pilares: la garantía de los derechos a todos los ciudadanos, el enfoque territorial para cerrar las brechas entre lo urbano y lo rural, la profundización de la democracia participativa y la reconstrucción de la confianza entre ciudadanos como base para la reconciliación. “Hoy sólo el 4% de los ciudadanos dicen poder confiar en la mayoría de los colombianos”.

Una de las claves planteadas por el DNP será fortalecer los procesos de desarme y reinserción de los combatientes, en claro guiño al proceso de La Habana, “mediante la adopción de medidas temporales excepcionales que permitan la reintegración a la comunidad política, al ejercicio de la ciudadanía en todos los territorios y al disfrute de garantías para ejercer sus derechos políticos desligados de las armas”. El DNP plantea incrementar la infraestructura vial y social de los territorios más afectados por la guerra con el objetivo de integrar económica y socialmente esas regiones apartadas con el centro. Además, revolucionar la conectividad digital para llevar la presencia del Estado a las zonas más lejanas y promover el desarrollo local sostenible, en tanto está claro que “el escenario geográfico del conflicto han sido las regiones con un alto valor ambiental”.

¿Cómo acabar ese círculo vicioso entre ausencia o débil presencia del Estado, un conflicto armado, la multiplicación de economías ilegales, la degradación ambiental, entre otros?, se pregunta el DNP, y sostiene que sin adecuadas políticas de justicia transicional, derechos de las víctimas e implementación de planes permanentes de seguridad sería imposible atender esos desafíos. En los últimos cuatro años, 54 jefes de las Farc, 17 del Eln y 42 de las bandas criminales fueron abatidos o arrestados por las autoridades, se incautaron 248 toneladas de explosivos, se evitaron 887 atentados terroristas y se destruyeron casi 70 mil artefactos explosivos. No hay duda que la intervención en seguridad impidió que en el 90% del territorio nacional se presentaran ataques.

Pero hay otros frentes por resolver, como el costo de los crímenes en el ciberespacio, que le cuestan al país US$3.600 millones, lo que representa el 1% del PIB. Además, la minería ilegal se identificó en 340 municipios de Colombia, de los cuales las Farc tienen presencia en 87 de ellos, las bacrim en 118 y el Eln en 30. Un panorama de intereses cruzados que debe acabarse para garantizar espacios de relativa paz en el posconflicto. Aún más, las cifras del contrabando ascendieron a US$6 mil millones anuales y el lavado de activos a US$10 mil millones. Esto representa el 3% del PIB colombiano. Si no se detiene ese desangre, resultará insuficiente desmovilizar a las guerrillas.

Además, se plantea una política frente a las drogas para seguir el descenso de las hectáreas cultivadas con coca, que en 2013 fueron 48.189. Todo ello mientras se ofrecen asistencia y reparación a 6’864.934 víctimas. Según el DNP, se implementarán estrategias diferenciales para las víctimas de los pueblos indígenas (138.485), afrodescendientes (641.194), ROM (29.175) y mujeres (3’399.252). Respecto a los procesos de desarme, a septiembre de 2014 en Colombia se habían desmovilizado 56.782 personas y “la experiencia señala que la política de reintegración ha tenido un éxito cercano al 76%, es decir, la reincidencia criminal en solo uno de cada cuatro casos”.

Según las proyecciones del DNP, “en un eventual escenario de posconflicto se mantendrá un pie de fuerza militar estable por un período de transición de al menos 10 años con el objetivo de asegurar la irreversibilidad de los acuerdos alcanzados y disuadir el desarrollo de cualquier amenaza”. En esa ecuación, en donde las Fuerzas Armadas empiezan a evaluar seriamente un eventual posconflicto, al Estado le corresponde lograr la reconciliación garantizando la reparación de las víctimas, planes de reintegración de combatientes, el posible salto a la política de los mismos, la lucha contra el narcotráfico, la minería y el lavado de activos, así como la articulación del centro con la periferia. En el ajedrez de la paz, la posible dejación de armas de las guerrillas es bastante poca.

Informe de la Comisión Histórica, listo

El 13 de febrero, al finalizar el ciclo 32 de las negociaciones, la Comisión Histórica que fue creada para develar los “principales factores y condiciones que han facilitado o contribuido a la persistencia del conflicto” armado, así como sus “orígenes” y sus “múltiples causas”, entregará su informe final a los negociadores de Gobierno y Farc. La Comisión está conformada por Gustavo Duncan, Vicente Torrijos, Daniel Pécaut, Francisco Gutiérrez, Alfredo Molano Bravo, Jorge Giraldo, María Emma Wills, Renán Vega, Darío Fajardo, Malcolm Deas, Jairo Hernando Estrada, Sergio de Zubiría, Eduardo Pizarro Leongómez (relator) y Víctor Manuel Moncayo (relator).

Las claves de la paz, según Simón Gaviria

Consultado sobre este tema, el director del DNP, Simón Gaviria, manifestó, que para alcanzar ese objetivo de seguridad, justicia y democracia para la construcción de paz es necesario incorporar “seis estrategias puntuales orientadas a la superación de la situación de vulnerabilidad causada por el desplazamiento forzado por la violencia, la reparación integral de las víctimas del conflicto armado, la reparación colectiva a las víctimas del conflicto armado, los retornos y las reubicaciones urbanas y rurales de las víctimas de desplazamiento forzado por la violencia y la restitución judicial de tierras, la reconstrucción de la memoria y el esclarecimiento de la verdad del conflicto armado interno y el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación de la política de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas”.

Así mismo, resaltó Gaviria que “a partir de los desafíos que se plantean en materia de conservación y aprovechamiento sostenible del capital natural del país, tras las transformaciones en el territorio derivadas de la actividad económica y la presión poblacional como generadoras de condiciones de conflicto en las últimas décadas, la estrategia transversal de ‘Crecimiento Verde’ en el Plan Nacional de Desarrollo busca el ordenamiento territorial de acuerdo a su vocación para promover actividades productivas que contribuyan a la conservación de zonas estratégicas, garantizando la oferta de recursos en calidad y cantidad de bienes y servicios ambientales, de tal forma que no sean factores detonantes de nuevos escenarios de conflicto y que permitan reducir los conflictos sociales entre la población, como un aporte a la construcción de paz”.

Por último, el alto funcionario aseguró que “el propósito es que en el próximo cuatrienio, de 4.334 personas que han culminado de manera exitosa su proceso de reintegración (con corte a 2013), se pase a 18.000 en 2018. Igualmente, el programa acompañará en el proceso de reintegración para el cumplimiento de su ruta de reinserción a un número personas que irá descendiendo de 30.693 en el 2013 a 26.493 en el 2018. Así mismo, los beneficios de inserción económica otorgados pasarán de 885 en el 2013 a 8.640 al final del período”. Esas son por lo pronto las cuentas del director del DNP, pero está claro que muchos de estos cálculos quedarán sujetos al resultado de los avances en el proceso de paz en La Habana, Cuba, con las Farc
 

* jlaverde@elespectador.com / @jdlaverde9