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Parece un déjà vu, una escena que de tanto repetirse parece haber perdido sentido y ya no genera impacto en la sociedad. Aún así el desplazamiento masivo en Chocó es la prueba clara de una preocupante realidad: la grave crisis humanitaria por cuenta del conflicto armado que sigue arraigado en la región.
Los cálculos de la Defensoría del Pueblo señalan que de los 30 municipios que tiene el departamento, 20 se encuentran en alerta como consecuencia de los enfrentamientos entre el Eln y las bandas criminales que pululan en la zona.
Otras cifras plantean un panorama más alarmante. De acuerdo con el último informe de Indepaz, en Chocó hay un total de 26 municipios con presencia de grupos narcoparamilitares: en cuatro el grado de intensidad es bajo; en seis, medio, y en 16, alto. Puntualmente, señala el documento, en la zona hace presencia con fuerza el clan del Golfo (que también opera bajo el nombre de Autodefensas Gaitanistas) en 24 municipios y, en los otros, grupos como los Rastrojos y la Empresa.
Más de 4.000 personas desplazadas y el aumento considerable en los casos de secuestro han sido el efecto inmediato del fenómeno que ha sido alertado no pocas veces por organizaciones sociales, étnicas y eclesiásticas.
En entrevista con El Espectador, monseñor Juan Carlos Barreto, quien como obispo de la Diócesis de Quibdó ha hecho seguimiento a los problemas de violencia en la región, explica cuáles son las causas profundas de la crisis que se registra en el departamento, al que parecen no haber llegado los beneficios de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc.
El fenómeno de la presencia de bandas criminales no es nuevo en Chocó. ¿A qué se debe que se haya incrementado su accionar en los últimos meses?
En Chocó siempre han existido las bandas criminales y los paramilitares que han estado, por ejemplo, en la región del Baudó, en San Juan, Bajo Atrato y algunos sectores del Alto Atrato, sin embargo, ahora que las Farc han dejado algunas zonas en las que había narcotráfico o minería ilegal, pues es claro que hay una oportunidad para que ellos ocupen estos territorios.
Zonas que también quiere controlar el Eln...
La disputa entre las bandas criminales y el Eln no es nueva, ha habido muchos momentos, por ejemplo en el Alto Baudó, en los cuales se han enfrentado. En 2014 hubo un desplazamiento de 3.000 personas a causa de ese enfrentamiento. Han estado siempre ahí, pero a raíz de la salida de las Farc ha incrementado tanto el apetito del Eln como el de las bandas criminales para crecer en cuestión delincuencial.
Pero el Gobierno ha insistido en que ha centrado sus esfuerzos en controlar los vacíos de poder que han dejado las Farc en los territorios. ¿No ha pasado eso en Chocó?
Hay un esfuerzo general por parte de la Fuerza Pública, pero el problema es muy complejo. Hay motivos para la ilegalidad como lo son el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal. Esos son negocios muy rentables que alimentan la presencia de los ilegales, pero también en algunas regiones se ha denunciado la falta de un mayor compromiso por parte de la Fuerza Pública.
¿Falta de compromiso en qué sentido?
Nosotros hablamos de bandas criminales y de paramilitarismo porque tenemos informaciones de que en algunos sectores hay todavía relaciones de connivencia con la Fuerza Pública, ahí se configura una situación de paramilitarismo. El trabajo de la Fuerza Pública sería hacer una depuración para que esas personas no sigan actuando a nombre del Estado. Esa es una revisión interna. No se puede decir que todo el fenómeno obedece al paramilitarismo o que toda la Fuerza Pública esté involucrada en estas dinámicas, pero tampoco hay que desconocer que en algunos casos se configura esa relación de connivencia.
Es decir, ¿sigue sin sentirse la presencia del Estado en el departamento?
No se siente ni la administración nacional, ni departamental, ni municipial, no hay una respuesta sistemática. Nosotros hemos pedido que se haga una mesa interinstitucional e intersectorial en la que se logre crear conciencia sobre la situación y se resuelva la problemática. Pero las cifras lo siguen diciendo, no hay solución al problema del desempleo, no hay mayor oferta académica para los jóvenes y no hay servicios públicos en zonas marginales. Se han hecho algunos esfuerzos, pero son insuficientes. Hacen cosas que son coyunturales, pero que no suplen la esencia del problema. Aquí no hay un plan macro que dé esperanza y uno pueda decir que dentro de 5 o 10 años esto realmente va a mejorar significativamente.
Y tampoco se ha sentido un cambio con el proceso de paz con el Eln...
Es una mesa muy incipiente, que está comenzando y, teniendo en cuenta que se negocia en medio del conflicto, eso hace que no se pueda aspirar a otras dinámicas de un mayor compromiso como con las Farc. La esperanza es que esa mesa vaya dando sus frutos. El que haya una propuesta de desminado es un paso importante, pero falta todo un camino por recorrer.
¿Pero se mantienen en Chocó el reclutamiento y la extorsión?
Todavía hay denuncias de comunidades, especialmente de indígenas, en las que se habla de reclutamiento de menores.
Y también desde la Diócesis han manifestado la preocupación por el aumento de la violencia urbana...
Hay una situación de inseguridad fuerte y es muy difícil saber realmente de dónde viene la violencia. En Quibdó, por ejemplo, se habla de grandes bandas que operan en la ciudad, algunas se identificaban más con las Farc y otras con las Autodefensas Gaitanistas. Esta situación viene de hace tiempo y la mayor parte de víctimas y victimarios han sido los jóvenes. Pero el fenómeno es consecuencia del abandono del Estado, un Estado que no se ha preocupado por la educación, por resolver las necesidades básicas de la comunidad ni por hacer presencia en estos sectores marginales.