:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/EF1-fi3RFK9eb1TEVhLowSYZj2Q=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/A6MFVT4WLRCHPIQ5OQ2JWAORGE.jpg)
Al cierre de la primera legislatura en el Gobierno de Iván Duque, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, se declaró satisfecha por el trabajo realizado en el Congreso de la República, donde a pesar de no contar con amplias mayorías logró sacar adelante las iniciativas más importantes para el Ejecutivo: una reforma tributaria, mediante la llamada ley de financiamiento; el Plan Nacional de Desarrollo o la reforma al sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Tics).
(Este es el balance que el Gobierno hace del primer año legislativo)
El primer proyecto que el Gobierno Duque logró aprobar, a mediados de agosto de 2018, fue la ley que define el presupuesto general de la Nación para el año 2019. Los congresistas destinaron un presupuesto de $258,9 billones, de los cuales $160,2 billones se destinaron para funcionamiento, y $46,8 billones a inversión. El sector de educación obtuvo la mayor partida presupuestal, con $41,4 billones.
La prórroga de ley de orden público fue el segundo éxito legislativo del Gobierno Duque, a pesar de los intensos debates que suscitó. Y aunque la norma es prorrogada por todos los gobiernos, en ella cada administración incluye su visión. Por eso, la administración Duque dispuso la creación de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral, donde el Estado concentrará su acción militar e institucional para enfrentar la criminalidad en los 170 municipios priorizados.
Otro de los éxitos legislativos del Gobierno fue la aprobación del presupuesto bienal del sistema general de regalías. El Congreso de la República aprobó una inversión de $24 billones en la vigencia 2019-2020. Los recursos se utilizarán para financiar proyectos de educación, ciencia y tecnología, así como para realizar proyectos sociales y ambientales que contrarresten el impacto de la extracción de recursos no renovables.
Dentro del paquete legislativo del Gobierno, la ley de financiamiento (reforma tributaria) tuvo una atención privilegiada. Con ella se buscaba recaudar más de $8 billones de pesos, de los $16 billones, que según el Gobierno se necesitan para tapar el hueco fiscal. La reforma al sistema tributario incluyó impuestos al sector industrial y productivos, así como a quienes devenguen más de $33 millones al mes.
(Congreso aprobó ley de financiamiento)
De igual manera, el legislativo aprobó el convenio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que permitió el ingreso de Colombia al club de las buenas prácticas en políticas públicas. En este mismo, el Legislativo aprobó el acuerdo para el establecimiento del instituto global para el crecimiento verde, una propuesta derivada de la cumbre mundial de 2012 en Río de Janeiro. Ambos acuerdos venían del Gobierno de Juan Manuel Santos, pero contaron con el respaldo de la administración Duque y en especial del Congreso.
Ya para este año, con las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo se tornaron ásperas y complejas, por eso le costó mucho al Gobierno impulsar la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. Al final, la iniciativa que define la carta de navegación de la actual administración tuvo que ser aprobada a horas de hundirse, lo que implicó que el Senado acogiera el texto trabajado por la Cámara de Representantes. Otro debate candente enfrentado por el Gobierno en el Capitolio Nacional fue el de las objeciones que el presidente Duque hizo a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Al final, tras casi dos meses de discusiones en Senado y Cámara, el Congreso rechazó los reparos presidenciales y Duque tuvo que sancionar la ley.
(El duro tránsito de las objeciones a la JEP en el Congreso)
Y finalmente, el mandatario sancionó, el pasado 20 de junio, la ley de violencia intrafamiliar. Una reforma al Código Penal y del Código de Procedimiento Penal que define como un delito aquellas conductas de maltrato físico o sicológico contra cualquier miembro de su núcleo familiar. Dichas conductas podrían acarrear penas entre cuatro y ocho años de cárcel. Ahora, quedan pendientes de sanción presidencial leyes como la del veterano de la Fuerza Pública; la creación del Ministerio del Deporte; la ley que prohíbe que el secuestro, el narcotráfico y los delitos sexuales sean considerados conexos con el delito político; finalmente están pendientes de la firma presidencial, la Ley Tics y la de rendición de cuentas.