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El presidente Juan Manuel Santos puso el dedo en la llaga sobre un asunto transversal en el proceso de paz que se adelanta con las Farc en La Habana (Cuba): que en algún momento se tendrá que plantear a Estados Unidos que renuncie a los pedidos de extradiciones de los jefes guerrilleros, para permitir que concluyan con éxito las negociaciones. “No creo que ningún guerrillero vaya a entregar las armas para ir a morir a una cárcel norteamericana”, reconoció el primer mandatario en una rueda de prensa desde Madrid (España), donde ayer terminó una visita de Estado que sirvió para recoger apoyos a su cruzada por la paz.
Lo que sí negó el presidente fue que hubiese iniciado gestiones en ese sentido, como lo aseguró el excanciller israelí Shlomon Ben Ami, quien sostuvo el lunes que el mandatario colombiano había pedido al vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, revisar la situación judicial de alias Simón Trinidad —el jefe guerrillero preso en Estados Unidos, condenado a 60 años de cárcel— con el fin de ver la posibilidad de que participara en la mesa de conversaciones. “Lo que me dijo a mí Shlomon Ben Ami es que él supuso que yo había tocado el tema con el vicepresidente Biden”, explicó Santos.
Un tema complejo y difícil, pero que —como lo reconoció el mismo jefe de Estado— en algún momento tendrá que ser puesto sobre la mesa para ser resuelto. Y lo que se decida tendrá que pasar, obligatoriamente, por Estados Unidos. De hecho, aunque el presidente Santos diga que cada tema tiene su momento y su lugar, y que cuando se llegue ahí le corresponderá plantearles a las autoridades norteamericanas alguna solución, es claro que desde que en la mesa de diálogos se comenzó a abordar el punto de la solución al problema del narcotráfico, se empezó a trazar una línea de acción frente a los estadounidenses.
Como se sabe, las Farc consideran el narcotráfico como un “engendro capitalista” y creen que determinar su origen y esencia es necesario para resolver el problema. También han negado su participación en él, argumentando que lo que hacen es cobrar un impuesto en las regiones productoras a quienes se lucran del negocio. Por eso, en el marco de las negociaciones de paz se ha hablado de la posibilidad de que ayuden a desarticular las redes de tráfico de estupefacientes, con la consecuente orden a todas sus unidades para desmarcarse de esta actividad. Una decisión que, se dice, podría servir para que el gobierno norteamericano ceda en el tema de las extradiciones, e incluso facilite el regreso de Trinidad.
Sin duda, la discusión será candente. El expresidente César Gaviria está convencido de que el gobierno de Estados Unidos, llegado el momento, “va a poner su cuota de participación” por la paz de Colombia. A su vez, el fiscal Eduardo Montealegre ya se ha mostrado partidario de introducir reformas al ordenamiento jurídico del país para no permitir la extradición de los miembros de la guerrilla, tras la firma de un acuerdo que conlleve a la desarticulación de las estructuras que tienen relación con el narcotráfico. “La extradición no puede convertirse en un obstáculo para un proceso de paz”, dice.
Y hay quienes ven como una señal de acercamiento al tema de la no extradición la designación de Bernard Aronson como delegado por parte del gobierno de Barack Obama para seguir de cerca las negociaciones en Cuba. Ayer hubo dos reuniones privadas de éste con la delegación de las Farc en La Habana, y según Iván Márquez, la conversación fue “franca, útil y productiva, cuyo contenido acordamos mantenerlo en la confidencialidad”. Aun así, no es de descartar que en algún momento de la charla el tema de la extradición haya sido abordado, así sea de manera superficial, buscando conocer las percepciones que sobre el asunto tiene Aronson.
En síntesis, todo pasa por Estados Unidos. Y hoy los expertos hablan de indultos o proponen fórmulas para la salida de Simón Trinidad, haciendo cuentas de los pocos perdones que ha entregado Obama, ninguno a condenados por terrorismo, que es el caso del jefe guerrillero. A su vez, las Farc vuelven a advertir que “no es posible” sellar un acuerdo de paz que contemple “un solo día de cárcel” para ellas. Y hablan de que lo que han hecho es ejercer “el derecho a la rebelión para acabar con las injusticias que ha padecido el pueblo”, según un comunicado leído por Rodrigo Granda, uno de sus negociadores. Porque para los subversivos, no son ellos quienes han gozado de impunidad a lo largo del conflicto colombiano, “sino la oligarquía, la clase política gobernante y las Fuerzas Militares”.
Lo cierto es que el tema de la extradición ya está en el centro de la discusión, como seguramente lo quería el presidente Santos. Así como lo del cese del fuego bilateral, otro asunto al que tarde o temprano se tenía que llegar y que desde hoy comenzará a definirse, cuando otros cinco altos oficiales de la Fuerza Pública se sumen a la subcomisión técnica para el fin del conflicto y se encuentren cara a cara con quienes históricamente han sido sus enemigos. Y en Colombia, más allá de las críticas y alabanzas, la percepción es que el proceso de paz ha dado en los últimos días pasos gigantescos.