:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/Re2HEPn7NjvccjLEYSDa7hC2RK8=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/LTC7QTSSR5AYTGBJPFYNWEEOCQ.jpg)
El inicio de la carrera electoral significa también prender motores para recolectar todos los votos posibles durante la fase final de la campaña. El apoyo político contundente definirá, en los comicios de octubre, quiénes serán los próximos alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y, de paso, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas. Pero no solo eso. Este año también es la elección de las Mesas de Víctimas, un espacio pactado en el Acuerdo de Paz que permite la participación de esta población en las políticas públicas que las afectan.
Por eso, en el marco de esa contienda, que empezó oficialmente el pasado 27 de junio, la Unidad para la Reparación Integral a las Víctimas lanzó la campaña “Que no le echen cuentos”, cuyo objetivo es evitar que las personas afectadas por el conflicto armado sean presa fácil de las organizaciones que buscan votos, práctica que en este caso atenta directamente contra la política pública de víctimas.
“Sabemos que hay dificultades para que las víctimas reciban sus recursos, como las presuntas falsas víctimas que intentan entrar al programa, acceder abusivamente a nuestras bases de datos, falsificación de documentos y suplantadores, y estafa a las víctimas, modalidad en la que organizaciones piden un porcentaje para agilizar los trámites para que ellos reciban su reparación”, explicó Ramón Alberto Rodríguez, director general de la entidad.
Según el funcionario, ese último modus operandi es justamente el que diferentes personas están implementando para “cazar” los votos de esta población. “Estamos en campaña en las regiones. La Unidad ha identificado que en la búsqueda de esos posibles electores, muchos candidatos se han dedicado a decir que tienen cómo pagar las ayudas humanitarias o cómo favorecerlas para que les llegue la indemnización”, enfatizó, refiriéndose a algunas de las formas como las víctimas son reparadas y que ahora se convierten en el fortín político prevotaciones.
Y no es para menos. Según cifras de la entidad, en Colombia hay nueve millones de víctimas, una cantidad de personas más que considerable que ralentiza los procesos para acceder a los beneficios que por ley les son conferidos. Entonces, que los trámites duren años es otro factor que empuja a las víctimas a caer en todo tipo de engaños. “En junio de 2019 se registraron 6.796 quejas. De ellas, 2.402 han sido denunciadas ante la Fiscalía: el 76 % corresponde a presuntas falsas víctimas por los delitos de falso testimonio, fraude procesal y fraude en el Registro Único de Víctimas. El restante 24 % corresponde a los delitos de estafa, falsedad en documentos, fraude de subvenciones y falsedad de personas, entre otros”, aseguró Rodríguez.
Aunque la modalidad de víctimas falsas es la más común (la Unidad habla de 6.177 casos excluidos de su registro, lo que equivale a 43.641 personas), el engaño con fines electorales ya se está haciendo notar. El ente expresó que ya hay cinco casos puestos a disposición de la Fiscalía: “Hemos recibido quejas de los municipios de Nechí y Apartadó (Antioquia), Medina (Cundinamarca), Tumaco (Nariño) y Molino (La Guajira). Allá, a través del discurso de inmediatez en sus pagos, se aprovechan para cobrar un pequeño porcentaje y pedir votos”.
El último caso se registró en Apartadó, cuando una organización no identificada llenó el coliseo del municipio, puede hablarse de más de 100 personas, según Vladimir Martí, jefe de la oficina de asesoría jurídica de la entidad. “Pese a que las víctimas llegaron a la convocatoria, no llegaron los organizadores, algo que da cuenta, un poco, de que esas promesas son falsas. En este caso no recolectaron los votos. Ahora, lo que hemos identificado en las conductas es que hay llamados tanto masivos, incluso por redes sociales, como también uno a uno. Así, hemos identificado que la retribución económica que piden estos grupos varía entre $20.000 y $100.000 hasta un millón, dependiendo del monto que le entrega la Unidad a la víctima”, dijo.
Pese a la información sobre estos fraudes, la Unidad expresó que, aparte de recolectar los casos, “no puede ser concluyente” sobre qué partidos políticos y organizaciones están llevando a cabo la compra de votos, manifestó Martí. La Fiscalía, el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) son las entidades encargadas de dar veredictos sobres quiénes son los responsables.
Sin embargo, Odorico Guerra, representante de las comunidades afro y coordinador de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas, aseguró que no es un secreto que todos los partidos políticos están apuntando a apropiarse irregularmente de los votos del grupo al que representa. “En muchos lugares ya se están buscando las Mesas de las Víctimas para hacer proselitismo político. Nosotros pedimos que las elecciones de la Mesas no coincidieran con las regionales, pero no fue posible. Y como nosotros somos actores políticos, porque buscamos garantizar la política pública de las víctimas, tampoco nos podemos desligar de esta escena. Por eso estamos haciendo pedagogía con los candidatos, para que incluyan nuestra política en sus promesas de campaña. No nos importa el que gane sino que la política pública de víctimas continúe y que la aplicación de los Acuerdos de La Habana, que cada día se siente más trastabillada y fraccionada y quebrantada, termine siendo la realidad por la que muchos colombianos y colombianas hemos luchado tanto”.