:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/6Ml1QBsWXPOK_Yqq3LcSUodRko0=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/4MWOCNWVQBG4PE7I7ST7ESCVZU.jpg)
El general (r) Luis Mendieta, uno de los participantes y quien estuvo secuestrado más de una década por la guerrilla, fue rescatado por el Ejército y se ha convertido en uno de los más duros críticos del proceso, aseguró que en la reunión sintió el mismo ambiente que cuando estuvo plagiado.
“Durante los 11 años, siete meses y 13 días que estuve en cautiverio, todos los días vi a integrantes de las Farc, los cuales eran nuestros carceleros, los encargados allí de las jaulas de concentración, por lo tanto, sentí casi que el mismo ambiente ahora”, declaró Mendieta, expresando de paso su preocupación por la postura del jefe de la delegación de las Farc, Iván Márquez, quien le habría reiterado que para la guerrilla, él fue un “prisionero de guerra, mas no una víctima”.
Por otra parte, en un comunicado leído por Camilo Umaña —hijo de Eduardo Umaña, miembro de la Unión Patriótica, asesinado por paramilitares en 1998— las víctimas le pidieron al presidente Santos “protección debida” y que se investiguen las amenazas que han recibido algunos de las que anteriormente han viajado a Cuba. “Llegamos con la convicción de apoyar sin vacilaciones el proceso de paz y a exigirles (a las Farc y al Gobierno) una paz con verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, señalaron.
“Desde nuestra heterogeneidad convergemos en la apuesta por un país sin guerra, donde no haya más muertes como un imperativo inmediato de las conversaciones de paz. En ese sentido, instamos a las partes a perseguir hasta que se llegue a los acuerdos necesarios para este propósito, superando todas las dificultades que puedan surgir en la búsqueda del fin del conflicto armado”, apuntó el comunicado.
Al tiempo que se conocían esas declaraciones, en Colombia el fiscal general, Eduardo Montealegre, planteó una polémica propuesta de cara al posconflicto. Dijo que una vez firmada la paz y se definan las condenas a los responsables de violaciones a los derechos humanos, se debería aplicar un “cierre definitivo de las investigaciones” no sólo contra las guerrillas —Farc y Eln—, sino también contra los miembros de la Fuerza Pública y contra quienes han sido juzgados por paramilitarismo.
“Es una propuesta de buscar una cosa juzgada universal, una cosa juzgada que abarque a todos los actores del conflicto, que haya un cierre definitivo en materia jurídica”, explicó Montealegre. Además, agregó que se debería contemplar la no extradición “durante todo el transcurso del proceso y de forma definitiva, cuando se hayan cumplido con todos los compromisos de la justicia transicional”.