Gobierno no ha considerado el escenario de una constituyente: Marta Lucía Ramírez

La vicepresidenta aseguró que las instituciones tienen suficiente solidez y mecanismos para “cerrarle la puerta al narcotráfico”. Ante la decisión de la JEP de negar la extradición del excomandante de las extintas Farc, ‘Jesús Santrich’, Ramírez manifestó que la postura estatal, por el momento, es escuchar a todas las partes y llegar a un acuerdo con los partidos y las entidades del Gobierno.

-Redacción Política
17 de mayo de 2019 - 02:29 a. m.
Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, en compañía de Francisco Barbosa, consejero presidencial para los Derechos Humanos, y Miguel Ceballos, Alto Comisionado de Paz.  / Cortesía vicepresidencia.
Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, en compañía de Francisco Barbosa, consejero presidencial para los Derechos Humanos, y Miguel Ceballos, Alto Comisionado de Paz. / Cortesía vicepresidencia.

Continúan los partes políticos a la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de negar la extradición del excomandante fariano ‘Jesús Santrich’. Este martes, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez reiteró que, contrario a lo que propusieron partidos como el Centro Democrático, el Gobierno no ha considerado aún convocar una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución.

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“Nosotros estamos hablando de un acuerdo que no es solamente con los congresistas, sino con las instituciones, con los partidos políticos, y hay que considerar los distintos escenarios. Pero sí les quiero decir: el Gobierno no ha pensado en el escenario de la Constituyente. Es que tenemos suficiente institucionalidad e instrumentos que permiten salir a delante de este momento difícil, pero que de ninguna manera es la crisis que se está planteando. Aquí las instituciones tienen solidez, y aquí hay un jefe de Estado que está al frente de la institucionalidad, dándole la tranquilidad al país de que tenemos salidas dentro de la institucionalidad y dentro de la estabilidad”, dijo Ramírez.

Ante los hechos, se refirió a que el Gobierno no permitirá que se agudice el negocio de las drogas: “Tengo total tranquilidad de que vamos a cerrarle la puerta al narcotráfico. Esta es una política de Estado, por eso es importante que se ventile en el Congreso, por eso es importante trabajarla con los partidos políticos y oir este clamor de la sociedad colombiana para que Colombia no tenga que cohabitar con el narcotráfico. Es muy importante, dentro de todos estos escenarios, el respaldo que le ha dado el presidente a esa apelación que está presentando el procurador ante la JEP. Pero también existen otros instrumentos, el propio procurador está mirándolos. Inclusive se pudiera hacer una solicitud de aclaración, se pueden acudir a distintos elementos porque lo importante es que nosotros de aquí en adelante tenemos que ser cada vez más exigentes en que la aplicación del acuerdo de verdad se ciña a lo que está escrito”.

Sobre esto cabe recordar que, al ritmo de las declaraciones dadas por el mundo político estos dos días, el Centro Democrático y el Partido Conservador (bancadas de Gobierno) han dejado claro que desaprueban la decisión de la JEP y su injerencia en la revisión y fallo de los casos de excombatientes presuntamente involucrados con el negocio de las drogas. Y que, así como la vicepresidenta Ramírez, ven el poder de la JEP como un riesgo para el mecanismo de extradición.

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Pero, como explicó en una entrevista con la W Jesús Bobadilla, magistrado de la Jurisdicción, la JEP tiene potestad sobre estos casos y está en funcionamiento. Bobadilla reiteró que este sistema de justicia transicional se acoge justamente a una normativa especial para quienes hicieron parte del conflicto armado y que, pese a que la decisión fue ardua dentro de los mismos magistrados, se tomó para “garantizar la consolidación del Acuerdo de Paz”.

Sin embargo, el Gobierno ha sido explícito en que encuentra muchos vacíos en la implementación de los textos de La Habana y de la misma Jurisdicción Especial para la Paz. Por eso, entre sus declaraciones, Ramírez reiteró que ante el precedente de lo que ha sucedido hasta el momento con el caso Santrich, la paz debe acoger “el deseo del pueblo colombiano de que no se convierta en un factor para mantener no solamente la impunidad, sino a que se repitan reiteradamente las conductas delictivas o el narcotráfico y no haya ninguna posibilidad de sancionarlas dentro de la justicia ordinaria, tal como quedó escrito en el acuerdo”.

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La vicepresidenta insistió en el proyecto del Gobierno para reformar la JEP y sus efectos hacia el futuro: “tiene ese propósito y recoge lo que fue nuestro programa de campaña: reformas como por ejemplo no permitir que queden en impunidad los casos de violación, por ejemplo, no permitir que quede en impunidad el reclutamiento de menores, que es un delito atroz y que sigue ocurriendo y no permitir tampoco que siga el narcotráfico después de la firma del acuerdo”.

Así las cosas, el plan gobiernista de cara al país es acercarse a los partidos políticos y lograr ese acuerdo nacional para buscar lo que ellos reconocen como la mejora de lo ya establecido en la JEP. “Nadie está pretendiendo desconocer los beneficios que ya se dieron, los que ya están desmovilizados, los que ya están cumpliendo. Pero lo importante es una señal clarísima de que de aquí en adelante el país tiene que cerrar la puerta a estas conductas”.

Por -Redacción Política

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