“Hay que coger el toro por los cuernos”: comisionado de paz

Sergio Jaramillo, alto comisionado para la Paz. /Archivo

El comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, miembro plenipotenciario del Gobierno en la mesa de diálogos con las Farc en La Habana (Cuba), volvió a poner el dedo en la llaga sobre un asunto crucial de cara al posconflicto, en materia de justicia y víctimas: ¿Qué hacer con los empresarios que colaboraron con grupos armados ilegales? Un tema delicado pero inevitable que el expresidente César Gaviria planteó en febrero pasado, cuando habló de la necesidad de que la justicia transicional que se propone en el marco del proceso de paz “cubra también a los sectores no combatientes que de alguna manera fueron financiadores, auxiliadores o pactaron compromisos con grupos paramilitares o guerrilleros por beneficios o por simple intimidación”. Entre ellos, los empresarios.

Según ha revelado la Fiscalía, son más de 13 mil los procesos iniciados o por iniciar contra esos “no combatientes”, que según el presidente Santos, si se dejan abiertos y se permite que prosperen, tendrían un alto costo para la justicia y para el país: “Si los empresarios, ganaderos, bananeros y otros particulares que contribuyeron con grupos ilegales cooperan y ayudan a reparar a las víctimas, podría evitarse que en los próximos años la justicia les llame de manera independiente, congestionándola”, dijo. Y es precisamente en esa línea que, por lo visto, viene trabajando el Gobierno, con la premisa de que este es un asunto que no se puede omitir, como sucedió con la Ley de Justicia y Paz, lo cual ha hecho que muchos implicados civiles hoy estén siendo juzgados con normas más rigurosas que las que se aplicaron a los paramilitares.

En el foro “El rol del sector empresarial en la construcción de paz”, realizado por la Cámara de Comercio de Bogotá, la Fundación Ideas para la Paz y el Centro Catalán Internacional para la Paz, Jaramillo reveló que la visión que ha tratado de desarrollar el Gobierno apunta a crear un modelo colombiano de justicia transicional “con fuerza y legitimidad, que responda a las necesidades, que sea visto por el mundo como un modelo sólido y como el máximo posible de justicia en un proceso de paz, y que tenga todo el respaldo de la ciudadanía”. Si ello no se logra, el escenario del posconflicto será “muy difícil, de acusaciones mutuas, de asociaciones de víctimas cercanas a la izquierda atacando a los unos y unas cercanas a la derecha atacando a los otros, y van a ir a los tribunales internacionales y esto no va a tener fin”.

Por eso, para el comisionado de Paz, hay que “coger el toro por los cuernos”, llamar las cosas por su nombre y enfrentarlas. Lo que está claro es que el problema hay que resolverlo en serio, no con una pasada de página, un perdón y olvido y aquí no pasó nada. Y para eso se necesitan aportes concretos del sector privado. “Hay muchos espacios, muchas fórmulas que se pueden considerar en términos de justicia transicional, de aportes a la verdad, a la reparación y también en esos programas de construcción de paz, porque en el fondo lo que tenemos que crear es una nueva visión de convivencia en los territorios, de la que tienen que hacer parte nuestros empresarios”, explicó. La idea es abrir espacios de interlocución en los territorios que lleven al diálogo y al reconocimiento de responsabilidades.

Jaramillo les pidió a los empresarios involucrarse en los procesos de reintegración, aprovechando la experiencia y la institucionalidad construida a partir de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR). Asimismo, aseguró que es posible pensar en incentivos tributarios e incluso esquemas donde el Gobierno lleve la carga laboral, de manera que haga más atractivo generar empleos. Tras enfatizar en que la verdadera garantía de una paz estable y duradera es el fortalecimiento institucional, dijo que el papel del sector empresarial debe ser más ambicioso: “Hay cosas que el Estado no puede hacer. El Gobierno lo que hace es crear un marco institucional, dar recursos, apoyos, capacitaciones para producir. Pero es la economía de mercado la que decide quién sale adelante o no”.

El Gobierno reconoce que en muchas regiones la capacidad e institucionalidad del sector privado es más fuerte que la del mismo Estado. También, que la construcción de la paz debe ser un esfuerzo de todos y que los empresarios tienen que jugar un papel crítico, hablando de la financiación, en aras de la transparencia. “No podemos solo decir: pongamos un impuesto a los empresarios y eso es la paz. Todo tiene que estar acompañado de un sistema de transparencia fuerte que les dé tranquilidad a los ciudadanos de que ese sacrificio mayor se vea reflejado en cosas concretas. Un sistema en que se pueda hacer seguimiento al gasto, por ejemplo, que se va a hacer este programa de desarrollo, que se montó este puesto de salud, que se van a hacer estas escuelas o estas comercializadoras para estos agricultores, etc. Creo que este sistema lo debemos montar con el sector empresarial, con todas las garantías posibles”.

Finalmente, Jaramillo les pidió a los empresarios hacer una reflexión sobre qué consideran que sería una formula justa para hacer la paz, dejando ver la visión del Gobierno: “Debe ser una paz que garantice el máximo posible de satisfacción de derechos de víctimas en verdad, en justicia y reparación”. Aclarando de paso que no va a acordar con las Farc una cosa que esté lejana del sentir de los colombianos. “No solamente tenemos obligaciones internacionales en materia de justicia que limita el campo de acción, no solamente tenemos acciones derivadas de nuestra propia Constitución, sino que tenemos una obligación frente a nuestros propios ciudadanos de decir cuál es su sentimiento de justicia y qué es lo que debemos hacer. Eso es fundamental, pero tampoco es algo irreflexivo, es algo que requiere una discusión que se debe dar, también con el empresariado”, concluyó.