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Poco tiempo duraron las vacaciones de fin de año para el país político. Este martes, el Congreso volverá a sesiones extraordinarias para poner en marcha los pilares del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, y dará el pitazo inicial de un 2017 que promete ser eminentemente político. De hecho, la campaña electoral ya empieza a alzar vuelo y surge como una amenaza frente a la implementación de lo pactado, pues según la tradición, al Gobierno le queda un semestre de dominio en el Legislativo.
Previendo esta situación fue que el presidente Juan Manuel Santos convocó a extras. Y el martes mismo empezará el debate del acto legislativo que introduce la nuez del Acuerdo Final de paz: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En esencia, la reforma constitucional introduce en el ordenamiento jurídico los principios que rigieron el acuerdo de víctimas y traza las líneas gruesas del sistema que juzgará los crímenes más graves cometidos por guerrilleros, miembros de la Fuerza Pública y terceros civiles en el desarrollo de más de medio siglo de guerra.
La ponencia ya está lista en sus aspectos más importantes, pero aún hay detalles por afinar. Es por eso que mañana, en el Ministerio del Interior, congresistas, delegados del presidente Santos y hasta miembros de las Fuerzas Armadas trabajarán en los últimos ajustes.
Eso sí, el debate será candente. Más cuando la reforma de que trata la ponencia debe reflejar las líneas rojas del acuerdo en materia de justicia, es decir, los mismos puntos sobre los que el uribismo edificó su exitosa campaña del No en el plebiscito y que han constituido el principal desencuentro con el Gobierno en la renegociación de lo pactado en La Habana. Entre otros, la no extradición de los jefes de las Farc y la elegibilidad política de quienes dejen las armas, aún cuando hayan cometido graves delitos. Y estos elementos están incluidos en el Acto Legislativo.
Así que, con ese panorama, dentro de dos días las comisiones primeras de Senado y Cámara entrarán de lleno a sacar adelante la columna vertebral del Acuerdo de Paz. Valga recordar que la reforma constitucional se debatirá mediante el procedimiento especial legislativo o mecanismo rápido, lo que implica que se tramitará en cuatro debates y no en ocho como obligaría el trámite ordinario.
“Calculamos que esa discusión se demore 30 o 40 días y, promulgado ese acto, se tramitará una ley estatutaria que reglamente la parte operativa del Tribunal de Paz. Esa norma debe incluir, entre muchas otras cosas, el procedimiento penal que se usará en los casos que asuma la JEP”, explicó el representante a la Cámara de la U Hernán Penagos, coordinador ponente.
Eso significa, palabras más palabras menos, que aunque el Congreso apruebe la Jurisdicción Especial de Paz, no se podrá poner en marcha de inmediato. Aún hará falta la conformación del Comité de Escogencia y la selección de los comisionados de la verdad, y de los magistrados, jueces y fiscales de la JEP. Igualmente, la elección de los respectivos presidentes y del secretario general. Por si fuera poco, faltará que estos definan sus normas de funcionamiento.
De manera que si los cálculos del Gobierno se cumplen, sólo en mayo comenzarán a ser procesados los responsables de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado. El Comité de Escogencia está conformado por los delegados del secretario general de la ONU, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional, la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado y la Corte Europea de Derechos Humanos.
Es tan medular el acto legislativo que empezará a debatirse, que la ponencia aún está en construcción bajo absoluta reserva. Tan delicada es la cosa que algunos congresistas de la bancada de Gobierno, como el representante de Cambio Radical Rodrigo Lara —otro de los ponentes—, han expresado sus dudas sobre el excesivo poder que tendrían los magistrados de la JEP. Para eso será la reunión de mañana en el Ministerio del Interior: para despejar dudas y afinar detalles.
Pero, más allá del debate político que desatará el acto legislativo de la JEP, el inicio de las sesiones extraordinarias de este martes implica a su vez el “día D” de la campaña preelectoral a la Presidencia de la República y el Congreso de 2018. Confirmado por el mismo presidente Santos que su vicepresidente Germán Vargas Lleras dejará en próximas semanas el cargo para lanzar su candidatura, todos los partidos quedaron notificados y empezarán a jugarse sus cartas en la puja por el poder. Y sin duda, la paz con las Farc e incluso con el Eln será el eje de la campaña.
Un contexto que no favorece la implementación de un acuerdo de la naturaleza del firmado en La Habana, donde se tiene que echar a andar una compleja institucionalidad y se deben producir las reformas que garanticen que Colombia se reconcilie y deje atrás las heridas de más de 50 años de guerra. Un reto monumental para un país polarizado políticamente, pero es la realidad que Colombia tendrá enfrente a partir de esta semana.