La reforma política que aprobó el Senado de la República

Archivo El Espectador

En tres sesiones plenarias, el Senado de la República finalmente le dio vía libre a la reforma política. Una reforma constitucional de 12 artículos cuyo objetivo es fortalecer la democracia colombiana mediante el replanteamiento de las reglas electorales. Pero, esencialmente, este proyecto de Acto Legislativo se sustenta en la eliminación del voto preferente para obligar a que los candidatos a cargos en cuerpo colegiados sean inscritos mediante listas cerradas y combatir así la antropofagia entre militantes de las mismas colectividades.

Ese fue precisamente una de las modificaciones aprobadas, que propenderá por que los ciudadanos voten por listas de candidatos, conformadas previamente por mecanismos de elección interna, y no por candidatos en específico. Quienes han defendido este asunto, además, consideran que es una de las formas más precisas para el fortalecimiento de los partidos políticos. “Es necesaria una democracia representativa seria con partidos fuertes y con democracias internas organizada. Por eso habrá una fecha única para la conformación de las listas”, dijo el senador Roy Barreras, uno de los ponentes de la reforma.

A pesar de que el proyecto pasa a la Cámara con la lista cerrada aprobada, este punto fue uno de los que más se discutió. Un importante grupo de congresistas, en especial la bancada costeña, se negaba a votar a favor de esta fórmula y señalaban y que eso solo beneficiaría a los partidos que tienen figuras como el expresidente Uribe, o los exalcaldes Antanas Mockus y Gustavo Petro y que, en esa medida, argumentaron, solo quedarían dos partidos fuertes: uno de derecha y uno de izquierda. También causó mucha resistencia el apartado de paridad de género en las listas cerradas, a tal punto que se le escuchó decir al senador de Cambio Radical Antonio Luis Zabaraín Guevara que “para qué insistir en la paridad de género si a las mujeres no les gusta la política”.

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Grosso modo, en el primer artículo de la iniciativa, se define una serie de normas para evitar el denominado transfuguismo y la doble militancia. Así mismo, advierte de la necesidad de construir mecanismos de democracia interna en los partidos que sirvan para aclarar los contornos de la política. Uno de los aspectos de mayor tensión en este artículo fue la inclusión de un parágrafo transitorio que le ofrece garantías al partido político FARC puesto que se incluyó una salvedad para que se les aplique a sus militantes las restricciones existentes a aquellos candidatos que hayan sido condenados penal, fiscal o disciplinariamente.

También se aprobó una de las materias derivadas de la consulta anticorrupción, que fue la limitación a tres periodos de permanencia en las corporaciones públicas (Congreso, Asamblea, Concejo y Juntas Administradoras Locales). Este artículo es particularmente importante porque cursaba en la Cámara de Representantes un proyecto dedicado exclusivamente a esta prohibición, pero fue hundido por los legisladores de esa corporación y su posibilidad de quedar en el ordenamiento constitucional depende del trámite de esta reforma.  

La reforma incluye los requisitos para que movimientos y partidos políticos obtengan la personería jurídica y definió que para conseguirla tendrán que lograr una votación no inferior al 3% de los votos válidos emitidos en el territorio nacional en las elecciones para Senado o Cámara. De no alcanzar este número, perderán la personería jurídica. Finalmente, en este apartado se define que los partidos y movimientos políticos establecerán en sus estatutos internos los asuntos de objeción de conciencia, así como también las directrices que deban seguir sus miembros bajo la advertencia de ser sancionados, incluso, con la expulsión de su partido o la pérdida del derecho al voto de un congresista. 

Otra de las materias innovadoras de la reforma políticas es la inclusión de una financiación preponderantemente estatal de las campañas políticas, un asunto que hizo parte de los acuerdos de La Habana y se encuentra en todas las recomendaciones internacionales para mejorar la democracia colombiana. El articulado puntualiza que los recursos serán distribuidos bajo los criterios de igualdad y proporcionalidad, y que una ley se encargará de reglamentar los detalles de esta materia. Los congresistas quedaron en deuda con la promesa históricamente aplazada de la eliminación del Consejo Nacional Electoral. Esta vez, también se impuso el lobby y el interés de la clase política por seguir manteniendo un tribunal afecto a los partidos dominantes.

La discusión también se plantó sobre la llamada inversión de iniciativa congresional, que busca que el Congreso tenga voz y voto en por lo menos la quinta parte del presupuesto nacional de inversión para solicitar inversión en proyectos regionales específicos que hayan sido previamente aprobado por el Departamento Nacional de Planeación. Para Paloma Valencia, del Centro Democrático, es una forma de que los congresistas puedan conseguir recursos para sus respectivas regiones y que se garantice una relación de transparencia entre el Gobierno y el Congreso, sin embargo, hubo quienes consideraron que era la resurrección de los auxilios parlamentarios. Ese aparte fue aprobado como venía en la ponencia, luego de que no se avalara ninguna de las proposiciones que tenía.

La plenaria de esye lunes cerró con la negación de 22 proposiciones que contenían artículos nuevos y la reforma hace su paso a la Cámara de Representantes en donde se discutirán varios asuntos gruesos y se espera que se mantenga, al menos, el espíritu de varias de las propuestas de la consulta anticorrupción y una paridad de género en la conformación de las listas que pueda ser lograda de forma progresiva.