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Uno, superar el impasse que causó la muerte de los diez soldados en Cauca hace 15 días, que implicó la reactivación de los bombardeos por parte de la Fuerza Pública contra los campamentos guerrilleros.
Dos, apuntalar la implementación del acuerdo para el desminado humanitario, que según conoció este diario, se iniciaría en los primeros días de mayo. Y tres, avanzar en la redacción del acuerdo en el punto de víctimas, así como también en las medidas de desescalamiento del conflicto.
Con este panorama, los plenipotenciarios del Gobierno viajaron el lunes pasado a la capital cubana y aunque antes de iniciar la ronda no dieron declaraciones, hay expectativas sobre si Humberto de la Calle, jefe negociador, se va a referir al difícil momento que enfrentan los diálogos. Más, cuando el presidente Juan Manuel Santos y hasta el vicepresidente Germán Vargas Lleras han hablado de la necesidad de ponerles plazos a las negociaciones. E incluso, se espera que se ponga sobre la mesa la propuesta de adelantar un referendo que le dé facultades excepcionales al jefe de Estado para sacar adelante iniciativas reglamentarias en torno a la paz.
Los que sí hablaron ayer, antes de ingresar al Palacio de Convenciones —sede de los diálogos—, fueron los negociadores de las Farc. Pastor Alape afirmó que “el reconocimiento de la responsabilidad del Estado será necesario para alcanzar la paz”. Y en este sentido, sostuvo que durante los tres primeros meses del año, según cifras de la organización Somos Defensores, un total de 19 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia, mientras que otros 249 fueron amenazados. Además, las Farc reiteraron que las Fuerzas Armadas siguen en desarrollo de su ofensiva contra la insurgencia, pese a la tregua unilateral declarada desde diciembre pasado.