Existe una relación clara entre el proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana (Cuba) y los paros agrarios y mineros que se han anunciado o ya tienen bloqueadas vías en el país. Así lo cree el presidente Juan Manuel Santos, quien ayer, durante el acto conmemorativo del Bicentenario de Cundinamarca, tomó la vocería que antes había delegado en sus ministros para decir que la guerrilla está sentada en una mesa de diálogo y “aquí está azuzando e infiltrando la protesta social”.
El mandatario señaló sin titubear que no le temblará la mano para actuar con firmeza, porque según él existe un derecho ciudadano a la protesta, pero cuando éste empieza a afectar a los otros, “es ahí cuando el Estado tiene que actuar”. Concretamente el jefe de Estado se refirió a las manifestaciones campesinas del Catatumbo, que hoy cumplieron 37 días.
Afirmó que el Ejecutivo ha sido “muy tolerante y generoso”, y le ha extendido la mano en todas las formas: “Más de diez misiones, comisiones, representaciones, hemos enviado al Catatumbo: viceministros, ministros, vicepresidente, ofertas de todo tipo. Porque sabemos que el reclamo de los campesinos es un reclamo válido, que esa región del país ha estado abandonada por demasiado tiempo”, expresó el mandatario, quien además agregó que en enero se firmó un Contrato Plan, a través del cual se invertirían cerca de $1,8 billones en lo social en los próximos cinco años.
También reconoció que el Estado se equivocó en la política de fumigaciones de los cultivos de coca, “al no tener alternativa viable para esos campesinos que quieren, de todas formas, tener un ingreso”. Y que ofreció subsidios, pero que “a todo los voceros campesinos dijeron que no”, porque lo único que quieren es una zona de reserva campesina. Santos reconoció la legalidad de esta figura, pero aseguró que “nunca” va a permitir que le “impongan las zonas de reserva campesina a la fuerza”.
Para el primer mandatario el tema pasa por la grave crisis humanitaria que están viviendo los habitantes de esta región. “Hay familias que están padeciendo ya de hambre porque no le llegan los alimentos o están teniendo que pagar precios exorbitantes por sus alimentos”, dijo, y exhortó nuevamente a que levanten el paro, porque según él “no hay ningún motivo para continuarlo”.
Todo lo contrario piensa César Jerez, vocero de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, para quien la protesta “no es un capricho político” y que el Gobierno debe cumplir la ley que autoriza dichas zonas. “Aquí han venido cinco delegaciones del Gobierno y todas han venido con no rotundo al pliego de exigencias. Los funcionarios que han venido no tienen la competencia para tomar una decisión de fondo. El Gobierno lo que ha hecho es una danza de los millones, con anuncios de inversiones. Nuestro pliego es muy completo y debe ser discutido. Esto no es un capricho de 16 mil personas, sino una crisis social y económica de toda una región”, dijo Jerez.
En cuanto al paro minero que empieza hoy en el país, el presidente Santos no dudó en decir que en este caso “nuevamente los ilegales están usando de escudos a los legales, que serían los mineros artesanales”. La preocupación del Gobierno es que muchas de las bandas están viviendo de la minería ilegal “más que de la coca”. A su vez, el Comité Nacional del Paro Minero señaló que no está de acuerdo con la injerencia de grupos al margen de la ley.
No fueron los únicos que reaccionaron a las palabras del presidente de la República. Óscar Gutiérrez, de Dignidad Cafetera, le contestó diciendo que el argumento sobre que detrás del paro cafetero —anunciado para el próximo 19 de julio— hay intereses políticos y electorales es “tan viejo como la tierra”. Y que no se pueden confundir los problemas de la economía que viven los cafeteros con asuntos electorales. “Ese es un argumento manido que le llegó tarde a Santos, quien debería ponerse a resolver los problemas en vez de evadirlos”, afirmó Gutiérrez.
Otro de los puntos del discurso de Santos, que despertó fuertes críticas, fue cuando señaló que el Gobierno está discutiendo si se prolonga el mandato de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el país. De acuerdo con el mandatario, “Colombia ha avanzado lo suficiente para decir que no necesitamos más oficinas de derechos humanos de las Naciones Unidas”. La declaración coincide con la visita de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navy Pillay, quien tiene agendada una cita con el jefe de Estado este jueves.
Para el representante a la Cámara Iván Cepeda, cerrarle la puerta a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia es la peor idea que se le ha podido ocurrir a Santos. “Colombia vive en conflicto armado y atraviesa un estado crónico de violación de derechos humanos. Las condiciones que provocaron la presencia de la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas no han cambiado. La ampliación de fuero militar nos hace temer que se multipliquen las violaciones a los derechos humanos”, señaló.
Para Cepeda, el eventual retiro de esa oficina podría exponer a Colombia a que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas nombre a un relator especial, situación que sólo sucede cuando un país vive una grave crisis en la materia y se niega a la observación internacional.