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No se considera uribista ‘purasangre’ y no estuvo de acuerdo con la segunda reelección, pero aunque dice ser de esencia conservadora, se identificó desde un comienzo con los postulados del Centro Democrático, se inscribió en la convocatoria que dicho partido hizo para escoger candidatos al Congreso y en marzo pasado salió elegido representante a la Cámara por Bogotá. Hace dos semanas, Samuel Hoyos Mejía radicó un proyecto de acto legislativo que busca modificar el Marco Jurídico para la Paz, pues según advierte, de no hacerse y se firma un acuerdo con las Farc, la Corte Penal Internacional podría intervenir en el país.
¿Por qué hay que replantear el Marco Jurídico para la Paz?
Porque hay que ajustarlo al Estatuto de Roma y a los criterios de la justicia penal internacional. No se pretende que haya una justicia de vencedores para las Farc, pero Colombia está obligada a cumplir con sus compromisos. Y la actual redacción del Marco para la Paz es contradictoria en muchos puntos con el Estatuto de Roma. Lo que propongo es que lo ajustemos para que la Corte Penal Internacional (CPI) no nos investigue formalmente. Si eso sucede, sería un mensaje muy grave de debilidad institucional al mundo.
¿En qué puntos, por ejemplo?
Por ejemplo, no puede haber penas alternativas o suspensión en la ejecución de las penas para los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Aquí no puede haber servicio social, como dice el fiscal general. Estamos obligados y tienen que ir a la cárcel. Ahora, en el marco de una justicia transicional y de un proceso de paz, puede haber reducción en las penas, pero tiene que haber privación de la libertad para quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad.
¿Y por qué no esperar a que el Marco para la Paz sea reglamentado por el Congreso?
Pero es que hay un bloque de constitucionalidad que hay que respetar y los tratados internacionales son de carácter obligatorio. Es cierto, falta reglamentarlo, pero hay criterios de justicia internacional que nos comprometen y nos toca cumplir.
Siendo un proyecto uribista, ¿no será que de lo que se trata es de ponerle palos en la rueda al Gobierno, que insiste en que no está buscando impunidad?
Pues si eso es cierto, estarán de acuerdo con el proyecto. Yo no estoy inventando nada, ni pidiendo que decapitemos a los jefes de las Farc. Está bien que hagamos la paz, que seamos generosos, que abramos la democracia, que se desmovilicen, que entreguen las armas y que haya verdad, justicia y reparación, pero para que eso se dé hay que ajustar el Marco para la Paz. No es sólo una obligación moral con las víctimas, sino también una obligación penal e internacional que hay que cumplir.
¿Cree que su proyecto tiene futuro cuando el uribismo es minoría frente a la Unidad Nacional?
Esto por lo menos le aclararía al país para dónde vamos y sabremos qué quiere el Gobierno con este proceso. Si se me atraviesan, quedará demostrado que están negociando una alta dosis de impunidad en La Habana. Lo que creemos es que si no se elimina el criterio de sistematicidad para todos los delitos, será casi imposible probar la comisión de los más graves. Otro aspecto fundamental es que las víctimas puedan participar activamente en los procesos penales que se lleven contra los presuntos responsables de crímenes atroces y definitivamente hay que cambiar el término ‘dejación’ por ‘entrega de armas’. La ‘dejación’ implica que probablemente no las usen pero las conserven.
Ahora, los jefes de las Farc han dicho que no quieren pagar un solo día de cárcel...
Es que esa no es una decisión de ellos, ni del Gobierno, ni de nosotros. Si ellos son responsables de delitos de trascendencia internacional, tendrán que ir a la cárcel, gústeles o no.
Su proyecto lo que sí hace es reconocer que en Colombia hay conflicto armado...
Es que el reconocimiento de un conflicto interno no le corresponde a Colombia, eso lo decide la CPI. Nosotros podemos decir que sí hay y ella dice que no o al contrario, nosotros decimos que no y ella dice que sí. Lo que pasa es que los crímenes de guerra y las violaciones al Derecho Internacional Humanitario sólo son cometidos en el marco de un conflicto armado, en este caso interno. Y el riesgo es que si no hay conflicto interno, esos delitos podrían no ser investigados.