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En un comunicado público, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por el aumento de la violencia en contra de líderes, lideresas, defensores y población en general en el país, sobre todo quienes se encuentran en las zonas rurales. Asimismo, rechazó la estigmatización que en muchos lugares se hace de estos, al señalarlos como colaboradores de grupos al margen de la ley, lo que los pone en alto riesgo y obstaculiza su labor.
En este sentido, reveló que, al 30 de noviembre de este año, se monitoreó con varias fuentes en terreno 35 atentados y 52 homicidios en contra de líderes y lideresas defensoras de Derechos Humanos. Cinco casos más de homicidios se encuentran aún bajo nuestro análisis, y todos los casos están siendo trabajados a través del mecanismo establecido entre la Oficina y la Fiscalía. De estos, el 75% de las víctimas de homicidio desarrollaban su actividad en ámbitos rurales, y que los métodos de asesinatos y atentados manifiestan mayor grado de sofisticación para encubrir a los autores intelectuales.
“El primer Acuerdo de Paz se firmó el 26 de septiembre. Desde esa fecha hasta hoy han ocurrido 13 de los 57 homicidios registrados por la Oficina en 2016. Siete de ellos tuvieron lugar en áreas rurales, incluidos los homicidios recientemente perpetrados en Meta, Caquetá y Nariño, en donde las Farc tenían presencia histórica, y están retirándose”, dice el comunicado.
Precisamente, como lo viene reiterando seguidamente, advierte que el vacío que vienen dejando las Farc, aunado a la presencia de economías ilícitas, ha favorecido el surgimiento y expansión de todo tipo de criminalidad, incluyendo la entrada de otros grupos al margen de la ley, quienes se disputan el control de estas economías, afectando los derechos de las personas.
Y agrega el comunicado: “La Oficina observó que esta dinámica de violencia no solo afecta a los líderes, defensores y defensoras, sino también a la población en general, situación que se agudiza por las condiciones de pobreza y marginación históricas, y por la falta de presencia institucional que persiste en zonas rurales de por los menos 22 departamentos del país. La Oficina ha observado este año que los departamentos más afectados por los homicidios contra defensores son Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca”.
Por último, le hace un llamado a Estado colombiano para que garantice la protección y seguridad de la población en general incluyendo a los defensores en el contexto actual, en especial por la importancia de su rol para la construcción de la paz y la consolidación de una sociedad democrática. “La Oficina convoca al Estado para que haga presencia integral en las áreas rurales, estableciendo una relación de confianza con las comunidades, y a que ponga en marcha políticas públicas para la materialización de los derechos económicos, sociales y culturales de la población, que permitan superar las causas estructurales de la violencia”, concluye.