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La temporada de Navidad y Año Nuevo supuso un alto transitorio a las movilizaciones y protestas que se mantuvieron en el país tras la histórica jornada del 21 de noviembre. Esa pausa significó también un respiro para el gobierno de Iván Duque, que tuvo que encarar un estallido social sin precedentes. Sin embargo, pasado casi un mes y en medio de un comienzo de año marcado por el recrudecimiento de los crímenes contra líderes sociales y denuncias sobre posibles chuzadas ilegales, el movimiento ciudadano se apresta a volver a las calles. ¿Qué tan fortalecido llega? ¿En qué va la revisión de sus peticiones? ¿Cuál es la lectura del Gobierno? ¿Cuáles son los avances? Y quizá lo más relevante, ¿hay voluntad de las partes para llegar a acuerdos y superar la crisis social?
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Fue hace más de un mes, el 17 de diciembre, cuando el Ejecutivo y el Comité Nacional del Paro —que agrupa a diferentes movimientos, organizaciones y centrales obreras— sostuvieron sin éxito su último encuentro. Desde entonces, el diálogo está congelado, con el agravante de que aún no hay una fecha definida para continuar las conversaciones.
Con todo, el Gobierno reanudó esta misma semana los diálogos que sostiene con otros sectores en el marco de su Conversación Nacional, mientras que el Comité del Paro hizo un nuevo llamado a manifestarse. De acuerdo con Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la jornada del próximo martes 21 de enero —que coincide además con los dos meses del comienzo de las protestas— abarca un masivo cacerolazo con cuatro peticiones concretas.
“Vamos a llamar la atención por los asesinatos de líderes sociales, que ya son una cosa macabra; por las chuzadas ilegales del Ejército; los falsos positivos, que vuelven a aparecer en el escenario nacional, y contra los ejercicios de represión y acción del Esmad en el contexto de las protestas”, sostuvo el dirigente sindical, negando que estén debilitados y celebrando que nuevos sectores estén “coqueteándoles” con el ánimo de sumarse a las manifestaciones.
Lo que ocurra este martes también permitirá medirle el aceite a la fuerza y vitalidad con que se reactiva el paro tras un mes de quietud. El desafío para sus organizadores será reavivar la protesta social y que el Comité pueda dar continuidad a su agenda, que incluye un pliego de 104 peticiones que le presentaron al Gobierno a finales de año y que contiene solicitudes como el desmonte del Esmad, la revisión de la política de seguridad, prohibición del fracking o la reanudación de los diálogos con el Eln.
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Si bien el llamado es a un cacerolazo, todo parece indicar que la protesta de ese martes escalará a nuevas marchas y concentraciones. Ello implica también retos para las nuevas administraciones locales que recién asumieron y que deberán idear formas de atender los reclamos y las eventuales formas de violencia.
En el caso particular de Bogotá, se plantea un nuevo escenario tras el protocolo para el acompañamiento y la atención de las marchas que lanzó la alcaldesa Claudia López. El modelo, que prevé que el Esmad sea el último recurso en caso de disturbios, se estrenó el pasado jueves por cuenta de protestas en la Universidad Nacional. Aunque se apeló al diálogo y la sanción social, una vez más las manifestaciones obligaron a la actuación del Escuadrón de la Policía.
“Esperamos garantías para la movilización mucho más tangibles y concretas. Hasta el 31 de diciembre fue muy difícil manifestarse bajo el concepto de garantías del gobierno Peñalosa. Sentimos, por las reuniones con la actual administración, que el ambiente es diferente. En todo caso, estaremos dispuestos a interactuar con las autoridades para que nuestras movilizaciones sean pacíficas”, dice el presidente de la CUT.
Con todo, lo cierto es que el movimiento social concentra más sus expectativas alrededor de lo que será el encuentro del 30 y 31 de enero, cuando más de 1.500 representantes de las organizaciones que conforman el Comité se reunirán para definir los pasos a seguir. “Son muchísimos los sectores que se vienen acercando con la expectativa de lo que va a ser la movilización de 2020 y creo que vamos muchísimo mejor”, agrega Orjuela.
Desde la orilla opuesta, Diego Molano, director del Departamento Administrativo de Presidencia y designado por Duque para coordinar la Conversación Nacional, responde que el pliego —que se asemeja “más a un programa de gobierno”, dice— aún está en revisión y aunque no hay una fecha para retomar los diálogos, hay voluntad de avanzar sobre los puntos que motivaron las protestas. Eso sí, precisa que solo se tratarán temas que sean de competencia del Ejecutivo y que estén acotados a las realidades del país.
“Estamos terminando el análisis punto por punto del documento para ver sus implicaciones. En algunos casos, las peticiones pueden parecer desproporcionadas, inviables o fuera de nuestra competencia. Debemos analizarlas para podernos sentar a avanzar en soluciones, con la premisa de que no se puede negociar el Estado y que debe haber claridad de que hay ciertos temas que no pueden ser discutidos solo en el interior del Comité, pues están relacionados con otros sectores que también deben ser oídos”, comenta el funcionario.
Para Molano, pese a que hay afán por reanudar el proceso con el Comité del Paro, el Gobierno sigue dándole continuidad a su Plan de Desarrollo y no para en sus labores. Muestra de ello, asegura, son las 20 reuniones en mesas sectoriales durante la Conversación Nacional, sumadas a los próximos encuentros que se realizarán a nivel regional. “Ya hay resultados. El objetivo de la Conversación es que haya aceleración de programas de gobierno, nuevas políticas públicas o iniciativas legislativas”, indica.
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Al margen de las diferencias alrededor del pliego de peticiones, hay otro punto de controversia entre las partes: ¿lo que hay es una mesa de conversación o de negociación? Si bien puede parecer una discusión semántica, para el presidente de la CUT se trata de una “contradicción” que distorsiona el diálogo, por lo que pide al Gobierno “aceptar el carácter de mesa negociadora”, mientras que Molano explica que la conversación implica “sentarse con alguien para transformar una realidad”. Según el funcionario, al margen de imposiciones o ultimátums, lo que demanda el país es “voluntad para llegar a unos acuerdos que permitan solucionar problemas”.
Las posturas están decantadas: desde el Comité insisten en que hay voluntad de avanzar, pero demandan del Gobierno mayor atención y un verdadero ánimo negociador. Por su parte, el Ejecutivo reitera su disposición de diálogo, sin dejar de advertir que la protesta, aunque sea un derecho, no puede terminar en afectaciones a otros sectores de la vida nacional.
Es casi un hecho que la manifestación de este martes será la primera de muchas con miras al 15 de marzo, fecha en la que el gobierno de Iván Duque prevé poner fin a su Conversación Nacional. Lo anterior implica que restan poco menos de dos meses para que las partes alcancen acuerdos y eviten que escale el conflicto social. La responsabilidad recae en ambas partes, lo que significa mayores esfuerzos por interactuar, la voluntad de dar su brazo a torcer en ciertos temas y una auténtica actitud conciliadora apartada de radicalismos. No puede pasar por alto que el trasfondo de todo esto es Colombia.