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El camino para la prohibición del uso del asbesto en Colombia ha sido tortuoso. En un informe que se publicó en abril pasado, el profesor Carlos Agudelo, director del Instituto de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, señaló que por lo menos desde hace 12 años se han hecho intentos en el país para que el uso de este material fuera eliminado en todas sus formas por su afectación a las personas.
Sin embargo, a pesar de esos conceptos y los de otras entidades y organizaciones de la sociedad civil, y de los casos reales de colombianos que han padecido enfermedades por el contacto con el asbesto (como la asbestosis, el cáncer de pulmón o la mesotelioma) las trabas en el Congreso han sido constantes.
En junio de 2016, un proyecto para su prohibición se hundió en la Comisión Séptima del Senado, con siete votos en contra y cuatro a favor. En ese momento, quienes se opusieron a la iniciativa fueron Sofía Gaviria y Édinson Delgado, del Partido Liberal; Carlos Enrique Soto, de la U; Antonio Correa, de Opción Ciudadana; Álvaro Uribe y Honorio Henríquez, del Centro Democrático; y Mauricio Delgado, del Partido Conservador.
Ello llevó a que la iniciativa tuviera que ser presentada nuevamente, ahora con el nombre de Ley Ana Cecilia Niño, en honor a la mujer que murió en agosto de 2017 como consecuencia de un cáncer por haber estado 17 años expuesta al asbesto.
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En esta nueva ocasión, el proyecto ya logró salir aprobado de comisión (en octubre de 2017), pero apenas ahora se asoma por la plenaria para segundo debate, donde nunca se le da prioridad, de acuerdo con el orden del día que establece la presidencia del Senado. En las últimas semanas ha estado programado en el punto ocho o nueve, y bien es sabido que, según la dinámica de discusión, evacuar la agenda hasta llegar a esos asuntos es algo que puede tomar meses.
Hay un hecho que ha generado suspicacias entre los congresistas que apoyan la iniciativa y es que en la agenda de la plenaria del pasado 18 de junio, en la agonía de la pasada legislatura y a poco más de un mes de que se posesionara el nuevo Congreso y de que Ernesto Macías fuese elegido como su presidente, la discusión sobre la prohibición del asbesto estaba en el segundo punto del orden del día, detrás del proyecto de ley estatutaria para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que fue aprobado.
Esa presunta dilación en la discusión motivó a que la senadora ponente, Nadia Blel, del Partido Conservador, hiciera un llamado enérgico a Macías. “Es lamentable e inaceptable que a un proyecto que pretende salvar vidas, que busca acabar un problema de salud pública y que está en el orden del día desde noviembre del año pasado, no se le dé la importancia que requiere”, comentó la congresista al pedirle a la presidencia del Senado que lo fijara en el punto uno de la lista en la plenaria.
Según Blel, hay mucho lobby de grandes empresas detrás de ese proyecto, sobre todo si se tiene en cuenta que es un material utilizado para hacer tejas de viviendas y que mueve multimillonarios recursos a través del sector de la construcción y de los actuales proyectos de viviendas de interés social.
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Esta tesis, de hecho, también fue expuesta por el profesor Agudelo al asemejar las campañas que hace la industria del asbesto con la que ha hecho la industria del tabaco promoviendo y financiando “organizaciones que se encargan de dicho lobby para obstaculizar o impedir, en todos los niveles de los gobiernos, el avance de iniciativas que desemboquen en el control efectivo y la prohibición. Se trata de intereses ciertamente poderosos”.
Pero también hay voces dentro del Congreso que aseguran que los intereses van de lado y lado. En diálogo con El Espectador, Ernesto Macías, presidente del Senado, negó que hubiese intención de postergar la discusión del proyecto en la plenaria. “En ningún momento se ha dilatado, pero tampoco podemos priorizar porque los proyectos que están por delante también tienen importancia y uno no puede bajar o subir caprichosamente el orden. El proyecto hoy está en el punto ocho y, si se evacúan los que están por delante, le llegará su turno”, explicó.
En este sentido, advirtió que no cederá a presiones para modificar el orden del día. “Esa es la instrucción que hay para todos los proyectos. Antes los movían, pero desde que yo estoy van de forma consecutiva. Así lo he pedido a la secretaría general, pero tampoco lo voy a priorizar porque una senadora me presione”, concluyó.
En contraste, la senadora Blel se preguntó cuántas víctimas más por asbesto tiene que haber en el país para que la iniciativa avance con decisión política. El llamado a la prohibición del uso de asbesto también ha estado en la agenda de entidades como la Defensoría del Pueblo, pues las cifras de enfermedades relacionadas con la exposición al material son preocupantes y generan gastos millonarios que se cargan al sistema de salud.
En 2015, por ejemplo, se reportaron 90 casos de mesotelioma. En números más recientes, de acuerdo con la Organización Mundial de Salud (OMS), en el mundo se comercializan 2,5 millones de toneladas de asbesto cada año y existe un estimado de 125 millones de trabajadores que se exponen a él todos los días. El hecho de que esté en juego la vida de decenas de colombianos es, en parte, uno de los motivos que llaman a la urgencia de su prohibición.
ggomezp@elespectador.com