“La paz está cerca”, escribió el presidente Juan Manuel Santos el pasado 23 de septiembre en su cuenta de Twitter, antes de reunirse en La Habana con el máximo comandante de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, y de anunciarle al país la concreción de un acuerdo sobre la aplicación de justicia en el marco del proceso de paz. Las horas posteriores revelaron discrepancias y diferencias, pues mientras para la guerrilla ese acuerdo sobre justicia estaba cerrado, para el Gobierno aún estaba en construcción.
Fue necesario entonces que los equipos jurídicos de las partes se sentaran otra vez a la mesa a discutir nuevamente asuntos que no habían quedado claros. Un tire y afloje que hoy, a 17 días de terminar el año, da humo blanco: este martes, las delegaciones negociadoras del Gobierno y las Farc en La Habana y los países garantes, Cuba y Noruega, anunciarán el cierre del acuerdo sobre el punto de víctimas, quinto de la agenda y eje central de los diálogos de paz, que apunta a resarcir a los afectados por el conflicto en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Un acuerdo que, además, podría abrir la puerta a un cese del fuego bilateral y definitivo. Ya el mismo presidente Santos había hablado, a mediados de octubre, de la fecha del 1° de enero e incluso ha hecho gestiones ante las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad para pedir un mandato que acelere su implementación. Propuesta que, lo dijo Timochenko en su momento, podría aplicarse desde el 16 de diciembre. “Listo, entre más pronto mejor, porque más vidas nos vamos a ahorrar”, le respondió el primer mandatario.
Esa fecha ya está encima y es poco probable que se concrete, teniendo en cuenta que el Gobierno ha exigido que se debe cumplir primero con concentración de las tropas guerrilleras y verificación internacional, lo cual no se hace de la noche a la mañana. Sin embargo, toca esperar la relevancia de los anuncios de este martes. Según conoció El Espectador, se tiene previsto un acto de gran magnitud, aunque no está confirmada la presencia del jefe de Estado en Cuba, tal y como hace dos meses.
Lo que sí se dará a conocer será el texto completo sobre los alcances de la llamada Jurisdicción Especial para la Paz, que será la encargada de garantizar la satisfacción de las víctimas, obtener la verdad para la sociedad colombiana, contribuir a la reparación, luchar contra la impunidad, otorgar seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno y afianzar una paz estable y duradera.
En septiembre se habló que el modelo base sería el de la justicia restaurativa, que implica imponer penas restrictivas de la libertad, mas no necesariamente cárcel. También de garantías de no extradición bajo la premisa de que se debía dar toda la verdad, y de una ley de indulto para delitos políticos, cuyo alcance en materia de conexidad podría extenderse hasta el narcotráfico. Asimismo, de la inclusión de todos los actores del conflicto, entre ellos los miembros de la Fuerza Pública y aquellos sectores sociales, políticos y económicos que tuvieron relación directa o indirecta con la guerra.
Aspectos clave frente a los ojos, no sólo de la comunidad internacional, sino de los tribunales de justicia del mundo. Lo claro, hasta ahora, es que la Jurisdicción Especial para la Paz tendrá un tribunal al que llegarán todos los casos relacionados con el conflicto armado y que desembocarán siempre en una sentencia. Y que dicho tribunal tendrá dos salas, una de sentencia y otra de juzgamiento. A la primera llegarán los procesos en los que los involucrados acepten responsabilidad de los hechos, y a la segunda los casos en los que no se acepten cargos y se haga necesaria una comprobación.
Por otro lado, hay expectativa sobre cómo se piensa aplicar la reparación. A lo largo de las discusiones sobre este asunto, que arrancaron en junio de 2014, las Farc habían propuesto la conformación de un “fondo para la reparación a víctimas”, alimentado por el 3% del Producto Interno Bruto (PIB) y por aportes de los Estados Unidos, “como forma de reparar los daños causados por su apoyo al conflicto”, según esa guerrilla. También contemplaban donaciones de la comunidad internacional.
Igualmente, habían hablado de la creación de un “consejo nacional para la reparación integral de las víctimas del conflicto”, el cual tendría la función principal de participar en el proceso de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de hacer seguimiento y control a su implementación. ¿Hasta qué punto estas propuestas de la guerrilla estarán incluidas en el acuerdo final de víctimas? No se sabe, aunque es claro que el perdón y la reparación simbólica, más el desminado y la sustitución de cultivos ilícitos, seguirán siendo fundamentales.
El sábado, en un comunicado público, las Farc dijeron que chuleado el tema de las víctimas, el objetivo es dedicarse a fondo en el estudio del punto sobre el fin del conflicto, algo en lo que ya se viene trabajando a través de una de las subcomisiones paralelas a la mesa de diálogos. Ya hay propuestas: hablan de la formalización jurídica de las reformas y ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz, de un plan nacional para el fin del conflicto y la reconciliación, de su transformación en movimiento político y de los llamados “territorios especiales para la construcción de la paz o terrepaz”.
Asimismo, insisten en la redefinición de la política de seguridad del Estado y en el desmonte y esclarecimiento del paramilitarismo “como contribución a la verdad histórica y garantía de no repetición”. En este sentido, piden seguridad para el movimiento político en el que se transformen una vez firmada la paz en La Habana. Y aceptan la dejación de las armas, algo que, según dicen, no sólo debe ser de su parte sino también del Estado.
Por todo esto, si bien mañana, una vez se ratifique el acuerdo sobre las víctimas, se puede decir que la paz está más cerca que nunca, como lo ha dicho el presidente Santos, todavía queda camino por recorrer y temas sensibles a discutir. Y no hay que olvidar el asunto de la refrendación, donde existen hondas diferencias, pues mientras el Gobierno propone un plebiscito, las Farc quieren constituyente.
Y si se tiene en cuenta que para la guerrilla el plazo de seis meses para la firma definitiva del acuerdo comienza a correr desde el momento de la ratificación del punto de víctimas, quiere decir que sólo hasta junio de 2016 se puede cantar victoria. La esperanza, dicen fuentes cercanas a la negociación en La Habana, es que el paso que se dará este martes, que sin duda es gigantesco y hace que la ciudadanía gane confianza en el proceso, sirva para acelerar las discusiones y así la paz llegue más temprano que tarde.