Hace casi dos décadas, en el ocaso del siglo XX, al tiempo que el gobierno de Andrés Pastrana le apostaba a un proceso de paz con las Farc con escenario de negociación en una vasta zona desmilitarizada del sur del país, se la jugaba también por el Plan Colombia, que fortaleció el accionar de las Fuerzas Armadas con financiación de Estados Unidos. Hoy, la administración de Juan Manuel Santos vuelve a tener como objetivo la paz con las Farc, y Estados Unidos apunta a ser socio estratégico para los tiempos del posconflicto que se anuncia.
En el tiempo transcurrido entre los dos momentos, el conflicto armado tuvo una transformación determinante, con saldo militar favorable para el Estado, pero ese cambio en la ecuación de la guerra no marcó el mismo punto de inflexión respecto a la lucha contra el narcotráfico. En la actualidad, aunque ya no hay carteles de la droga con capacidad de desestabilizar la sociedad colombiana, subsiste el desafío, pero también la convicción, de las autoridades de que ha llegado la hora de darle una vuelta de tuerca a la lucha contra las drogas.
El análisis de estas evidencias históricas, con un presente esperanzador que contrasta con la crítica situación que vivía el país a finales de los años 90, constituye la razón del encuentro que el próximo jueves 4 de febrero sostendrán en Washington los presidentes de Colombia y Estados Unidos. Bajo el pretexto de evaluar 15 años de aplicación del Plan Colombia, con la presencia de exmandatarios de las dos naciones, el encuentro busca consolidar una nueva alianza estratégica, esta vez para que el esfuerzo binacional fortalezca la paz.
Una especie de segunda fase del Plan Colombia, pero enmarcada en dos nuevas realidades nacionales e internacionales: los avances en la negociación de paz con las Farc, que apuntan a priorizar la implementación de costosas iniciativas en un escenario de posconflicto, y el giro que, con el apoyo de otras naciones, quiere dar el gobierno Santos a través de un abordaje distinto del problema de las drogas. En otras palabras, la puesta en marcha de una nueva política binacional ya no enfocada exclusivamente en lo militar sino en el componente social.
Respecto al primer aspecto, pese a reconocerse que los recursos del Plan Colombia fueron claves en el plano de la guerra, tanto en los tiempos de Andrés Pastrana y Bill Clinton como en las épocas de Álvaro Uribe y George W. Bush, no cabe duda de que la prioridad de hoy es otra. Hasta los líderes de las Farc han asumido que en la relación con Estados Unidos urge un nuevo reto. Hace dos semanas, lo resumió el jefe guerrillero Joaquín Gómez: “Así como EE. UU. financió el Plan Colombia, que ahora apoye la salida política del conflicto armado”.
Es decir, si en breve se firma la paz entre el Gobierno y las Farc, el compromiso de concretar los acuerdos agrario o de participación en política, por citar sólo dos de los componentes de la negociación en La Habana, requiere millonarios aportes económicos. Sobre todo en las zonas más afectadas por la confrontación. Como lo exaltaba el expresidente Andrés Pastrana en 1999, antes de que el Plan Colombia privilegiara el componente militar, una especie de Plan Marshall para desarrollar grandes inversiones sociales y reconstruir al país.
En cuanto al dilema del tráfico de drogas, la cita en Washington parte de una convicción creciente entre los llamados países productores, entre ellos Colombia: no quieren seguir cargando con los costos principales de esta guerra mientras los países donde el problema es el consumo de estupefacientes no hacen el mismo esfuerzo. De hecho, está en marcha la preparación de una sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas en abril, para plantear una nueva estrategia global con enfoque en salud pública y derechos humanos.
En particular, para Colombia este debate tiene un enfoque de coyuntura histórica, como lo resaltó el pasado jueves el ministro de Justicia, Yesid Reyes. Se trata de una convergencia entre la necesidad de darle un viraje internacional a la política contra las drogas ilícitas con la inminente suscripción de un acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc. Una encrucijada que obliga al Estado a hacer presencia económica y social en los territorios donde se libró la guerra, que en muchos casos coinciden con zonas afectadas por cultivos ilícitos.
Esta transición, a pesar de la urgencia social, tiene un inevitable ingrediente de seguridad. Si bien la terminación de la confrontación armada con las Farc debe disminuir los desafíos contra la violencia, su éxito está ligado a la capacidad del Estado para responder a las economías criminales que están enquistadas en algunos territorios. En otras palabras, se tiene que seguir enfrentando a las organizaciones que se lucran del negocio ilícito, pero al mismo tiempo se debe acompañar estatalmente a las comunidades vulnerables.
Aunque el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, tiene claro que los grandes carteles del narcotráfico de hace 20 o 30 años mutaron hacia pequeñas organizaciones criminales que siguen controlando el mercado de la droga pero no representan una amenaza para la democracia, eso no quiere decir que se pueda bajar la guardia. Por eso, la relación con Washington aún no puede prescindir de su enfoque tradicional en las últimas décadas, y la reunión de este 4 de febrero constituye una buena oportunidad para nuevas definiciones.
Si, por ejemplo, Colombia ha vuelto a ser el primer productor mundial de coca, con tendencia a crecer, como lo reveló el pasado noviembre The Washington Post citando un informe especializado, el desafío salta a la vista. Existe un problema real que el Gobierno ya no quiere enfrentar únicamente a través de la fumigación aérea con glifosato, pero que está asociado a bandas criminales que le apuestan a sostenerse con los dineros de la droga. En consecuencia, se necesitan recursos y aliados para encarar esta situación en un marco de paz.
No es un camino fácil, menos aún con la evidencia de que la política mundial contra el narcotráfico sigue aferrada a la visión represiva que emprendió Estados Unidos hace cuatro décadas. Por eso, el encuentro de jefes de Estado y exmandatarios de Colombia y Estados Unidos representa un escenario idóneo para repensar el asunto. De entrada se sabe que el presidente Santos ha querido ser uno de los líderes para que, sobre bases científicas objetivas, se dé un debate franco y global acerca de las drogas para buscar nuevas opciones.
Es cierto que las mediciones oficiales señalan que, de 32 departamentos del país, 21 están afectados por cultivos ilícitos. Igualmente se sabe que en regiones como Putumayo, Nariño, Cauca y Caquetá el aumento de la producción de coca ha sido considerable en los últimos tiempos. Pero también es claro que, por primera vez, las Farc, en desarrollo del proceso de paz de La Habana, se han comprometido a romper cualquier nexo con esta economía ilegal, e incluso se han mostrado dispuestas a colaborar en la sustitución de los cultivos ilegales.
Sin duda, estas y otras particularidades de Colombia saldrán a relucir en la reunión del jueves en el Salón Oval de la Casa Blanca, pero lo más importante es que ya las autoridades no llegan a Washington con un S.O.S. a bordo para pedir ayuda ante una peligrosa amenaza. Los términos de discusión son otros. Hace dos décadas el país estaba en crisis y los grupos armados ilegales, fortalecidos con los dineros del narcotráfico, tenían sitiada a la democracia. Hoy existen riesgos y el negocio ilícito continúa, pero la paz es el objetivo prioritario.
Por eso, quienes creen en la estrategia de un nuevo Plan Colombia para reforzar la histórica alianza política, económica y militar con Estados Unidos, también asumen que la urgencia ya no son ríos de dólares para batallones antinarcóticos, armas sofisticadas o entrenamiento de personal militar, sino fórmulas de inversión social en regiones martirizadas por la guerra. Sin hacer a un lado la seguridad, pero con la perspectiva de un país en tránsito hacia el posconflicto y convencido de cambiar el modelo de la lucha contra las drogas.