Ponerle voz a la verdad, nueva lucha de las víctimas

El cuarto aniversario de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras fue la ocasión propicia para instalar la Segunda Mesa Nacional de Víctimas, un organismo que tendrá el desafío de diseñar, junto al Gobierno, las prioridades de la política para los afectados por el conflicto armado. Sin embargo, su reto más grande está en asumir un papel protagónico de cara a la firma de un eventual acuerdo de paz, en momentos en que, justamente, en La Habana (Cuba), el Gobierno y las Farc discuten el punto de víctimas. 

 

El proceso de elección de la Mesa empezó en los municipios. Allí, en abril, víctimas de todos los actores, de todos los hechos victimizantes, de distintas etnias y organizaciones locales, definieron  sus delegados. Estos, un mes después, eligieron a sus representantes  para participar en la conformación de las mesas departamentales. Y, el pasado lunes, los enviados de los 33 departamentos  eligieron 44 víctimas para que integraran la Mesa Nacional. 

 

Odórico Guerra, de Aracataca (Bolívar), fue elegido como coordinador de la Mesa Nacional y empezó su mandato con un discurso que levantó aplausos entre las víctimas y ampollas en los funcionarios. “Las víctimas vivimos con un coctel de sentimientos  en nuestros corazones. Emoción y razón, indignación, desconfianza y, sobre todo, esperanza. Nuestra participación es, por ley, un pilar de la política de víctimas. Pero debe serlo también de una solución a la guerra que se libra en nuestros territorios. Si se está negociando el fin del conflicto, nuestra voz debe ser más escuchada”, señaló Guerra.

 

También, pidió integrar a los movimientos pacifistas, a los actores sociales y políticos, a los defensores de derechos humanos y a las organizaciones de víctimas, en el diseño de la política de atención y reparación que, como lo ha dicho el Gobierno, está siendo sometida a una revisión de sus prioridades. Guerra ha dicho que no cree en que, con los recursos y con los plazos de la ley, se le vaya a cumplir a siete millones de víctimas y se declaró abierto a participar, en nombre de la Mesa, en la reingeniería de la política. 

 

Según dice Paula Gaviria, de la Unidad para las Victimas, esa revisión “no significa que las víctimas se vayan a quedar sin reparación, que es integral y no es solo dinero, sino que quienes la necesitan con mayor urgencia la recibirán primero. Está claro que hay que pensar soluciones pues los recursos que pensamos en 2011 han sido desbordados por contingencias, pero el compromiso del Gobierno es cumplir con las expectativas que han sido creadas”.

 

Guerra aprovechó además para mandarle un ‘vainazo’ al general (r) Luis Mendieta, quien no participó en la elección de la Mesa Nacional y señaló a los medios de comunicación que los afectados por la guerrilla no habían sido escuchados en la conformación de este ente de consulta. “General, el 60% de los que estanos acá somos víctimas de las Farc, y en muchos casos de la Fuerza Pública, a la que usted, general, pertenecía”, dijo Guerra entre aplausos. 

 

Otro de los temas que reclamaron los delegados fue el cierre del Registro Único de Víctimas para los afectados cuyo hecho victimizante haya ocurrido antes del 10 de junio de 2011, cuando fue promulgada la ley. De igual forma, víctimas de Vaupés, Meta, Vichada, Nariño y otros departamentos afirmaron que el problema radica en que los personeros, delegados del Ministerio Público, no atienden a los declarantes con celeridad y que en algunos casos atienden a dos o tres víctimas por semana. 

 

En respuesta, Paula Gaviria afirmó que si bien la ley decía que el registro de hechos anteriores a 2011 iba hasta 2013, el Gobierno amplió el plazo en dos años y que por asuntos administrativos es imposible postergarlo. De otro lado, la Defensoría del Pueblo aclaró que las personas que por fuerza mayor o por la continuidad del hecho victimizante no hayan podido registrarse, lo podrán hacer y que tiene el compromiso de apoyar a los personeros para que prioricen las declaraciones de las víctimas. 

 

Precisamente fue el defensor, Jorge Armando Otálora quien respaldó el clamor de las víctimas por tener mejor recepción en la mesa de conversaciones. Dijo que si bien es de destacar el papel de los negociadores en La Habana, es en estos escenarios, como el de la Mesa Nacional de Víctimas donde se deben explicar los avances de los diálogos con la guerrilla. “Eso ayudaría a desenmascarar a muchas personas que desde sus despachos, con mentiras, hacen politiquería con el anhelo de paz y que nunca han escuchado a una sola  víctima. Mucha atención con el proceso electoral. No permitan que se aprovechen de ustedes, las víctimas, ni que hagan politiquería en su nombre".

 

El centro de las preocupaciones de quienes estuvieron en Paipa durante la instalación de la Mesa fue la incidencia que puedan llegar a tener las victimas allí representadas en el proceso de paz. La Primera Mesa, que operó entre 2013 y 2015, dejó un gran legado, pues logró participar activamente en La Habana, no solo porque varios de sus miembros estuvieron en la delegación de 60 víctimas que estuvo allí sino porque, sostiene Odórico Guerra, las partes acogieron integralmente su propuesta de crear una comisión de la verdad.

 

Y es que, dicen las víctimas, si no llegaran a tener asiento y protagonismo en la comisión que anunciaron el Gobierno y las Farc para desentrañar la verdad de medio siglo de guerra, la lucha de tantos años de las organizaciones que creyeron en la ley de víctimas y en las instituciones no habrá sido fructífera. Como dice Gonzalo Sánchez, de la Comisión Nacional de Memoria Histórica, “los víctimas han hecho un tránsito vertiginoso de ser agraviadas y excluidas a ser víctimas reconocidas y empoderadas”. Un camino para acabar la guerra que les quiso quitar la voz y que, esperan, no lo haya logrado, pues dicen, sin lo que tienen por contar, no habrá verdades sino la victoria de los discursos de los guerreros.