Concretamente el expresidente Gaviria propuso que la justicia transicional sirva para saldar las cuentas que tienen con la justicia no solo los combatientes sino también los empresarios, políticos o miembros de la rama judicial que de una manera u otra han participado del conflicto colombiano, ya sea financiándolo, auxiliando a las partes o pactando operaciones y planes.
La propuesta tiene más impulsores que detractores. Por ejemplo, el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, calificó la iniciativa como “muy razonable” y de la “mayor importancia”. En este mismo sentido se expresó el fiscal Eduardo Montealegre, quien desde hace algunos meses había hecho propuestas en este mismo sentido.
En los círculos políticos también fue vista con buenos ojos la propuesta de Gaviria. La apoyaron en el Partido Liberal, en el Partido de la U, en el conservatismo y en el Polo Democrático. Se podría decir, que en términos generales existe cierta unanimidad respecto a la propuesta.
Pero al mismo tiempo, resulta un debate prematuro, puesto que en este momento la mesa de diálogos tiene centrada su energía en dos asuntos: conseguir un acuerdo en el tema de víctimas y trazar una ruta para el desescalamiento del conflicto armado, para ambientar los avances del proceso de paz.
Sin embargo, la iniciativa de Gaviria tuvo receptores y el más importante fue el Centro Democrático, que encabeza el expresidente Uribe. Desde esa orilla, el senador Alfredo Rangel, consideró que es una buena propuesta pero que no hay que olvidar que la justicia transicional debe ceñirse a las obligaciones internacionales suscritas por Colombia. Una declaración que deja ver que la propuesta de Gaviria cumplió su objetivo: tender puentes con el uribismo.