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Fue hacia octubre de 2008, cuando el entonces presidente Álvaro Uribe ya apostaba por la búsqueda de una segunda reelección a través de la aprobación en el Congreso de un referendo que le abriera esa puerta, que planteó la tesis del “Estado de Opinión” como “fase superior” del Estado de Derecho. En esencia, de lo que se trataba era que más allá de las decisiones ejecutivas o judiciales está la opinión pública. Y así lo dejó claro el exmandatario y hoy senador del Centro Democrático en su discurso de rendición de cuentas sobre derechos humanos que hizo en febrero de 2009: “Nosotros creemos en un Estado de Opinión, donde no prevalece el capricho del gobernante, sino el imperio de la ley, y más allá de la interpretación de los jueces, lo superiormente importante es la opinión pública”.
Por esa época, el país vivía momentos de turbulencia y el enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Rama Judicial era intenso. Y estando en juego la continuidad en el poder, la teoría de Uribe apuntaba a que si las mayorías del país estaban de acuerdo con la modificación de la Constitución para permitir un tercer período de la seguridad democrática, la confianza inversionista y la cohesión social, como lo demostraban las encuestas de esos tiempos, eso debía ser corroborado mediante la habilitación del referendo y, sin importar otras consideraciones, las instituciones debían avalar la convocatoria a las urnas y modificar las reglas del juego para que así ocurriera.
Es evidente que esa tesis permanece intacta en el corazón del uribismo. En el Centro Democrático nadie la ha mencionado, pero bien puede aplicarse ahora que hablan de “resistencia civil” en oposición a los acuerdos entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Farc. Se trata, han dicho, de un llamado a los ciudadanos para que expresen de todas las formas su rechazo a lo que consideran como un “pacto de impunidad”.
O como lo explicó Uribe en varios mensajes de Twitter: “La resistencia es el ejercicio de la oposición de manera sistemática, de acuerdo con la Constitución y con las leyes”. “¿Oposición a qué? Oposición no a la paz. Oposición al acuerdo de impunidad que el Gobierno Nacional está aceptando a las Farc”. “¿Por qué? Porque esa impunidad no garantiza la estabilidad de los acuerdos y además es generadora de nueva violencia”.
En efecto, la idea del uribismo es ejercer esa oposición a los acuerdos en la calle, con documentos, en el Congreso, en todos los procesos electorales que vienen. “Nosotros tenemos que sumar un gran grupo de ciudadanos que digamos: ‘no a la entrega de Colombia a las Farc’”, enfatizó el exmandatario. En otras palabras, que el Estado de Opinión aplique ahora en contra de los eventuales acuerdos de paz. Porque, como dijo Uribe alguna vez, en uno de sus muchos discursos de defensa de la tesis del Estado de Opinión, “lo único sostenible es aquello que tiene recibo en la conciencia y en el corazón de la ciudadanía”.
En conclusión, la apuesta es porque la mayoría de los colombianos que en las encuestas se muestran de acuerdo con la paz más no aceptan que los líderes de las Farc no paguen cárcel u obtengan elegibilidad política, se sumen a la esa “resistencia civil”. Y aquí también vale la pena retomar otra de las frases del expresidente en 2008: “Nosotros creemos que en un Estado de Opinión, donde no prevalece el capricho del gobernante sino el imperio de la ley, y más allá que de la misma interpretación de los jueces, lo superiormente importante es la opinión pública”.
Ahora, es claro que el llamado a la “resistencia civil” que hace Álvaro Uribe es el inicio de la campaña por el no en el proceso de refrendación de los eventuales acuerdos, que el Gobierno quiere que sea vía plebiscito. Por lo tanto, ya está notificado el presidente Santos de que el pulso será ante la opinión pública y que el trabajo de pedagogía tendrá que ser intenso porque lo que está demostrado hasta el momento es que las posturas del exmandatario y del Centro Democrático tienen acogida en una buena parte de los colombianos.
Para la muestra un botón: en el último sondeo Gallup Poll, el 64% de los colombianos están en contra de sacrificar parte de justicia para tratar de negociar la paz y el 66% cree que los diálogos con las Farc van por mal camino. A favor del gobierno Santos en dicho sondeo juega el que una mayoría, (52%) sigue creyendo que hay que insistir en los diálogos para acabar con el conflicto y que un 66% de los que dijeron que saldrían a votar un eventual plebiscito por la paz (32% contra 19% que señalaron que no saldrían), se inclinan por el sí.