Sala especial para uniformados, la última batalla

Comisión primera definirá hoy la suerte del proyecto de reforma constitucional que busca crear una sala especial para los militares involucrados en graves crímenes. Opositores a la iniciativa aseguran que esto los llevara a enfrentarse a la Corte Penal Internacional.

-Redacción Política
25 de octubre de 2018 - 11:30 a. m.
El Centro Democrático está impulsando una propuesta para crear una sala especial para los uniformados en la JEP. / Archivo El Espectador
El Centro Democrático está impulsando una propuesta para crear una sala especial para los uniformados en la JEP. / Archivo El Espectador

Quedan siete semanas de sesiones en el Congreso y el tiempo se agota para tramitar las reformas constitucionales. Por eso, la Comisión Primera del Senado se dedicó ayer de lleno a debatir uno de los proyectos más polémicos: la creación de una sala especial en la Justicia Especial de Paz (JEP) para los miembros de la Fuerza Pública.

La iniciativa es de autoría de la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, y cuenta con el aval del expresidente Álvaro Uribe, así como de un sector importante de Cambio Radical. Sin embargo, el uribismo no cuenta con las mayorías para aprobarla. La prueba fue la sesión de este miércoles en la que, con la premura de que si no se aprueba esta semana se hunde por tiempos, el Centro Democrático buscó todos los medios para que se le diera el aval.

Desde las 10:00 de la mañana y hasta las 3:00 de la tarde, en la Comisión Primera se vivió un auténtico pulso político. Allí tienen asiento 22 senadores y la bancada de Gobierno tiene una aparente ventaja. Sin embargo, para la sesión de ayer miércoles, el Centro Democrático se veía diezmado, ya que no contó con el voto de José Obdulio Gaviria, quien se recupera de una intervención quirúrgica, y no estuvo Germán Varón, de Cambio Radical.

Así las cosas, el Gobierno contaba con tan solo siete votos, los que durante toda la mañana eran suficientes para aprobar el proyecto, de no ser por la eficaz estrategia que plantearon las bancadas de oposición, junto a los llamados disidentes del Partido de la U, encabezados por Roy Barreras. Quienes se oponen a la iniciativa intervinieron uno tras otro e incluso llamaron refuerzos de otras comisiones, como Iván Cepeda, Aída Avella o la representante a la Cámara Juanita Goebertus.

Los discursos les dieron el suficiente tiempo para esperar la llegada de dos votos fundamentales para los opositores a la iniciativa: los de Rodrigo Lara e Iván Name. Con estos dos senadores sumaban nueve. Cuentas apretadas que además le asignaban un poder decisivo a los tres senadores del Partido Liberal. Por cierto, Luis Fernando Velasco, liberal, no participó en el debate porque se encuentra fuera del país, y su ausencia afecta a quienes se oponen al proyecto.

En este escenario, la bancada de Gobierno que preside la comisión, a través del senador conservador Eduardo Enríquez Maya, viendo la desventaja no permitió que se adelantara la votación y citó para las 8:00 de la mañana de este jueves. Y es que tanta es la premura para que no se hunda esta iniciativa, que convocaron a sesionar un jueves, día inusual para el trabajo legislativo. Así pues, el pulso no ha terminado y librará hoy su última batalla.

En términos generales, la senadora Valencia explica que la creación de esta sala especial hace parte del cumplimiento del Acuerdo de Paz, pues cumple con el propósito de que los uniformados involucrados en graves crímenes reciban un trato diferencial. La tesis del uribismo es que en el actual sistema de justicia transicional los uniformados están expuestos a aceptar responsabilidades y ofrecer verdad sólo para recibir el beneficio de la libertad. 

Del otro lado están quienes consideran que este proyetco no sólo es inconveniente sino inconstitucional. Inconveniente porque crea una grieta en la simetría pactada en el Acuerdo de Paz. Inconstitucional, porque la la Corte y el Congreso ya aprobaron el sistema de justicia transicional. Pero además, los opositores a la iniciativa aseguran que de aprobarse este proyecto se pone en riesgo la seguridad jurídica de los uniformados, que quedarían expuestos a una intervención de la Corte Penal Internacional, la cual tiene muy adelantado un expediente por los mal llamados falsos positivos.   

 

Por -Redacción Política

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