El presidente Juan Manuel Santos anunció este martes reformas estructurales tras el escándalo desatado en la Corte Constitucional, esto después de que el magistrado Mauricio González Cuervo denunciara que el entonces magistrado Jorge Pretelt habría pedido $500 millones para favorecer a la empresa Fidupetrol en el trámite de una tutela, así como nuevas acusaciones derivadas de dicha denuncias.
El mandatario destacó que “no se puede alimentar la idea de que hay que revocar a todos los magistrados, o alentar la convocatoria de una asamblea constituyente sin que se conozca siquiera cuál sería su propia temática”. Sin embargo hizo públicas algunas decisiones como “romper, de una vez por todas, el cordón umbilical entre la política y la justicia, que tanto daño ha hecho”, para ello señaló que se aprovechará “la reforma constitucional de Equilibrio de Poderes que está a consideración del Congreso para asegurarnos de que la política no participe en la selección de magistrados y jueces”.
El mandatario anunció que expedirá este mismo miércoles un decreto con el fin de dar trasparencia y visibilidad al mecanismo de selección de magistrados, con participación de la sociedad civil. Así se buscaría que "la meritocracia sea el procedimiento para seleccionar a los magistrados, y que sean las propias Cortes quienes los designen, sin consideraciones políticas ni partidistas".
Así mismo Santos indicó que en medio de la reforma constitucional en trámite se está buscando reemplazar la Comisión de Acusaciones de la Cámara por un Tribunal de Aforados "con más facultades, con más dientes para hacer su tarea. Y no será un tribunal que solo investigue, sino que acusará directamente ante el Congreso en pleno a los funcionarios aforados, con el fin de agilizar el proceso. Y el Congreso, en un término perentorio, evaluará la conveniencia de dar trámite a la acusación".
Entre las decisiones está, también en el marco de la reforma constitucional, la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, que en este caso se sustituye “por un nuevo modelo de administración en el que se conserva la presencia de las altas Cortes en un órgano colegiado que fijará las políticas de la Rama. Paralelamente, se creará una Dirección de la Magistratura que se encargará de administrar la carrera judicial y los concursos de mérito de donde saldrán los nombres de magistrados y jueces”.
Con el fin de acabar el llamado “yo te elijo, tú me eliges”, Santos añadió a su paquete de medidas el garante de que quienes hayan sido elegidos para una magistratura no puedan votar después para elegir a los que apoyaron su designación. “Es urgente acabar con la llamada “puerta giratoria” en que los magistrados saltan de una corte a otra”, resaltó.
Para hacer visible la meritocracia al momento de las designaciones, anunció también que se aumentará a 20 años el requisito de experiencia profesional para ser elegido magistrado. Pero entre las decisiones más destacadas se encuentra la expedición de un “proyecto de ley estatutaria, con mensaje de urgencia, que permita que los reglamentos de las corporaciones judiciales suspendan, como medida cautelar, a sus propios magistrados cuando se encuentren en una situación patente de indignidad”.
Las decisiones tomadas por el mandatario también tocaron a los abogados. Santos indicó que dio instrucciones al Ministro de Justicia para que presente “de inmediato el proyecto de ley que instaura el examen de Estado para los abogados, de manera que, en lo sucesivo, solamente podrán ejercer esta profesión quienes acrediten la formación, el conocimiento y la idoneidad suficientes”.