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Mediante una carta publicada por la Casa de Nariño, el presidente Juan Manuel Santos le respondió al procurador Alejandro Ordóñez luego de que éste le enviara un cuestionario pretendiendo saber pormenores de la autorización que el primer mandatario le dio al comandante de las Farc, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, para viajar a reunirse con la comisión negociadora de esa guerrilla en La Habana (Cuba). Para Santos, el requerimiento del procurador resulta por lo menos improcedente.
El miércoles pasado el procurador envió un cuestionario al presidente en el que preguntaba cosas como “¿Cuándo el señor Timochenko adquirió la condición de ‘vocero’ o ‘miembro representante’ del grupo Farc para participar en la mesa de diálogos de La Habana?”, “¿cuántas órdenes de captura existen a la fecha contra el señor Timochenko?”, o, “¿en cuántas oportunidades el Gobierno ha autorizado a Timochenko para desplazarse a La Habana y participar en la mesa de diálogos con el grupo al margen de la ley Farc?”.
Además, en el mismo requerimiento, el Ministerio Público pidió al Ejecutivo los informes presentados a las comisiones Primera de Senado y Cámara del Congreso, “referidos a la utilización de las atribuciones que le confiere al jefe de Estado la Ley 418 de 1997, que regula los procedimientos en desarrollo de procesos como el adelantado en la actualidad con el mencionado grupo Farc”.
La respuesta de Santos a Ordóñez fue airada. Primero, le recordó cuáles eran los alcances de su función. “El cuestionario que formula en su comunicación es absolutamente improcedente a la luz de la Constitución Política que usted invoca (...). La competencia del Ministerio Público está circunscrita a la potestad de intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas”, dice la misiva.
Asimismo, aprovechó para explicarle al procurador por qué la Presidencia está, exclusivamente, facultada para tomar decisiones como la autorización a Timochenko. “Los diálogos de paz constituyen un proceso jurídico-político de carácter complejo que tiene fundamento en la Constitución y en la ley. Justamente por ello ha sostenido la Corte Constitucional que los mecanismos de solución al conflicto corresponden a “decisiones de alta política reservadas, por lo tanto, al fuero presidencial”.
Y, por último, en tono condescendiente, el presidente invitó al procurador a una audiencia para enterarlo de los avances del proceso de paz “con la seguridad de que el señor procurador se unirá a este propósito nacional, en estricto acatamiento del artículo 113 de la Constitución (que define las ramas del poder público)”.
A la polémica también se sumó la Fiscalía. Jorge Fernando Perdomo, fiscal general (e), advirtió que Santos sí estaba facultado para avalar el viaje de Timochenko a la isla. “No se puede poner en duda la facultad que tiene el presidente para dirigir un proceso de paz. Está autorizado por el derecho internacional e interno, como jefe de Estado para tomar decisiones para que Colombia pueda lograr la paz", sostuvo Perdomo, quien reveló que se han levantado cerca de 30 órdenes de captura contra líderes guerrilleros.