Prueba de esto es la decisión de radicar la prórroga de la Ley 418, de Orden Público, marco normativo que rige para los diálogos.
La Ley de Orden Público fue sancionada en 1997 en el gobierno de Ernesto Samper, cuando el país pasaba por uno de los momentos más complejos del conflicto. Las Farc estaban fortalecidas y protagonizaban tomas armadas como la del batallón de Las Delicias y la de Patascoy, en Nariño. No obstante, se necesitaba una herramienta jurídica para negociar, que fue empleada en el mandato de Andrés Pastrana, cuando se decretó el despeje de 42.000 kilómetros en la región del Caguán, al amparo de esta norma.
Esos diálogos fracasaron, pero la norma sigue viva y ha sido la columna vertebral de todos los acercamientos del Gobierno con grupos ilegales, a excepción de la desmovilización de los paramilitares, que fue tramitada bajo la Ley de Justicia y Paz, que hoy es blanco de críticas.
Sin que se conocieran los avances secretos entre Gobierno y Farc que condujeron a la instalación de los diálogos de paz, el entonces ministro de Interior y Justicia, Germán Vargas, tramitó una nueva prórroga de la Ley de Orden Público, donde quedó expresamente establecido que nunca habría una zona de despeje en Colombia, pero también que una negociación podría realizarse en el exterior. Meses después, el presidente Santos presentó al país el “Acuerdo para la terminación del conflicto”.
En ese momento, el 26 de agosto de 2012, Santos planteó como tercer punto del acuerdo “concluir el trabajo sobre los puntos de la agenda en el menor tiempo posible, para cumplir con las expectativas de la sociedad sobre un pronto acuerdo”. Con su reelección, Santos recibió un voto de respaldo a los diálogos y en su discurso de posesión ratificó su intención de finalizar el conflicto.
El comisionado Jaramillo reconoció los avances y dijo que el proceso está casi en un punto de no retorno, pero señaló los temas pendientes y las salvedades que quedaron en los tres puntos que ya están acordados no son temas de poca monta ni de fácil solución. Por eso fue presentada la prórroga de la Ley de Orden Público ante el Congreso, que sólo tiene vigencia hasta diciembre de este año y ahora dará un margen de maniobra de cuatro años. La paz está caminando, pero requiere tiempo.