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La decisión del Gobierno de aplazar la extradición de Eduardo Cabrera, alias el Cura, uno de los comandantes del bloque Sur de las Farc y hermano de alias Fabián Ramírez, miembro del Estado Mayor Central y uno de los negociadores de paz del grupo guerrillero en La Habana (Cuba), pone otra vez sobre la mesa el debate en torno a los pedidos de la justicia de Estados Unidos de los jefes subversivos, un asunto que, quiérase o no, es de los que más impactan hoy a la mesa de diálogos. Sobre todo después de que el presidente Juan Manuel Santos anunciara que existe la posibilidad de interceder ante el gobierno estadounidense para que, tras la concreción de un acuerdo de paz, se suspendan todas las solicitudes de extradición.
De 60 años, alias el Cura fue capturado en Montañitas (Caquetá) por unidades del Gaula militar y el CTI de la Fiscalía en noviembre de 2013. Está acusado de fabricar, distribuir y enviar cocaína a Estados Unidos. Según las autoridades, era capaz de mover hasta 1.500 kilos del alucinógeno por mes. Casi un año después, en septiembre de 2014, el juez primero penal del circuito especializado de Florencia lo condenó a 16 años de prisión, precisamente por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. En concreto, se le acusó de ser el propietario de un cargamento de 91 kilos de cocaína incautado en aguas de Cartagena del Chairá. El pedido de extradición estaba a nombre de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.
Ahora, en la Resolución ejecutiva 030 de 2015, el Gobierno firmó la extradición del Cura, pero la condicionó. “Diferir o aplazar la entrega del ciudadano colombiano Eduardo Cabrera hasta cuando, en relación con los procesos penales que se adelantan en su contra, ocurra alguno de los siguientes eventos: 1) Se le condene y cumpla la pena, o 2) La actuación termine por preclusión o por sentencia absolutoria”, aclara la resolución. Dos escenarios que llaman la atención, pues se habla de preclusión o de sentencia absolutoria, términos que para quienes se oponen al proceso de paz de La Habana apuntan a entregarle una especie de perdón.
“Es hermano de un jefe negociador en Cuba y estaba solicitado por narcotráfico. Está en una nueva concesión gratuita para las Farc. La decisión es que cumpla la condena aquí en Colombia y después se resolvería su situación, pero lo que vemos es que sin firmar la paz ya les estarían perdonando sus crímenes”, manifestó el senador Alfredo Rangel, del uribista Centro Democrático. A su vez, el expresidente y también senador Álvaro Uribe escribió en Twitter: “Estamos viviendo una capitulación del Estado de Derecho en favor del narcoterrorismo”. En este sentido, la pregunta que queda hoy en el ambiente es: ¿se comenzó a replantear desde ya el tema de la extradición, teniendo en cuenta los intereses en la mesa de negociaciones de La Habana?
Fuentes cercanas a los diálogos le contaron a El Espectador sobre una supuesta molestia de la delegación de las Farc en Cuba por la aprobación de la extradición del hermano de Fabián Ramírez. Lo que creen es que la decisión de condicionarla puede convertirse en un elemento a favor del Gobierno para presionar acuerdos en un futuro. Pero al mismo tiempo, se sabe que si bien el presidente Santos puso sobre la mesa la posibilidad de mediar para que los jefes guerrilleros no sean pedidos por la justicia norteamericana —y ya el delegado de Obama, Bernard Aronson, estuvo en la isla hablando con la gente de las Farc— ello no es garantía de que los pedidos de extradición se suspenderán. Y ese es un tema crucial para las Farc, que están convencidas que de nada valdría firmar un acuerdo si esa puerta queda abierta.