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El miércoles pasado, en su primera alocución al país en el nuevo año, el presidente Juan Manuel Santos reveló que le dio instrucciones a su equipo de negociadores de paz en La Habana (Cuba) para que inicien lo más pronto posible la discusión sobre el cese del fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, tema que hace parte del punto tres —fin del conflicto— de la agenda de negociaciones pactada con las Farc. Una declaración que generó opiniones e interpretaciones de todo tipo, teniendo en cuenta que hasta ese momento siempre había hablado de que esa posibilidad —pedida insistentemente por la guerrilla— solo sería considerada tras la firma de un acuerdo final y que se seguiría negociando en medio del conflicto.
Cambio de postura que demuestra que el proceso está “en su recta final”, dijeron unos. Que el presidente está “sometido por el terrorismo”, expresaron otros. Lo cierto es que en las explicaciones posteriores que salió a dar el general (r) Óscar Naranjo, ministro para el posconflicto y negociador del Gobierno en Cuba, quedó claro que la puerta para considerar un cese del fuego bilateral antes de lo previsto está abierta, lo cual, aclaró sin embargo, debe pasar primero por desescalar el conflicto, lo que implica, por ejemplo, el desminado de los campos, entregar información sobre desaparecidos y excluir a los niños de la guerra.
Es claro que si se firma el cese del fuego bilateral entre el gobierno Santos y las Farc, ello puede leerse que en el territorio nacional se conserva el orden público, que ya no es perentorio dirigir operaciones de guerra antisubversiva y que la disposición del mandatario para las Fuerzas Armadas, en su calidad de comandante supremo, es que deben seguir defendiendo la soberanía, la independencia y la integridad territorial frente a otro enemigo, porque el orden constitucional acepta o está a punto de un pacto de paz entre el Estado y la insurgencia.
Eso marchando por los principios trazados en la Carta de 1991, que advierten a las autoridades de la República que están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia. De lo contrario, sería suspender esos deberes y coexistir con un grupo armado que los desconoce. Pero, más allá de las palabras o del eco de la política que retumba en los estrados del poder —incluido el de los medios— el cese del fuego bilateral entre Gobierno y Farc es un paso que no puede darse sin un acuerdo claro que lo legitime.
Para Rafael Pardo, quien lideró las negociaciones de paz con los grupos guerrilleros M-19, EPL, PRT y Quintín Lame, durante el gobierno de Virgilio Barco, la ventaja que tiene el actual proceso con las Farc es que se han aprendido las lecciones del pasado y se tienen claros los parámetros de lo que no se debe hacer. Además, es indispensable que ese cese del fuego y de hostilidades bilateral sea antes de la firma de un acuerdo definitivo. “Los acuerdos tienen que refrendarse y hay que tener claridad de que la guerrilla no va a presionar a la población y que la Fuerza Pública podrá garantizar la seguridad”.
Es en este escenario que se enmarca la necesidad de darle legitimidad. Según Pardo, la tregua que se implementó con las Farc entre 1984 y 1985, en el gobierno de Belisario Betancur, falló porque nunca se tuvo claridad sobre lo que era: ¿solo no atacarse entre los combatientes o suspender las actividades contra la población civil, como secuestros y extorsiones? Claro, era un momento muy diferente al actual y los análisis posteriores mostraron que la estrategia de las Farc obedeció más a la “combinación de todas las formas de lucha”, en la que la negociación política era vista como un espacio de consolidación que permitiría el afianzamiento militar y la expansión hacia la búsqueda del poder.
Otro error de aquella experiencia tuvo que ver con la verificación. El gobierno nombró unas comisiones que no operaron, pues cuando se denunciaba alguna acción armada, llegaban al sitio de los hechos semanas después. La clave —dice Rafael Pardo— está en establecer protocolos de comunicación expeditos, sabiendo que aquí no solo el Ejército y las Farc están armados y coexisten las bandas criminales y otras organizaciones delincuenciales. “Yo sí creo que el actual proceso entró en un punto de no inflexión, al menos en lo militar, porque incluso a las Farc les queda muy difícil romper la tregua unilateral que declararon, pues arruinarían la confianza”, concluyó.
Víctor G. Ricardo, quien como primer comisionado de Paz del gobierno de Andrés Pastrana estuvo al frente de los contactos y el inicio del proceso de negociación en el Caguán con las Farc, cree que la declaración del presidente Santos en el sentido de que se inicie lo más pronto posible la discusión sobre el cese del fuego bilateral, es más una invitación a acelerar los diálogos. Con una advertencia: “Cese bilateral antes de la firma hace muy frágil el proceso, se puede romper en cualquier momento y acabar con los avances logrados. El presidente está tratando de blindar los diálogos para que, al avanzar en las condiciones de cómo se llevaría a cabo ese cese, tan pronto se firme la paz se puede implementar sin correr riesgo o cometer errores”.
Otra tesis de Ricardo se refiere a lo que muchos —incluso en el alto gobierno— consideran como el punto de no retorno al que ya se llegó en La Habana. “Nunca hay punto de no retorno. Puede haber hechos incomprensibles que acaban los procesos. El punto de no retorno es cuando se firme el acuerdo. Se ha avanzado, pero se requiere avanzar en la socialización de los temas abordados, porque más daño hacen los rumores que la verdad. Como es necesario también tener claro que lo que se va a firmar es el cese de la violencia, porque la paz requiere inversión social, salud, educación, superar la pobreza”.
Casi dos años después de iniciado el proceso del Caguán, Víctor G. Ricardo le dio paso como comisionado a Camilo Gómez, quien hablando con El Espectador expuso su mirada histórica y pedagógica. Para Gómez, hay tres tipos de cese del fuego: el “estatua” que planteó Betancur, en el que nadie ataca y que es “muy complicado porque el disparo de un borracho lo puede romper”. El propuesto por la administración de César Gaviria en los diálogos de Tlaxcala (México), en 1992, “que era algo así como 70 zonas de concentración o ubicación, que es algo muy difícil de corroborar y sobre todo de verificar y riñe con la Ley 418, que prohibió las zonas de despeje”.
Y está el que considera es el más adecuado para la actual coyuntura: el de la separación de fuerzas, para lo cual se deben destinar sitios de concentración, “que es lo que no les gusta a las Farc, pero debe ser así porque las Fuerzas Militares tiene otras violencias que combatir”. Con un ingrediente adicional: “Se requiere una verificación efectiva y seria”. Pero sobre todo, Camilo Gómez dice que el presidente Santos debe buscar el mayor capital político para la paz, de cara a la refrendación: “Hoy, más del 60% de los colombianos no creen en el proceso y no puede calificarlos como enemigos de la paz, tiene que acercarlos. Ese es el gran riesgo”.
En los diálogos de Tlaxcala, que se iniciaron en Caracas (Venezuela) en 1991, estuvo al frente el ahora senador liberal Horacio Serpa: “En Caracas hablamos todo un año de cese del fuego y no pudo lograrse nada por tantas inconsistencias e incoherencias y porque cada quien quería sacar provecho de sus posiciones. Lo que yo veo hoy es que si ello ha de presentarse, será muy cerca de la firma del acuerdo y si se da antes, es un éxito extraordinario”, indicó. Eso sí, Serpa considera que de declararse el cese del fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, ello sí es el fin del fin, “no como el que se dijo en otras épocas y resultó chimbo”.
Ahora, lo cierto es que si el presidente Santos da instrucciones a su equipo negociador en La Habana para que el tema se discuta, seguramente es porque tiene la convicción de que las Farc pronto van a firmar la paz y porque quiere presionar a la guerrilla para que asuma lo que le concierne en este asunto. Por algo se dice que mientras la subcomisión del Gobierno encargada del tema —la que lidera el general Javier Flórez— ya tiene mucho trabajo adelantado, la de las Farc está todavía cruda. Una presión también que apunta a que dé señales de querer un acuerdo, pues hasta ahora su mayor gesto ha sido recibir a algunas de sus víctimas emblemáticas, acompañadas por otras de la misma violencia pero de sus oponentes, en publicitados encuentros en Cuba.
Por eso, antes de que el cese del fuego bilateral sea prioridad, lo óptimo sería que avanzara el diagnóstico de las comisiones históricas que evalúan el alcance del conflicto armado en el país, y que, en consecuencia, más allá de la justicia —que no se invoca mucho por estos días y que será eje de discusión muy pronto—, de una vez por todas se supiera si se van a saldar o no, y cómo, las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por los contendientes a través de 50 años y más, que alcanzaron la dimensión de crímenes de lesa humanidad y de guerra.
Es obvio que el propósito de todo proceso de paz es alcanzar el cese del fuego bilateral. Pero más allá de las disquisiciones lingüísticas, las interpretaciones de los analistas o los anuncios oficiales, se debe garantizar que este sea definitivo. Es decir, que no se convierta en retaguardia para dilatar y reposicionar fuerzas, que deslinde la ambigua semántica entre entrega y dejación de armas, y que vaya reparando a millones de víctimas.
Lo importante es que se vayan viendo los logros de la negociación en La Habana, así sea en ese otro eufemismo denominado desescalar la guerra. 2015 es año electoral y todo lo que suceda en Cuba va a repercutir en política. Si en el orden del día ahora la urgencia es alcanzar el cese bilateral del fuego entre Gobierno y Farc, ojalá sea el momento preciso de encararlo. Eso sí, debe quedar claro que si el presidente lo ordena, ante la sociedad y la historia debe hacerse responsable de su éxito o fracaso.
Del otro lado de los diálogos, el deber es de la insurgencia, que debe entender que si las fuerzas del Estado llegan a cesar su fuego es porque confían en que la paz es irreversible. En consecuencia, debe aportar gestos inequívocos de que está dispuesta a terminar la guerra y pasar a una nueva etapa de deliberación política sin el uso de las armas. Lo demás hace parte de la soberanía nacional, que como reza la Constitución, “reside exclusivamente en el pueblo”, que terminará acogiendo o rechazando lo que se convenga en Cuba.
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