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Los recientes hechos alrededor de la Universidad Distrital, donde estudiantes protestaron en contra de casos de corrupción dentro de la institución, quienes también recibieron actos de solidaridad por parte de alumnos de la Pontificia Universidad Javeriana, despertó de nuevo la idea de regular las manifestaciones por parte del Gobierno, sin embargo, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, la descartó. Y ahora, el senador Jónatan Tamayo, de la ASI, retomó este propósito.
“Manguito”, como mejor se le conoce al parlamentario que ha mostrado su simpatía con el Gobierno Duque y la bancada uribista, presentará el próximo lunes un acto legislativo que pretende añadirle un parágrafo al artículo que permite la libre movilización en forma de protesta dentro de la Constitución.
Con solo tres puntos, el proyecto pretende restringir las protestas en semana y permitirlas, únicamente, los sábados y domingos. “Las marchas no son reglamentadas para que afecten algunos sectores, es para que el pueblo se manifiesta”, dijo el senador Tamayo.
A su juicio, las movilizaciones en semana afectan al sector comercial, de transportes y, según el caso que convoque la protesta, a estudiantes y trabajadores. “Por ejemplo, es incoherente que los profesores salgan a marchar por la educación y hagan perder las clases a los alumnos”, explicó.
Los peros que ha recogido la iniciativa, dice el parlamentario, son las quejas de algunos maestros de disponer sus días de descanso para movilizarse. Él insiste que “el espíritu de las marchas no puede ser perjudicar a otros”, poniendo nuevamente al comercio y el transporte como los principales afectados.
Hasta ahora, “Manguito” lleva siete firmas de congresistas que apoyan su iniciativa y espera recolectar unas quince en total para radicarlo ante la Secretaría. “A todos les ha gustado menos a los de la izquierda”, dijo el senador.
Los senadores Iván Cepeda, del Polo Democrático, y Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, rechazaron el proyecto. "Ademas de ser un disparate, la propuesta es abiertamente inconstitucional, violatoria de todos los derechos políticos y de participación que tienen los ciudadanos y por supuesto una más de las iniciativas autoritarias que provienen del uribismo y la extrema derecha", dijo Cepeda.
Mientras que Sanguino sostiene que "este es uno de los proyectos que afecta la buen imagen del Congreso y le quita seriedad al trabajo legislativo cuando el país requiere que nosotros nos concentremos en los temas fundamentales de la agenda pública y en las preocupaciones de los ciudadanos en materias como la paz, los derechos sociales, el medio ambiente". Así mismo, manifestó que cree que esta iniciativa no prosperará y que es "paradójico que el senador Tamayo presente esta propuesta cuando representa a un partido como la Alianza Social Independiente, cuyo origen fue la movilización indígena y popular en el país que precisamente reivindicaba la protesta social".
La Confederación General de Trabajo (CGT) se manifestó en contra del proyecto: "Lo que hay es que aumentar son los controles en materia de seguridad para evitar que gentes que no tienen nada que ver con el movimiento estudiantil, que nada tienen que ver con el magisterio, nada tienen que ver con las organizaciones sindicales, en un momento dado, sean infiltrados por personas extrañas", dijo el presidente de la entidad, Julio Roberto Gómez, Senado Noticias.
Mientras tanto, para el senador de Cambio Radical, Temístocles Ortega, la iniciativa es válida para entrar a analizar cuál derecho pesa sobre el otro. "La Corte debe usar una herramienta de interpretación para ponderar cuál derecho prima sobre el otro y, por supuesto, cuál debe de ampararse. Creo que en una sociedad democrática como esta, los derechos a la libre expresión son vitales y no son fáciles de restringirlos", también dijo a Senado Noticias.