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Han sido más de dos años de negociaciones entre el Gobierno y las Farc en Cuba. Casi 25 meses en los que, envueltas en el escepticismo y la división de la sociedad, el fragor electoral y el fuego cruzado, las partes han llegado a tres acuerdos que son la columna vertebral de las reformas que implicaría un eventual posconflicto. Pero, durante la semana que termina, dos hechos generan la percepción de que el proceso también ha llegado a un punto de no retorno, y la certeza de que ahora viene lo más difícil. El cese al fuego unilateral e indefinido, y el pedido de perdón a las víctimas de Bojayá, ambos anunciados por las Farc, que pueden cambiar el ajedrez de la negociación.
En noviembre, al hacer el balance de las conversaciones en su segundo aniversario, decíamos en estas páginas que el ritmo sostenido del proceso era evidente. En promedio, cada seis meses el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc consiguieron firmar acuerdos parciales. Los temas de desarrollo agrario, participación en política y drogas ilícitas, que abarcan el paquete de reformas que se darían tras un pacto de paz, fueron evacuados con relativa celeridad, pese a denuncias de interceptaciones ilegales a los negociadores, la oposición del uribismo, la continuidad de la guerra y las angustias de la puja electoral de 2014.
Quedan por solventar asuntos claves, que hoy son discutidos sin descanso. Hay avances concretos en las negociaciones sobre el reconocimiento de los derechos de las víctimas y de las responsabilidades de las partes ante ellas. No sólo se hizo una declaración de principios en los que Estado e insurgencia se comprometen a “no intercambiar impunidades”, sino que, durante esta misma semana, concluyeron las visitas de 60 víctimas del conflicto a La Habana, donde fueron a contar sus experiencias, hacer sus exigencias sobre el contenido de un acuerdo final y a enrostrar, en muchos casos, a sus propios victimarios.
Al tiempo que las partes han ido confeccionando un acuerdo sobre las víctimas con base en los testimonios de las visitas y los foros realizados en el país por Naciones Unidas y la Universidad Nacional, el ritmo del proceso se ha ido acelerando durante los últimos meses. La instalación de subcomisiones paralelas, dedicadas a la discusión de temas como la inclusión de una perspectiva de género en el acuerdo final y el mentado DDR (Desarme, Desmovilización y Reintegración), es un signo de que el Gobierno y las Farc saben del desgaste que implica la prolongación en el tiempo del proceso.
Las últimas semanas estuvieron plagadas de signos en ese sentido. Los medios de comunicación, por fuentes cercanas al proceso, y hasta por declaraciones del mismo presidente Santos, dejaron entrever que el “desescalamiento” de las hostilidades era inminente. El desminado, la desvinculación de menores, el cese de ataques a la infraestructura víal y energética o, incluso, de los bombardeos, eran algunos de los anuncios que, se vaticinaba, harían las partes en el corto plazo. Hasta que, el pasado miércoles, las Farc anunciaron el cese al fuego unilateral e indefinido.
El anuncio de una tregua guerrillera no habría sido distinto de las habituales durante las festividades de diciembre si no fuera por el adjetivo “indefinido”, que marca la esperanza de que en el corto y mediano plazo se reduzca considerablemente la violencia asociada al conflicto armado. Sin embargo, el anuncio no estuvo exento de peros. El condicionamiento de la guerrilla de mantener la suspensión de sus acciones ofensivas siempre y cuando las Fuerzas Armadas no ataquen a sus estructuras y se permita la verificación del cese por organismos internacionales, generó una tormenta de debates.
La oposición del Centro Democrático calificó el anuncio como un engaño de las Farc al país para forzar un cese bilateral, y el mismo Santos dijo que se trataba de “una rosa con espinas” al tiempo que se negó a conceder ambas exigencias de la guerrilla. A pesar de ello, calificó el anuncio como un “paso en la dirección correcta” y no es para menos. El pantano que tuvo que cruzar el proceso tras la privación de la libertad del general Rubén Darío Alzate, tres uniformados y una civil, y su posterior liberación, aumentaron la ansiedad sobre las medidas de desescalamiento que, se dijo, estaban ad portas de ser anunciadas y el escepticismo sobre los efectos positivos de entablar negociaciones con la insurgencia.
La tregua inició y, probablemente, dejen de percibirse atrocidades propias de la guerra como la muerte de los ocho uniformados a manos de las Farc el pasado viernes. Y tampoco estará exenta de críticas y de enemigos. La posibilidad de que se presenten escaramuzas entre las Fuerzas Armadas y estructuras guerrilleras es latente y el país tendrá que asumir el debate del carácter ofensivo o defensivo de la violencia. Mientras tanto, se da por descontado, habrá actores interesados en sabotear la tregua o minimizar su efecto.
En ese entramado de dificultades que atraviesa el proceso, despunta la esperanza de que acciones políticas como el pedido de perdón, que hizo Pablo Catatumbo a las víctimas de la masacre de Bojayá (Chocó) de 2002 el pasado jueves, se repitan y se conviertan en las noticias recurrentes provenientes de La Habana. La meta de firmar la paz en 2015, que se ha trazado Santos, es ambiciosa, pues las discusiones más tórridas están por darse, las concesiones a las que están dispuestas las partes son aún desconocidas y los efectos concretos de las negociaciones para la gente son todavía imperceptibles.