“Pedimos, en esta época preelectoral en ambos países, no utilizar la situación humanitaria como la que viven hoy cientos de colombianos para tener réditos electorales, ni incendiar la situación de la frontera, que sólo perjudica a la población de Táchira y de Norte de Santander”. Fue la declaración del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el domingo pasado, en su visita al centro de mando unificado dispuesto por el Gobierno en Cúcuta para atender a los colombianos que están siendo expulsados de Venezuela. Más allá del drama humanitario que viven quienes han tenido que dejarlo todo –sus casas, sus bienes y hasta algunos de sus familiares–, el pronunciamiento deja entrever el trasfondo político-electoral de la crisis que actualmente se vive entre los dos países.
El presidente Juan Manuel Santos citó para hoy a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para comunicarle la estrategia diplomática del Gobierno y conocer sus puntos de vista sobre la situación. Hubo ya reunión con el Ministerio de Defensa y la cúpula militar para tomar medidas con el fin de garantizar la seguridad en la zona y apoyar las labores humanitarias. Y para mañana está previsto un encuentro entre las cancilleres de los dos países, María Ángela Holguín y Delcy Rodríguez, para tratar personalmente los problemas generados con el cierre de la frontera y “expresar las preocupaciones e inconformidad por las denuncias sobre los atropellos sufridos por colombianos en Venezuela”, señaló el jefe de Estado.
Mientras tanto, desde el vecino país se insiste en culpar de la crisis al expresidente y hoy senador del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez. El anuncio del exmandatario a través de su cuenta en Twitter de que estaría ayer en un recorrido por Cúcuta, La Parada y el puente internacional Simón Bolívar, que une a ambos países, en “solidaridad con los torturados y expulsados por el dictador Nicolás Maduro”, caldeó los ánimos. El gobernador del Estado Táchira, Vielma Mora, se unió a la arremetida del presidente venezolano contra Uribe y afirmó que este “se dirige a la frontera colombo-venezolana con la intención de generar caos, terror paramilitar y desestabilización”.
Una disyuntiva que plantea un escenario complejo para el gobierno Santos, del que Uribe es hoy su más acérrimo opositor. Por eso, aunque el ministro Cristo manifestó que el exmandatario tiene todo el derecho de inspeccionar lo que ocurre en Cúcuta, también dijo que espera que su presencia no sea con la intención de calentar los ánimos entre ambas naciones: “Ojalá se actué con serenidad, con prudencia, sin el ánimo de incendiar la situación en las fronteras”.
Lo cierto es que en el Gobierno miran con recelo los movimientos de Uribe, no sólo en lo que tiene que ver con los réditos electorales que pueda sacar de cara a los comicios de autoridades territoriales de octubre próximo en Colombia, sino también en sus reparos al proceso de paz con las Farc en La Habana, donde Venezuela es uno de los países garantes. Ayer mismo, seguidores del expresidente chiflaron a la canciller Holguín y al ministro del Interior, cuando hacían un recorrido por el puente Simón Bolívar, y a gritos pidieron la presencia del presidente Santos.
A su vez, el uribismo cerró filas en torno a su líder, al tiempo que cuestionó lo que considera es la extrema pasividad del Gobierno colombiano. “La actitud cínica y ofensiva de Maduro atenta contra la dignidad del pueblo colombiano y del expresidente Uribe, y muestra el desespero de la dictadura de Venezuela en medio del proceso electoral que se avecina”, expresó Óscar Iván Zuluaga, director del Centro Democrático. “Los colombianos de bien exigimos que nuestro gobierno obre y haga las protestas representativas a esos ataques desproporcionados y miserables contra tantos ciudadanos que en Venezuela generan empleo, trabajan y son orgullosamente colombianos”, agregó el senador Iván Duque.
El Partido Conservador también alzó su voz de protesta y en un comunicado pidió la “intervención urgente” de la comunidad internacional –lo que ha sido visto como un mensaje a Unasur, que hasta el momento se mantiene en silencio– “ante la persecución y trato indigno que el régimen Maduro está dando a los colombianos”, exigiendo el respeto a los derechos humanos. Así mismo, le exigió a la canciller Holguín dar a conocer la cifra real de repatriados. Sin duda, una situación de crisis que llama a actuar con contundencia en defensa de la soberanía nacional, pero también con prudencia.
Por Redacción Política
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