El Centro Democrático amplió las capitulaciones que según tiene el presidente Juan Manuel Santos con las Farc en la negociación de La Habana.
El uribismo presentó 68 ‘capitulaciones’, que según el partido, se lograron gracias al aporte de los colombianos.
Las capitulaciones son una serie de reclamos que le hace el uribismo al presidente Juan Manuel Santos por la negociación de Cuba.
REFORMA RURAL INTEGRAL
Tierra y Propiedad
1. La principal premisa del acuerdo es lograr una transformación estructural del campo a partir de una Reforma Rural Integral (RRI) que desconcentre la propiedad y la colectivice. Parte del presupuesto de que la tierra es ilimitada para entregarle a cada campesino una parcela, pero como no lo es entonces crean unos instrumentos de extinción y expropiación altamente perversos.
2. Se aplicará extinción administrativa de dominio, -es decir, sin indemnización- a los propietarios legítimos de las tierras que supuestamente no cumplan la función social y ecológica de la propiedad. Esto abre la puerta a la arbitrariedad, crea incertidumbre entre los inversionistas y, en consecuencia, retardará el desarrollo rural.
3. Existen dos formas de extinguir el dominio: una judicial para el narcotráfico y la otra administrativa para quienes incumplan la función social o ecológica de la propiedad. Para el delincuente será un juicio con juez, garantías y segunda instancia. Para el propietario legítimo un funcionario administrativo sin apelación. Inquisición sin segunda instancia.
4. Se expropiarán tierras por motivos de interés social o de utilidad pública. Es una advertencia general de que ninguna propiedad legal tiene seguridad ni garantía jurídica de permanencia.
5. El acuerdo es ambivalente y demagógico. El Gobierno tiene un discurso sobre la garantía del derecho a la propiedad privada legítima; para las FARC el camino es una reforma agraria expropiatoria, con extinción administrativa de dominio y expropiaciones.
6. El origen del terrorismo no es un conflicto por la propiedad de la tierra y el latifundio. Es un proyecto de toma armada del poder combinando todas las formas de lucha, la electoral y la violencia armada, que se aprovecha de la pobreza en el campo, aunque los campesinos nunca ha reconocido a las FARC como sus voceros. El acuerdo, sin embargo, parece validar el discurso justificatorio del terrorismo..
7. Estamos de acuerdo con que el Estado debe seguir haciendo esfuerzos por darle tierra al campesino que la demanda. Sin embargo no creemos que la forma sea a través de la extinción administrativa de dominio de las tierras a sus legítimos dueños, sino mediante la titulación de baldíos y la extinción de dominio de tierras de narcotraficantes y otras bandas criminales.
8. No se conocen cuáles van a ser la “zonas priorizadas” para realizar en ellas las mencionadas extinciones de dominio y las expropiaciones. Sin embargo, la incertidumbre jurídica abarca todo el territorio nacional, pues la “Reforma Rural Integral es de aplicación universal”.
9. Los beneficiarios de extinciones de dominio y de expropiaciones de tierras serán no solo campesinos, sino “trabajadores con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente”. Esta definición abstracta de la población objetivo hace ilimitado el alcance de las medidas contra la propiedad rural legal.
10. El Estado cede demagógicamente ante las FARC para empoderar a organizaciones comunitarias infiltradas y amedrentadas por el terrorismo. Pero, ¿hasta dónde esas organizaciones manipuladas tomarán decisiones que impulsen el desarrollo? ¿Hasta dónde es conveniente que sean esas organizaciones las que definan el uso del suelo?
11. Todos los beneficiarios de la repartición de tierras serán también beneficiarios de los programas de vivienda, educación, crédito, adecuación de tierras, proyectos productivos, etc., de los Programas de Desarrollo Agrario Integral. Sin definición del alcance de las tierras afectadas y de la población usuaria, los compromisos serán incumplibles.
12. Las tierras adjudicadas serán inembargables e inalienables durante 7 años Esto, junto con la inseguridad jurídica por las extinciones de dominio y las expropiaciones a propietarios lícitos, congelará el mercado de tierras en el país.
13. Una instancia indefinida señalará el uso de la tierra. Primer paso hacia la planificación central y la eliminación del libre mercado en la agricultura.
14. En contravía del desarrollo moderno de la agricultura que exige grandes inversiones en extensas plantaciones, el acuerdo busca desconcentrar y repartir la propiedad, condenando al campo al atraso y a la improductividad.
Financiamiento de los Acuerdos
15. ¿Cómo se financiarán esos 10 planes si hoy el Gobierno anda enredado con 12,5 billones del presupuesto de 2015? Los 10 planes nacionales para atender la integralidad de la RRI (Vías terciarias, Riego y Drenaje, Conectividad Rural, Salud Rural, Educación Rural, Construcción y Mejoramiento de la Vivienda Social Rural, Asistencia Técnica, Tecnología y de impulso a la investigación, Apoyo y Consolidación de la generación de ingresos de la economía campesina, familiar y comunitaria, Comercialización economía campesina, Progresivo de Protección Social y Derechos de los Trabajadores) y un Sistema especial de seguridad (soberanía) alimentaria y nutricional para la población rural. Seguramente vendrán más reformas tributarias que ponen en riesgo la generación futura de riqueza.
16. La sola reducción de la pobreza rural, como se propone en el punto 3 de la RRI puede costar más de 68 billones de pesos, si sólo se le diera como subsidio la suma de 136.192 pesos mensuales a cada persona pobre del campo por el plazo de 10 años que estipula el acuerdo.
17. ¿De cuantas hectáreas será el Fondo de Tierras? ¿Cómo lo financiará? Aunque no se ha definido la cantidad de hectáreas de ese Fondo ni los años para cumplir la meta, es evidente que el esfuerzo fiscal será importante. Supongamos que sea un millón de hectáreas año a través de la figura de expropiación. Eso implica en promedio 5 billones por año, una suma igual al impuesto a la riqueza que hoy tramita el gobierno en la reforma tributaria.
18. Todo lo anterior necesariamente tendrá que crear una nueva institucionalidad (Idema, caminos vecinales, Emcoper, Himat, etc.). y por supuesto una institucionalidad que gire más en torno a una economía planificada que a una economía de mercado, según lo que muestran los acuerdos.
19. La mayoría de los planes y programas que se plantean en el acuerdo, solo están dirigidos a la economía campesina, familiar y comunitaria. No se contempla un desarrollo agropecuario integral con grandes inversiones. Terminará siendo un acuerdo que no incluye a los medianos y grandes productores. Las garantías deben ser para todos los productores.
Zonas de Reserva Campesina
20. El gobierno le entrega al terrorismo la definición de las áreas de las Zonas de Reserva Campesina, que se convertirán en sus zonas de retaguardia estratégica.
21. Las ZRC son la gran apuesta de las FARC con un estatuto que les permita tener autonomía en su manejo y constituirlas como tierras No embargables. Las ZRC son exclusivamente para control territorial, pues no han mostrado un mayor avance para los campesinos que las habitan.
22. Las FARC buscan convertír las ZRC en corredores geoestratégicos para la movilización militar, de tráfico de armas, drogas, contrabando, además del adoctrinamiento de las comunidades que hagan parte de ellas.
23. Es evidente que se tendrá una minifundización de la economía rural en las ZRC. Seguramente a la banca no le interesará prestar un peso a proyectos en las ZRC que se anotan como inembargables. Sin incremento de la competitividad del sector campesino nos llenaremos de importaciones.
Dejación de Armas
24. Las FARC han insistido en que nunca entregarán las armas, pero aceptan que “dejarán” de usarlas solo cuando el gobierno haya cumplido todos sus compromisos: los 10 Planes Nacionales Rurales incluidos en el acuerdo podrían durar más de 20 años en ejecutarse. La paz armada de las FARC es inadmisible.
25. Si no hay ejecución de los compromisos gubernamentales las FARC no dejarán las armas, lo que coloca a este grupo criminal en el mejor escenario pues se les otorga poder territorial (ZRC y otras áreas), político (segundo punto del acuerdo) y militar (no dejación de armas hasta que se cumplan los compromisos).
Falta de compromisos de las FARC
26. En ninguna parte aparece el compromiso de las FARC de entregar cerca de un millón de hectáreas que ha expropiado a los campesinos.
27. No existe un compromiso de las FARC de reparar económicamente los daños que durante décadas le ocasionó a decenas de miles de familias campesinas por desplazarlas de sus tierras, extorsionarlas y secuestrarlas.
II. PARTICIPACION POLITICA
28. Colombia es una democracia, amplia, pluralista y participativa. Sin embargo, el acuerdo parte de la base de que en Colombia la democracia es estrecha, no es pluralista, y no hay garantías para la participación y la inclusión política. Concesión inadmisible al terrorismo.
29. El gobierno sigue haciendo concesiones al terrorismo al aceptar en los acuerdo el término “dejación de armas” y no exigir su entrega a la firma de los acuerdos.
30. En Colombia existen condiciones suficientes para la conformación de nuevos partidos y movimientos políticos. Los terroristas desmovilizados que no sean condenados por crímenes atroces, deben someterse a las condiciones de la democracia.
31. Los terroristas que han asesinado, secuestrado, desterrado y amenazado a decenas de miles de activistas de los partidos políticos de la democracia, piden “respeto por el opositor político”. Cinismo sin límites.
32. Una revisión integral del régimen electoral debe hacerse con los partidos de la democracia y no con terroristas armados que asesinan y secuestran colombianos.
33. El estatuto de la oposición está en mora de ser acordado por los partidos democráticos en Colombia, y no se debe esperar hasta la firma del acuerdo de paz con el terrorismo, como lo establece el acuerdo.
34. El terrorismo pide “prevenir la violencia contra quienes ejercen la política” al mismo tiempo que asesina, destierra y amenaza a quienes denuncian su barbarie. El Gobierno debe exigir el cese de la violencia para seguir dialogando.
35. Con el pretexto de aumentar la participación comunitaria en las decisiones gubernamentales, de hecho se hacen universales las consultas previas cuyo abuso ha paralizado el desarrollo del país en muchos sectores.
36. Los terroristas piden elevar el costo de los delitos contra quienes ejercen la política, al mismo tiempo que exigen completa impunidad para sus miles de crímenes contra miembros de partidos democráticos en Colombia.
37. El acuerdo no contiene ninguna condena a” la combinación de todas las formas de lucha”, estrategia que han practicado los terroristas durante décadas y que ha producido centenares de miles de víctimas en el país.
38. La insistencia del acuerdo en la “no estigmatización” busca impedir que el terrorismo se llame por su nombre : terrorismo.
39. En el acuerdo los terroristas no se comprometen a nada, pero exigen la conformación en el nivel local, regional y nacional, de veedurías, observatorios y sistemas de rendición de cuentas de los compromisos gubernamentales. El ventajismo del terrorismo encuentra campo abonado en el entreguismo del gobierno.
40. El acuerdo establece la eliminación de un umbral mínimo de votación en las elecciones de corporaciones públicas como requisito para que los partidos obtengan y conserven la personería jurídica. Esto es un retroceso inaceptable que lleva a la atomización de los partidos y al debilitamiento de la democracia.
41. La reforma al sistema electoral debe ser obra de los partidos democráticos y no es aceptable esperar a la firma de un acuerdo con los terroristas para hacer ” los ajustes normativos e institucionales que sean necesarios”.
42. El gobierno guarda en secreto cuántas Circunscripciones Especiales de Paz le está ofreciendo a los terroristas, en cuáles sitios del país, con cuántos representantes a la Cámara, y durante cuántos períodos electorales.
43. El acuerdo señala que los partidos democráticos con representación en el Congreso de la República no podrán inscribir candidatos en esas Circunscripciones Especiales. Esto es entregarles las regiones al terrorismo, atenta contra la integridad territorial de la nación, vulnera la democracia y es inaceptable.
III. DROGAS ILICITAS
44. En el acuerdo el gobierno no obligó a las FARC a reconocer lo que todo el mundo sabe : que son narcotraficantes y que han financiado su violencia contra el pueblo colombiano con los recursos del narcotráfico.
45. Como con la complicidad del gobierno las FARC no se reconocen como narcotraficantes, en el acuerdo no asumen ninguna responsabilidad en el desmonte de este negocio ilícito. Todos los compromisos específicos para ello son asumidos exclusivamente por el Estado. Otra concesión que abre la puerta a la continuación de los terroristas en el narcotráfico.
46. En el acuerdo las FARC no se comprometen a destruir sus cultivos de coca ni sus laboratorios de fabricación de cocaína; tampoco se obligan a entregar la rutas de salida de la droga, ni a entregar sus bienes y recursos derivados del narcotráfico.
47. En el colmo del cinismo de las FARC, y de la complacencia gubernamental, el acuerdo llama a intensificar “la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico”. Los colombianos y el mundo saben que la más grande organización criminal dedicada al narcotráfico son las FARC.
48. El gobierno entregó su soberanía en la lucha contra el narcotráfico al hacerla depender de la ejecución previa de los compromisos de la llamada Reforma Rural Integral y de la sustitución voluntaria de los cultivos de coca.
49. La erradicación de los cultivos de coca queda subordinada al principio de la erradicación voluntaria y concertada. Para que esta ocurra el Estado debe haber garantizado previamente al campesino “condiciones para una vida digna”. Al asumir demagógicamente este compromiso, el Estado renuncia a la aspersión de los cultivos y legaliza la siembra de coca.
50. El acuerdo contempla la extinción de la sanción penal contra los cultivadores de coca , esto será un incentivo adicional que multiplicará los cultivos de coca en el país y en consecuencia hará aumentar el narcotráfico.
51. Las organizaciones comunitarias, - penetradas, manipuladas y sojuzgadas por los terroristas que aún no habrán hecho “dejación “ de sus armas-, serán la base de las decisiones de los planes para la erradicación de los cultivos de coca.
52. Como las FARC no se comprometen a entregar sus bienes derivados del narcotráfico, el cumplimiento de este acuerdo será la más grande operación de lavado de activos de la historia colombiana.
53. Se acepta que en el Fondo de Tierras para repartir se incluyan áreas dedicadas actualmente a la reserva forestal, que serían sustraídas de ese noble fin para destinarlas a la reforma agraria.
54. Los beneficiarios de la adjudicación de tierras serán escogidos por “la comunidad” (un eufemismo para encubrir los numerosos aparatos que tienen constituidos las FARC en todas sus zonas de influencia) misma, claro está. Con una condición que no es inocente: en este caso de reparto de tierras, como en el de programas de desarrollo y fomento, se priorizará, colocando en primer lugar las “zonas de conflicto”, que son las mismas que habitan las FARC, las mismas de las zonas de reserva campesina (ZRC), las mismas cocaleras.
55. Concesión inaceptable al terrorismo. El acuerdo señala que en virtud de lo que se pacte, Colombia transitará “a un escenario en el que impere la democracia”. Esto es, en Colombia no impera la democracia y no imperará hasta que no se cumplan los acuerdos. En su lógica perversa el problema no son los daños que las organizaciones terroristas le provocan a la institucionalidad, sino las limitaciones y trabas de nuestro Estado para la participación política de las organizaciones y movimientos contestatarios, lo que ha explicado su enfrentamiento violento con el establecimiento.
56. En el tema de la violencia, a fin de eximir a las FARC de su responsabilidad histórica en su gestación y prolongación, el documento señala que los acuerdos de La Habana conducirán a “la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todos los colombianos”. ¿Cuándo la violencia ha sido el método de acción política de “todos los colombianos” y no de unas minorías alucinadas? ¿Y por qué “dejación” de las armas y no entrega de las mismas? ¿Y “dejación de las armas” por parte de quién? ¿Por qué no se alude a las FARC?
57. El gobierno aceptó que una organización terrorista se transforme en partido político, sin haberse desarmado ni desmovilizado. Un partido así, con brazo armado, sería una afrenta para la democracia.
58. Se acordó dotar esas nuevas colectividades políticas de medios de comunicación que ningún partido tiene en Colombia: “espacios en las emisoras y canales institucionales y regionales”, financiación de “la producción y divulgación de contenidos”, abrir “nuevas convocatorias para la adjudicación de radio comunitaria, con énfasis en las zonas más afectadas por el conflicto”, y “habilitar un canal institucional de televisión” para ellos.
59. Con las “circunscripciones especiales” a la Cámara se concede una gabela inconcebible. Los partidos de los alzados en armas podrán presentarlas a la vez en ellas y en los departamentos respectivos; y los electores de esas zonas podrán votar en las dos circunscripciones. Eso viola además el precepto universal de una persona, un voto.
60. Gravísimo. La mayor parte de este borrador –firmado en mayo- es una copia vulgar de dos documentos de las FARC, publicados varios meses antes del acuerdo sobre este punto. Uno sobre sustitución de cultivos ilícitos del 14 de enero (http://www.pazfarc-ep.org/index.php/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/1640-programa-nacional-de-sustitucion-de-los-usos-ilicitos-de-los-cultivos-de-hoja-de-coca-amapola-o-marihuana.html), y el otro sobre el tema del consumo de drogas del 24 de febrero (http://colombiasoberanalavozdelosoprimidos.blogspot.com/2014/02/tratamiento-del-consumo-de-drogas.html). Las coincidencias no son casuales ni menores. Es alarmante.
61. El narcotráfico nunca fue política del Estado, ni de los gremios empresariales, ni de los partidos, para involucrarse y financiarse de ese negocio, y mal que bien los individuos han tenido sanción judicial cuando han sido descubiertos. En cambio vincularse a fondo en el narcotráfico sí ha sido una decisión de la dirección de la guerrilla (como la utilización del secuestro, la extorsión, etc.), cumplida por décadas por todas sus cuadrillas, y no meros hechos excepcionales de algunos de sus miembros. Eso lo oculta el borrador.
62. Se exculpa por tanto a las FARC por haberse convertido en narcotraficantes para financiarse, con la expresión engañosa de que “el cultivo, la producción y la comercialización de las drogas ilícitas también han atravesado, alimentado y financiado el conflicto interno”. ¿Entonces ha financiado también a las fuerzas militares y al Estado, que en la concepción de las FARC y de Santos, son partes del “conflicto interno”?
63. Con esa misma lógica el documento insiste varias veces en la necesidad de esclarecer “la relación entre paramilitarismo y el narcotráfico”, como parte de ese fenómeno, pero en ninguna parte se advierte la necesidad de estudiar y revelar la conexión entre la guerrilla y el narcotráfico. Concesión vergonzosa del gobierno.
64. Está previsto que las FARC participen en todo el andamiaje de entidades y proyectos destinados a la erradicación y sustitución de cultivos, al mismo nivel que las “comunidades” y el Estado. Sin tener que entregar los bienes y dineros acumulados en el narcotráfico, entregar rutas y laboratorios, etc. Inaudito.
65. Las FARC logra introducir en el acuerdo que las relaciones que “hubiesen” tenido con el narcotráfico fueron “en función de la rebelión”. Por ende el gobierno acepta que la vinculación de las Farc con el negocio del narcotráfico puede considerarse un delito “conexo” con el de “rebelión”, es decir con el “delito político”, o que puede “subsumirse” en éste, y por tanto ser objeto de indultos o amnistías.Esto es coincidente con lo que contempla el Marco Jurídico para la Paz, que no lo excluye de los delitos que pueden considerarse “conexos” con la “rebelión”.
66. En consecuencia, el acuerdo blindaría a las FARC contra la extradición que, como se sabe, no procede el caso de “delitos políticos” o “conexos”.
67. Desminado. Lo que se convino es un programa de desminado financiado y desarrollado totalmente por el gobierno. Las FARC no reconocen ninguna responsabilidad específica en el problema, y quedan colocadas al mismo nivel que la contraparte en su adelantamiento, pues este “es un propósito mancomunado al que contribuirán Gobierno y FARC-EP por diferentes medios y en lo que corresponda a cada cual, incluyendo el suministro de información”. Desde hace años las fuerzas militares de Colombia no usan esas minas, y retiraron todas las que habían colocado en el territorio nacional. ¿Entonces cómo es que la “información” al respecto debe ser proporcionada según “corresponda a cada cual”? Otra manera de exculpar a las FARC, que en este acuerdo son las únicas que tienen inundados de minas antipersonas vastas zonas del país.
68. Legalización. El acuerdo termina con la convocatoria de una conferencia internacional sobre el tema de las drogas ilícitas. Su propósito es, sin duda, avanzar en la estrategia de legalización de las drogas, que comparten las FARC y el gobierno de Santos, como lo han expresado en distintos escenarios. Con la carnada de “reflexionar”, “hacer una evaluación objetiva de la lucha contra las drogas” (que los dos afirman que ha fracasado), y “avanzar en la construcción de consensos en torno a los ajustes que sea necesario emprender”, teniendo en cuenta “los nuevo desarrollos internacionales en la materia”, se esconde la propuesta inequívoca de legalización. Lo demás son palabras necias para tratar de engañar incautos.